Google y la súper multa por mejorar nuestros celulares

La multimillonaria condena que la euroburócrata danesa Margrethe Vestager ha impuesto a Google deja claro una vez más el uso abusivo que la Unión Europea está haciendo de su legislación antimonopolio contra las multinacionales tecnológicas de Estados Unidos. Incapaz de demostrar ningún daño palpable a nadie –ni fabricantes de celulares, ni creadores de aplicaciones ni consumidores– y mucho menos cuantificable en 5,000 millones de dólares, la decisión que ha adoptado la Comisión parece mucho más un impuesto arbitrario que el producto de una sana preocupación por los usuarios y la competencia empresarial.

Ya resultó bastante grotesco que se multara al gigante norteamericano por abuso de posición dominante por Google Shopping, un servicio que ocupa una posición más bien modesta dentro de un mercado, el del comercio electrónico, dominado por empresas especializadas como Amazon. Pero en esta ocasión se condena a Google por la manera en que logra rentabilizar su inversión en Android, un sistema operativo de código abierto, gratuito para los fabricantes, que cualquiera puede modificar y distribuir por su cuenta, como de hecho hace la propia Amazon con Fire OS, el sistema operativo de sus tabletas Fire.

El proceso recuerda mucho al que padeció Microsoft. La Comisión acusó a la compañía de aprovecharse del dominio que tenía Windows en los sistemas operativos para ordenadores para privilegiar su navegador Internet Explorer. Así que se obligó a los de Redmond a incluir una ventana que publicitaba los navegadores de la competencia. Aquella estupidez no supuso ningún cambio significativo. El cambio vino por dos vías: que Google lanzara Chrome, un navegador mucho mejor, y que la innovación tecnológica redujera la importancia de Windows dentro de los sistemas operativos.

Al contrario que Apple, que limita su sistema operativo iOS a sus propios dispositivos sin recibir ninguna multa de nadie, Google ofrece Android a cualquier fabricante que quiera usarlo. Pero si el fabricante quiere que con su celular venga preinstalada cualquier aplicación básica como la tienda de aplicaciones, el navegador, YouTube o el buscador, deberá instalar completo un pack de once apps de Google, sin que tengan que renunciar a incluir otras de terceras empresas. De este modo Google obtiene ingresos de su inversión en desarrollar Android y los fabricantes un sistema operativo gratuito para sus dispositivos móviles que incluye algunas de las apps más utilizadas por los usuarios, apps que pueden ser complementadas por otras de su elección y que pueden ser desinstaladas. Pero Vestager ha decidido que con los ingresos de la tienda de aplicaciones Google recibe ya dinero suficiente, y que los ingresos extra de las demás aplicaciones son ya pura avaricia. No como lo suyo, claro, que es una defensa pura del interés público.

La Comisión Europea también acusa a Google de otras prácticas, como ofrecer incentivos financieros por preinstalar sólo su aplicación de búsqueda y ninguna más –que al parecer hace años que dejó de hacer–, o impedir la preinstalación de sus aplicaciones a los fabricantes que lancen dispositivos equipados con versiones de Android alternativas, como el propio Fire OS de Amazon. Una sanción basada exclusivamente en esas prácticas guardaría al menos las apariencias. Pero al repetir también los mismos ridículos argumentos que llevaron en su día a inútiles sanciones contra Microsoft, la supuesta buena intención de la Comisión queda claramente en entredicho. ¿Recuerdan Windows XP N? Fue una versión que no incluía Windows Media, una versión que la Comisión les obligó a comercializar y que nadie compró. Pues no se extrañen de que en no demasiado tiempo Google tenga que lanzar una versión de Android exclusiva para Europa, previsiblemente recortada en funcionalidades y que nos perjudicará a los consumidores, pero satisfará enormemente a los metomentodo de la Unión Europea, enfadados porque en sus burocratizados dominios no aparecen compañías capaces de competir con los Google, Microsoft, Amazon o Facebook.

«Puedes imponer una multa si alguien ha hecho algo mal, no porque necesites el dinero», ha asegurado la comisaria Vestager. Así que, supuestamente para evitar esa tentación, el dinero irá a parar a las arcas de los mismos Estados miembro que están ahora mismo buscando formas de poner impuestos a Google y las demás empresas tecnológicas porque son tan manirrotos que no tienen suficiente con lo que ya recaudan. Pero claro, eso no tiene nada que ver con la multa. Nada de nada.

 

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