¿Regular la educación?

En toda economía de mercado, el aspecto más deseado es el aprovechar al máximo los factores productivos. Y en este escenario, contrariamente a lo que se podría pensar, el Estado tienen un rol preponderante. No son pocas las tareas que debe cumplir tanto en el nivel macro como microeconómico. En este último aspecto, su responsabilidad gravita en que no siempre el mercado asignará de manera satisfactoria sus recursos, dado aquello es que el Estado debe empezar a funcionar, buscando contribuir a solucionar las denominadas fallas del mercado. Principio de gran aceptación en el mundo económico, por ejemplo, F.A. Hayek en su libro La fatal arrogancia señala que siempre se debe estar dispuesto a adoptar las medidas que sea a fin de garantizar la competencia en los mercados.

Teniendo presente las últimas reformas impulsadas por el gobierno socialista de Michelle Bachelet en el sector de la educación escolar chilena, fácilmente se puede advertir  que no vienen a salvar alguna falla en el mercado, sino que por el contrario, vienen a provocarlas. Por ejemplo, la Ley N° 20.845 deja al arbitrio del burócrata de turno la posibilidad de que privados creen nuevas escuelas. Lo anterior es una clara barrera de entrada, la cual afecta la libre competencia y distorsiona el sano funcionamiento del mercado escolar. Si bien la medida impuesta es justificada por la coalición gobernante con la excusa de hacer más eficiente el uso de los recursos, la verdad, como nos señala E.G. West en su libro La educación y el Estado, es que este tipo de políticas tienen como intención proteger a las escuelas administradas por el Estado. Esta situación cobra absoluta credibilidad si se considera que en los últimos años las familias chilenas han preferido abiertamente las escuelas administradas por privados.

Respecto a este punto el mismo Hayek es tajante al anotar en su libro Camino de servidumbre que a fin de lograr un buen funcionamiento de los mercados resulta esencial que exista libre acceso a ellos, teniendo todos los actores los mismos términos y que no se tolere que se restrinja la participación de persona o grupo alguno bajo el motivo que sea.

Paradójicamente, en el sistema escolar chileno hay una evidente falla de mercado en lo que a información se refiere. Aquí los gobiernos de centroizquierda sostenidamente se han negado a solucionar la situación. Hecho de particular relevancia, dado que la información comparte algunos aspectos de los bienes públicos, los cuales son dables de ser proveídos por el Estado.

Solucionar las fallas del mercado y generar buena competencia resulta de gran importancia. No es sano que el Estado deba estar interviniendo permanentemente, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado también falla. Las intervenciones del Estado en el mercado deben ser una excepción y no una regla general. Por lo demás, el Estado no es una entidad benevolente que al desplegar sus fuerzas permite que sea realidad el bienestar de todos. Tanto a nivel teórico como empírico se ha demostrado que, al igual que existen fallas en el mercado, también las hay en el Estado.

Si en el mercado escolar chileno se presenta una falla en la asignación de recursos, lo que corresponde hacer es evaluar los costos y beneficios de introducir regulación estatal. Si se concluye que existe un beneficio, la regulación debe ser diseñada e implementada de manera que no interfiera negativamente, lo cual ocurrirá siempre y cuando su objetivo sea el de reproducir un mercado en perfecta competencia, permitiendo libertad en la administración de las escuelas, soslayando cualquier impedimento a la entrada y salida de los proyectos educativos y posibilitando la libre elección de las familias.

Junto a lo anterior se deben establecer normas administrativas y leyes que contribuyan a la certeza jurídica y que den testimonio del Estado de Derecho, que eviten cualquier discriminación en el trato hacia las escuelas y que garanticen una propiedad plural.

 

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