La reciente decisión del juez Vinson es otra dolorosa derrota para la administración en su defensa de Obamacare. Los defensores de la ley de salud habían intentado pintar cualquier reto legal como una “frivolidad”. Cuando un periodista le preguntó a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “¿dónde otorga específicamente la Constitución al Congreso la autoridad para decretar un mandato individual de seguro médico?” Pelosi respondió con incredulidad : ¿Me lo dice en serio?, ¿me lo dice en serio?
A saber, el juez Vinson ofrece una respuesta seria, invalidando no solo el mandato, sino toda la ley. En una opinión de 78 páginas, el juez Vinson disecciona las dos principales declaraciones en disputa en este caso: Si Obamacare viola la cláusula de gasto, especialmente los principios de coerción en el caso South Dakota v. Dole y si el mandato de comprar seguro médico viola la Cláusula de Comercio. En la primera demanda, el juez Vinson estuvo de lado de la administración. En la segunda, ofreció un análisis detallado de la ley como si fuese una disquisición. En vez de ir escogiendo ciertos casos que como hacen los propulsores de Obamacare, el juez usa toda la jurisprudencia relevante y lo hace de forma detallada antes de concluir que el mandato viola la Cláusula de Comercio. Vinson observa correctamente que “marcaría una salida radical de la jurisprudencia existente el afirmar que el Congreso puede regular la inactividad bajo la Cláusula de Comercio”. Y concluye que “el mandato individual y las demás disposiciones están inextricablemente ligadas en la intención [de la ley, por tanto] deben aprobarse o rechazarse como una sola pieza. El mandato individual no se puede escindir [de la ley]”. En consecuencia, invalidó toda la ley. Esta decisión debe de ser importante motivo de preocupación para la administración de Obama al menos por cinco razones.
En primer lugar, por las partes implicadas. Este caso es de una mayoría de los estados, 26 para ser exactos, y la Federación Nacional de Empresas Independientes. Aunque no sea algo totalmente sin precedentes, sí que entra en la categoría de “no sucedido en los últimos tiempos” ya que lo sorprendente es que más de la mitad de los estados llevaran su caso ante una corte federal en nombre propio y de sus ciudadanos para presentar un alegato contra un programa federal inconstitucional. La enorme magnitud de las partes implicadas garantiza que las cortes de apelación presten especial atención a este caso.
En segundo lugar, el caso crea una pésima tendencia para la administración. Estas cortes, que se han tomado el tiempo de desarrollar completamente el expediente del caso y tener más informe y audiencias (Virginia y Florida), han declarado que Obamacare es inconstitucional. Esto es importante porque, contrariamente a lo que la Casa Blanca va diciendo por allí, los litigios no suman en un tanteador y luego se dice que unas las hemos ganado y otras las hemos perdido. Algunos triunfos en las cortes de distrito “pesan” más que otros porque son más indicativos de lo que puede venir después. Aquí, los casos que la administración ha perdido han sido más desarrollados, las partes del litigio son importantes y sofisticadas y están en mejor posición para apelar los casos más superficiales que hayan ganado en etapas preliminares.
En tercer lugar, el caso invalida el conjunto de Obamacare basándose en la inconstitucionalidad del mandato. La administración ha intentado jugar a dos bandas en este asunto, con el presidente y los propulsores clave argumentando lo esencial que es el mandato, mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) sostiene ocasionalmente que el mandato es absolutamente esencial, y ocasionalmente que es escindible de la ley. Si el DOJ realmente quisiera mantener escindible partes de la ley, quizá no debería haber sostenido ante la Corte que, eliminar el mandato mientras se mantienen los requisitos restantes de la ley, “inexorablemente llevaría al mercado [del seguro médico] a la extinción”. Aquellos que falsamente acusarían al juez de excederse en sus límites, deberán reconocer tanto los estándares para que sea escindible que el juez aplicó correctamente como la concesión que condena en ese punto al DOJ por haberla hecho.
El cuarto problema para el DOJ de Obama: La decisión del juez Vinson es meticulosa, bien razonada y será probablemente muy persuasiva a los ojos de los jueces de apelación y fnalmente de los magistrados de la Corte Suprema que revisen el caso. Vinson ha sido prudente, fallando en contra de los estados en el asunto de la cláusula de gasto y a favor en la Cláusula de Comercio. El documento más importante de cualquier apelación es la decisión del juez Vinson y este juez le ha dado a la Corte de apelación mucho material para considerar. Dicho de forma simple, Vinson acaba de hacer el trabajo del DOJ de Obama mucho más difícil.
El quinto problema es que el juez concedió un amparo de mandamiento judicial a las partes y eso incluye a los 26 estados. Como se invalidó toda la ley, los futuros requisitos de Obamacare para ampliar los programas de Medicaid se suspenderán, por lo menos en los 26 estados y estos estados se verán librados de su obligación de planear esa expansión en un futuro inmediato. En un momento en el que muchos estados se enfrentan a la insolvencia, quitarles esta carga es de esas noticias que se reciben con los brazos abiertos. La administración Obama, en vez de ir contra este amparo para los 26 estados, debería hacerlo extensivo a a todos los 50 estados hasta que este caso sea finalmente resuelto.
La versión en inglés de este artículo se publicó en Heritage.org
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