La ministra de Educación –y portavoz del Gobierno de España–, Isabel Celaá, ha indicado que el Ejecutivo no descarta subir los impuestos para mejorar las políticas sociales.
Por supuesto, todos sabíamos que los socialistas querían subir los impuestos. No es que no lo descartaban: es que esa subida era y es siempre su objetivo político. Lo interesante es el argumento: recaudar para mejorar las políticas sociales.
Dirá usted: recaudar para mejorar siempre convendrá más que recaudar para empeorar. Y es verdad, pero los políticos se concentran siempre en las mejoras y casi nunca en las peoras cuando estas son consecuencia inevitable de sus acciones. Aquí también es el caso, porque resulta claro que la ministra Celaá se estaba refiriendo a aumentar el gasto público. De eso se trata cuando se habla de mejorar. Como la subida de impuestos reduce por definición el gasto privado, ahí deberíamos hablar de empeorar. Pero ese asunto los políticos lo eluden, o dejan caer el viejo truco de que sólo van a sufrir «los ricos».
Es evidentemente mentira, porque los niveles de gasto registrados en la actualidad son imposibles de financiar sin asaltar al grueso de la población. Pero dejemos esto de lado y vayamos al objetivo final: aquí el poder se plantea violar los derechos de las mujeres para aumentar el gasto público en políticas sociales.
Cabe preguntarse: ¿y eso qué es? Pues claro que sí, es lo que usted ya se imaginaba, señora: puro humo. Igual que sucede con los llamados «derechos sociales», el adjetivo social significa en última instancia político, y no social. Es decir, se trata de justificaciones, tan pomposas como endebles, para extender la coacción ejecutiva y legislativa sobre las ciudadanas. No hay límite preciso a esa extensión, es decir, no hay en principio freno a la violación de derechos. Eso, en última instancia, es lo que suelen entender las autoridades por mejorar.
