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Las leyes de inmigración de México: La historia no contada

Las críticas acerca de las leyes de inmigración de Estados Unidos abundan. Sus detractores afirman que son injustas e inmorales.

Y aunque estas críticas pueden ser feroces – particularmente en el caso de la ley “Apoye nuestras fuerzas de orden público y los vecindarios seguros”, más conocida como la ley de Arizona SB 1070 – la gente raramente se percata de las mucho más duras leyes de inmigración de México.

Al aprobarse la ley SB 1070, los críticos la atacaron con el argumento del perfilado racial.

Entre los opositores estaba el lobby de las fronteras abiertas, incluyendo el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal (MALDEF), otros grupos progresistas de intereses especiales, el presidente Obama y el procurador general de la República, Eric Holder. Además de los críticos domésticos , la ley encontró de enemigo al presidente mexicano Felipe Calderón. Fue famoso el sermoneo que le metió a nuestro país en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos en 2010, declarando que la ley “no hace caso de una realidad que no se puede borrar por decreto” y “que introduce la idea terrible del perfilado racial como base para la aplicación de la ley”, dijo él despertando las aclamaciones de algunos en la Cámara.

El discurso y las afirmaciones de Calderón recibieron considerable atención de los medios, particularmente de unos medios hispanos ampliamente receptivos. Pero mucho menos escrutinio recibió la forma cómo el presidente Calderón y su país, México, se ocupan de la inmigración ilegal. Tras una revisión más cercana, la ley SB 1070 parece una amnistía comparada con la ley mexicana.

La Biblioteca Legal del Congreso lanzó un informe en abril de 2006 titulado: Sanciones y aplicaciones de las leyes inmigratorias en países extranjeros seleccionados: Brasil, Egipto, Japón, México, Suecia, y Suiza. El informe indicaba cómo la ley mexicana considera que la entrada ilegal es un crimen federal que se penaliza con el encarcelamiento de hasta dos años, una multa de entre 300 a 5,000 pesos mexicanos y la deportación”. Los que repiten el delito reciben sanciones incluso más duras como encarcelamiento por diez años, una multa de hasta 5,000 pesos y la deportación.

Aunque México reformó recientemente su Ley General de Población en enero de 2011, nuestros vecinos del Sur continúan con su política de multas que mantienen en el nivel actual de 5,000 pesos ($418.10) para los que no cumplan las órdenes de deportación (Capítulo 8, Artículo 117).

Entre los otros resultados de la Biblioteca del Congreso, la Policía mexicana, a través de su “brazo armado”, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) – el equvalente a nuestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) – puede llevar a cabo lo siguiente: (Capítulo 10, Artículo 151)

Por último, a las autoridades del país, sea federal, local o municipal, a las notarías públicas y a los corredores de bolsa se les exige que demuestren el estatus legal  de los extranjeros en el país con los que hacen negocios” y los inmigrantes ilegales que desean casarse con ciudadanos mexicanos, deben sacar un permiso de la Secretaría de Interior”.

En cambio, miremos la mucho menos complicada legislación de Arizona que cuenta con tan sólo 17 páginas y que causó tanto escándalo el año pasado, a pesar de que, claro está, muchos de los críticos más feroces no se tomaron la molestia de leérsela.

Los agentes de la ley pueden comprobar el estatus migratorio de la persona sólo sí es detenida legalmente o arrestada por contravenir “cualquier otra ley u ordenanza de un condado, ciudad o pueblo o del estado [de Arizona]”. Y pueden comprobar el estatus migratorio sólo si tienen “sospechas razonables” de que la persona sea extranjera y esté ilegalmente en Estados Unidos.

Además, la ley de Arizona prohíbe específicamente el perfilado racial – raza y etnia no pueden ser tomadas en consideración por los agentes de la ley. La ley de Arizona también indica que:

En otras palabras, la ley simplemente dice que es un crimen estatal el estar en Arizona ilegalmente y requiere que los agentes de la ley comprueben el estatus jurídico de los detenidos o arrestados por otras razones, pero solamente si hay sospechas razonables de que están ilegalmente en Estados Unidos.

La ley define específicamente a quién se considera un inmigrante ilegal. La persona en cuestión debe cumplir dos criterios: Estar presente en “cualquier tierra pública o privada en el estado” y estar en violación del Título 8 del Código de Estados Unidos §§ 1304(e) ó 1306(a).  Si se arresta a una persona en violación de esta nueva ley, ésta no será elegible para la “suspensión o conmutación de la sentencia” y, junto a tener que enfrentarse a penas por haber contravenido cualquier otra ley, deberá pagar al menos una multa de 500 dólares si es su primera violación de la ley y el doble si es su primera condena.

Mientras que nuestro país trata de que se cumpla la ley promulgando leyes migratorias sensatas, vale la pena recordar cómo otros países están enfrentando sus problemas de seguridad nacional, económicos, políticos y sociales que vienen con la inmigración ilegal. Con casi un 60% de inmigrantes ilegales viniendo desde México, es particularmente provechoso recordar que nuestro vecino del Sur se está ocupando de su inmigración ilegal de una manera mucho más dura que Estados Unidos – todo un hecho que ilustra la hipocresía de las críticas de Calderón contra la ley de Arizona.

 

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