Cuánta falta hacía el decreto de Trump sobre el cambio climático

Como lo prometió en campaña, el presidente Donald Trump ha decretado mediante orden ejecutiva de “independencia energética” la eliminación de varias regulaciones del gobierno de Obama sobre el cambio climático.

Para beneficio de todos los estadounidenses que desean energía asequible y confiable, la orden ejecutiva ayudará a las empresas de energía a establecer algo de independencia frente a burócratas con demasiado celo regulador.

El decreto logra lo siguiente:

Ordena a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) revisar y revocar, o revisar, el Plan de Energía Limpia

El Plan de Energía Limpia es la columna vertebral de la agenda climática del presidente Barack Obama, que exige a los estados que transformen su mezcla de electricidad lejos de los combustibles convencionales y hacia las energías renovables.

El plan aumentará los costos de energía que todos los americanos tendrán que pagar, especialmente las familias de bajos ingresos que gastan una mayor porción de su presupuesto en costos de energía. Sin embargo, los beneficios climáticos serían prácticamente indetectables, mitigando apenas unos centésimos de un grado Celsius de calentamiento para el año 2100.

Incluso los proponentes de iniciativas sobre el cambio climático criticaron la regulación de Obama. El climatólogo James Hansen calificó el Plan de Energía Limpia de “prácticamente inútil”.

Elimina el uso del “costo social del carbono”

En su presidencia, Obama creó un grupo de trabajo interinstitucional encargado de calcular el costo de las emisiones de dióxido de carbono para la economía de Estados Unidos en su conjunto.

Esta cifra, llamada “costo social del carbono”, es una cantidad en dólares que las agencias federales aplican a diferentes regulaciones para calcular el “beneficio climático” por la disminución de las emisiones de dióxido de carbono. En 2015, se dijo que el costo social del carbono era de $36 por tonelada.

El problema es que la matemática detrás de estos modelos es completamente fraudulenta. Es esencialmente una falsa autoridad que el gobierno de Obama estableció para justificar su dura agenda reguladora.

El grupo de trabajo, dirigido por la EPA, utilizó tres modelos estadísticos para estimar el valor del costo social del carbono, que se define como el daño económico que una tonelada de dióxido de carbono emitida hoy causará en los próximos 300 años.

En términos de evaluar con precisión el costo social del carbono, la EPA bien podría haber sacado de un sombrero cualquier cifra. Los modelos producen resultados muy dispares cuando se realizan cambios razonables a datos clave como cambiar la tasa de descuento o la sensibilidad climática.

Por ejemplo, cuando se cambia de una tasa de descuento del 3% al 5%, los $20,000 millones de la EPA en beneficios climáticos que proyecta la regulación del Plan de Energía Limpia disminuyen a $6,400 millones de dólares -menos que la proyección notoriamente baja de EPA de $8,400 millones en costos de cumplimiento.

Los resultados son tan diferentes que en algunos casos, el costo social se vuelve negativo, lo que indica que en realidad hay un beneficio social al emitir dióxido de carbono.

Además, los modelos comienzan a perder credibilidad cuando comienzan a predecir sólo en décadas futuras. Eso le pasa justamente a estos modelos en su intento de predecir costos climáticos que se atribuyen a siglos en el futuro.

Por tanto, estos modelos son herramientas sin fundamento para el análisis regulador y la eliminación del uso del “costo social del carbono” es un paso firme de la administración Trump para proporcionar seguridad y cordura al régimen regulador.

Rescinde la moratoria sobre nuevos arrendamientos carboníferos y las emisiones de metano de las operaciones de petróleo y gas en tierras federales

Con la administración Obama, el Departamento del Interior no emitía nuevos contratos de arrendamiento para minas de carbón en tierras federales hasta que la agencia llevaba a cabo una revisión ambiental más exhaustiva que incluía los efectos estimados que tendría el arrendamiento sobre el calentamiento global.

A pesar de que el impacto global de estos contratos de arrendamiento sobre el clima sería mínimo, la regulación era símbolo de cómo la administración Obama veía al carbón: “Derrota por retraso” y “Que se quede en el subsuelo”.

Rescindir esta regulación mantiene la promesa de la campaña de Trump de dar a las comunidades carboníferas una oportunidad de éxito. Las regulaciones al metano sólo subieron el precio de la costosa política climática de Obama sin hacer nada para mitigar el calentamiento global.

Deroga las guías de orientación de las agencias que toman en cuenta el calentamiento global al realizar revisiones de la Ley de Política Ambiental Nacional

La Ley de Política Ambiental Nacional requiere que las agencias federales lleven a cabo evaluaciones completas del medioambiente para una amplia gama de proyectos, incluyendo licencias de infraestructura.

El Consejo sobre la Calidad Medioambiental de Obama agregó pasos que las agencias tenían que cumplir al realizar declaraciones de impacto medioambiental, burocratizando aún más un proceso de por sí ya engorroso.

El Consejo de Calidad Medioambiental emitió una guía final sobre cómo las agencias tenían que considerar los impactos del calentamiento global en sus revisiones, por insignificantes que fueran.

En lugar de proteger el medioambiente, el estatuto de la Ley Nacional de Política Ambiental, con 50 años ya en su haber, ha evolucionado para servir más como una herramienta para retrasar y obstruir proyectos impopulares con grupos de intereses especiales o con políticos partidistas que ignoran la lógica científica y técnica.

Para proyectos de carreteras, el tiempo medio para completar una declaración de impacto ambiental aumentó de 2,2 años en la década de 1970 a 8,1 años en 2011. Actualmente, 148 proyectos de energía y tránsito están siendo revisados a un costo estimado de casi $230,000 millones.

La Ley de Política Ambiental Nacional necesita enormes reformas o una derogación absoluta. Derogar la guía del cambio climático es un paso en la dirección correcta.

Deshacer las regulaciones climáticas de Obama no es sólo ahorrar dinero para las industrias. Tiene que ver con los costos en los que hace incurrir y los escasos beneficios obtenidos por la regulación de la era Obama.

Esta regulación, incluso aunque se combine con los recortes de dióxido de carbono en el resto del mundo desarrollado, no consiguen mucho resultado en favor del clima. Es simplemente mala política, tanto para el medioambiente como para la economía.

 

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