Terrorismo en la Argentina: El caso AMIA

 

Últimamente, la República Islámica de Irán ha estado en las noticias por haber derribado un drone estadounidense, atacado gasoductos de Arabia Saudita y barcos en las costas de Emiratos Árabes Unidos, lanzado un misil contra la zona diplomática en Bagdad por medio de sus proxies, obstruido la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz, amenazado a Londres tras la captura in flagranti delicto de un buque iraní en aguas próximas al Peñón de Gibraltar; y, especialmente, por haber anunciado su ruptura del pacto nuclear de 2015.

Si bien las tensiones recientes entre Irán y una parte de la comunidad internacional han alcanzado un pico alto, lejos están de ser novedosas. Teherán lleva en guerra con naciones árabes sunitas y países occidentales desde hace 40 años. Desde la revolución jomeinista, americanos, europeos, israelíes, árabes y otros han padecido la violencia iraní.

Los argentinos también hemos sufrido las consecuencias violentas de la exportación de la revolución iraní: con la voladura de la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y con el atentado contra la sede de la comunidad judía AMIA, dos años después en la misma ciudad. Estos ataques supusieron, en su momento y respectivamente, la primera ofensiva islamista en el Hemisferio Occidental y el más grande ataque antisemita fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.

25 años

Hoy, 18 de julio, el pueblo argentino conmemora el 25º aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Esta nueva fecha-aniversario se verá ensombrecida por las vicisitudes de un año electoral con gran protagonismo, en la principal fórmula opositora, de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Cabe recordar que cuando presidía la nación, Kirchner firmó un Memorando de Entendimiento con el Irán de Mahmud Ahmadineyad con el fin de exculpar a los perpetradores iraníes y normalizar la relación bilateral entre Buenos Aires y Teherán. Durante su Gobierno, alió a la Argentina con los populismos de izquierda de la región, como la Cuba de los hermanos Castro, la Venezuela de Hugo Chávez, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Rafael Correa y el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Kirchner vio que todos estos líderes abrieron las puertas de sus naciones a Irán y lamentó que la causa AMIA fuera un escollo para una más plena comunión política con el régimen de los ayatolás. En el año 2013 decidió enlistar a la Argentina entre los aliados latinoamericanos de Irán.

Dos años después, el principal fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusó a Kirchner y a otros funcionarios argentinos de traicionar a la patria al haber conspirado con oficiales iraníes para encubrir la participación iraní en el atentado de 1994. Unos pocos días más tarde, Nisman apareció muerto, con un tiro en la sien, en el baño de su casa.

De la causa judicial original para investigar el atentado a la AMIA han brotado otras tres: una por encubrimiento, que recayó sobre políticos, jueces, fiscales, policías y hasta líderes de la comunidad judía en tiempos del presidente Carlos Menem; otra derivada de la denuncia contra Cristina Kirchner y sus asociados por parte del fiscal Nisman, y una tercera relativa al asesinato del fiscal. Todas aguardan su completo esclarecimiento. Con el cambio de Gobierno, la Justicia declaró inconstitucional el memorando; las alertas rojas de Interpol siguen vigentes.

Juicio en ausencia

Un cuarto de siglo después de aquella agresión espeluznante, muchos argentinos han perdido la esperanza de poder juzgar a los asesinos, protegidos por Irán y Hizbolá. Otros pujan por la noción del juicio en ausencia, amparándose en precedentes como el de Erich Priebke, juzgado de tal forma en Italia, y luego extraditado desde la Argentina, por su responsabilidad en la masacre de las Fosas Ardeatinas, en la que 355 personas fueron asesinadas.

Pueden citarse otros ejemplos, que varían significativamente en contexto histórico, solidez del sistema legal involucrado y mérito del caso, entre otros factores. A efectos meramente ilustrativos, puede recordarse el episodio del rey Carlos I de Inglaterra, llevado ante una corte en 1649. Retirado de la misma debido a sus protestas, el juicio prosiguió en su ausencia y dos días después fue condenado a muerte por decapitación. El secretario privado de Hitler, Martin Bormann, fue juzgado en ausencia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y condenado a muerte por ahorcamiento en los juicios de Núremberg (1946). Adem Jashari, líder del Ejército de Liberación de Kosovo, fue juzgado en ausencia por cargos de terrorismo por un tribunal yugoslavo después de varios intentos fallidos de captura (1997). En su país, el ex primer ministro italiano Bettino Craxi fue condenado en ausencia a 27 años de cárcel tras su fuga a Túnez (1994), donde fue protegido por el régimen de Ben Ali. El propio presidente Zine el Abidine ben Ali, luego de huir de Túnez en el marco de las revueltas árabes de 2011, fue juzgado en ausencia –así como su esposa– y condenado a 35 años de cárcel.

