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Chile: Recentralizando la educación fiscal

A poco de que termine en Chile el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet, la oposición política y el gobierno han llegado a un acuerdo para hacer realidad la ley de nueva educación pública, iniciativa más conocida como desmunicipalización. Se trata de la tercera gran reforma al sector escolar impulsada por Bachelet y sus adeptos. La primera se enfocó en reorganizar el funcionamiento de las escuelas que reciben subsidios del Estado; la segunda en el código laboral de los docentes.

A grandes rasgos la propuesta de nueva educación pública, tal como su nombre lo indica, se limita a la creación de un nuevo andamiaje que sustente a las escuelas fiscales, desatendiendo la calidad del servicio educacional ofrecido. Así, el objetivo del gobierno, al presentar este proyecto es sencillamente sacar la educación de la esfera de acción de los municipios —los actuales administradores de la educación fiscal— y traspasarla al nivel central de la administración del Estado.

Cabe señalar que el hecho al cual responde que la educación fiscal se encuentre administrada en la actualidad por los municipios, se debe a una serie de políticas modernizadoras y de descentralización iniciadas en Chile luego del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende por parte de las Fuerzas Armadas mandatadas por la ciudadanía. En vista y considerando aquello, es fácil comprender que esta reforma al mejor sistema escolar de Sudamérica es una de las que más se encuentra alineada con premisas ideológicas, anteponiendo los propios prejuicios a todos los antecedentes que señalan que es la profundización de la descentralización el camino para posicionar a las escuelas chilenas entre las mejores del mundo.

El planteamiento inicial de la propuesta de Bachelet muestra un guiño a la descentralización proponiendo una red de administradores locales de las unidades académicas, no obstante, al comenzar a revisar el texto legal prontamente se advierte su núcleo centralizador. Lo que hace el proyecto es forjar una re-centralización, el retorno de una extinta política de administración de las escuelas a manos de una entidad central, la cual supuestamente velará por el devenir cotidiano de las escuelas. El organismo propuesta para dicha labor es la Dirección de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, alejando la toma de decisiones de las escuelas y entregándoselas al burócrata de turno.

El sistema propuesto representa un quiebre de una particularidad apreciada de manera extendida por gobiernos anteriores, la cual se refiere a lo necesario de la gestión local de la educación. Ejemplo de esto lo entrega el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, quien a poco de asumir su mandato el año 2000, explicaba lo relevante de traspasarles competencias, funciones y atribuciones a los municipios con la finalidad de desconcentrar y descentralizar la gestión escolar que realizan.

La idea predominante en la administración pública chilena de que quien gestione se encuentre cercano a sus usuarios, dado a que aquello accede identificar de mejor manera las eventuales necesidades y por cierto implementar medidas expeditas con la intención de satisfacerlas, es algo que persiste en muchos ámbitos, esto se puede apreciar entre otras cosas, en las políticas de creación de regiones, siendo la última en verificarse recién en el mes de julio pasado, sin embargo, en lo que a educación se refiere, es algo que ya no es válido.

Sería poco honesto desconocer que existen municipios que no han podido entregar un servicio de educación escolar de calidad, pero aquello en caso alguno significa desconocer la importancia de la gestión local y mucho menos renunciar a ella. Lo que corresponde realizar es apoyar la profesionalización, facilitar herramientas y suprimir problemáticas de fondo respecto a la institucionalidad.

El rumbo que ha tomado el gobierno de Bachelet no solo es malo porque obvia la evidencia, sino porque también comete otro gran perjuicio, a saber, eliminar la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Los nuevos administradores de las escuelas ya no tendrán que responder de sus actos ente las familias o los alumnos, sino que ahora lo deberán hacer ante el gobierno central, donde priman intereses políticos, doctrinarios e ideológicos, los cuales desconocen la principal aspiración de docentes, familias y alumnos, a saber, mejorar el desempeño del sistema escolar chileno.

 

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