Al aplicar este concepto jurídico a la Argentina, puede alegarse que, en teoría, la idea puede ser buena. Que podría brindar justicia a las víctimas y un cierre emocional a sus familiares, quizás incluso a la nación entera. En la práctica, sin embargo, y como ha quedado de especialmente de manifiesto en la causa AMIA, precisamente, la Justicia argentina ha dado muestras de tal contaminación política que es razonable para los escépticos sospechar que no siempre prevalecerá la pulcritud jurídica en un juicio de tan alto voltaje político global como éste. El debate ha resurgido y el aniversario número 25 lo ha potenciado.

Hizbolá: ¿partido político o grupo terrorista?

También emergió como posibilidad factible que el Estado argentino designe finalmente a Hizbolá organización terrorista. Claramente, es una de las organizaciones terroristas más importantes del mundo, y ha construido exitosamente una red de terror que se ha extendido desde el Medio Oriente hasta Latinoamérica. Su larga lista de acciones incluye atentados suicidas, secuestros de aviones, asesinatos políticos, contrabando de armas y el lanzamiento de cohetes contra civiles. Tiene el cuestionable honor de ser el primer grupo terrorista de la historia moderna en perpetrar un atentado suicida. Fue en 1983, apenas un año después de su nacimiento, cuando atacó la embajada de Estados Unidos en Beirut y unos barracones de soldados americanos y franceses apostados en dicha ciudad: casi trescientos militares extranjeros y seis civiles libaneses perdieron la vida en esos ataques. Hasta el 11 de septiembre de 2001, Hizbolá había matado más americanos que cualquier otra organización terrorista.

En su confrontación militar con Israel en 2006, Hizbolá usó al pueblo libanés como escudo humano, y ocultó armas y combatientes en hogares, escuelas, hospitales y mezquitas. A la vez, atacó localidades del norte de Israel con alrededor de 4,000 cohetes, que ocasionaron la muerte a 44 civiles. En 2012, en Bulgaria, atacó a turistas israelíes, matando a seis e hiriendo a más de treinta.

También ha recurrido a los asesinatos políticos. En febrero de 2005, el primer ministro libanés Rafik Hariri fue asesinado junto a otras personas cuando se detonaron mil kilogramos de explosivos cerca de su automóvil en Beirut. El Tribunal Especial para el Líbano (corte internacional asentada en Holanda) consideró a Hizbolá responsable del crimen. Previamente, se atribuyó a esta milicia chií los asesinatos del académico americano Malcolm H. Kerr (1984), el agregado militar francés en el Líbano Christian Gouttière (1986) y el político libanés Pierre Amín Guemayel (2006), entre otros.

Además, Hizbolá comanda operaciones criminales prominentes. Se ha detenido a agentes suyos en el Caribe, América Central y América del Sur. Recientemente, el Clan Barakat, conectado a Hizbolá, fue desarmado en la Triple Frontera, acusado de estar involucrado en el negocio de las drogas, el tráfico de armas, el contrabando de mercancías, la falsificación de moneda y documentos, la extorsión, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Investigaciones de Estados Unidos han revelado que Hizbolá es un actor importante en el tránsito de drogas y dinero desde América del Sur hacia Europa y Medio Oriente a través de África Occidental.

Quienes se oponen a esta designación alegan que Hizbolá es también un movimiento político con representación en el Parlamento y el gobierno libaneses, nada de lo cual puede justificar o tapar toda su otra gama de acciones terroristas y delictivas o incluso militares: sus combatientes están activos en el teatro de guerra en Siria. El segundo en la jerarquía de Hizbolá, el jeque Naim Qasem, ridiculizó esa distinción arbitraria en 2012: «No tenemos un ala militar y una política; no tenemos a Hizbolá por un lado y al grupo de la resistencia por el otro». Es hora de que nuestro país designe a Hizbolá como lo que es, tal como ya han hecho, de manera parcial o completa, la Liga Árabe, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y otros.

«El 18 de julio cumplo 25 años»

En ocasión de este nuevo aniversario, la AMIA ha producido un original vídeo que contiene testimonios de jóvenes que nacieron el 18 de julio de 1994, día del atentado. Tras presentar sus impresiones acerca del simbolismo de la fecha, concluye con las palabras de una mujer que declara, mirando a la cámara: «El 18 de julio voy a cumplir 25 años. La impunidad también». ¿Se puede agregar algo más?

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