Amigos y conciudadanos:

Me presento aquí esta noche, acusada del supuesto delito de haber votado en las recientes elecciones presidenciales sin tener el derecho legal al voto. Será mi tarea esta noche demostrarles que al votar, no sólo no cometí ningún crimen sino que simplemente ejercí mis derechos ciudadanos, garantizados para mí y todos los ciudadanos de Estados Unidos por la Constitución Nacional y que ningún estado tiene el poder de negar.

El preámbulo de la Constitución Federal dice:

«Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer la defensa común, promover el bienestar general y proteger los beneficios que otorga la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para Estados Unidos de América».

Era «nosotros, el pueblo»; no nosotros, los ciudadanos blancos de sexo masculino; tampoco dice los ciudadanos de sexo masculino; sino nosotros, todo el pueblo que forma esta Unión. Y la formamos, no para dar los beneficios de la libertad sino para asegurarlos; no para la mitad de nosotros y para la mitad de nuestra posteridad, sino para todo el pueblo, tanto mujeres como hombres. Y es una burla descarada hablarles a las mujeres del disfrute de los beneficios de la libertad mientras se les niega la única manera que los garantiza y que este gobierno democrático republicano ofrece: El voto.

Para cualquier estado el convertir el sexo en un requisito que siempre deba resultar en la privación del derecho al voto para la mitad de la población, es como promulgar Decretos de Proscripción* o una ley ex post facto**, siendo por tanto una violación de la ley suprema del país. De esta forma a las mujeres y a su posteridad femenina se les quitan los beneficios de la libertad para siempre. Para ellas, este gobierno no tiene el justo poder que deriva del consentimiento de los gobernados. Para ellas, este gobierno no es una democracia. No es una república. Es una aborrecible aristocracia; una odiosa oligarquía de sexo; la más aborrecible aristocracia alguna vez establecida en la faz de la tierra; una oligarquía de riqueza, donde los ricos gobiernan a los pobres. Una oligarquía del aprendizaje, donde los educados gobiernan a los ignorantes, o, incluso, una oligarquía de la raza, donde se podría tolerar que el sajón gobierne al africano. Pero esta oligarquía basada en el sexo, la cual convierte a padres, hermanos, esposos, hijos varones en oligarcas sobre madres, hermanas, esposas e hijas en todo hogar, estableciendo que todos los hombres son soberanos y todas las mujeres súbditas, acarrea desavenencia, discordia y rebeldía en cada hogar de la nación.

Webster, Worcester y Bouvier, todos definen al ciudadano como una persona que en Estados Unidos tiene derecho a votar y a ocupar un cargo público.

La única pregunta que queda ahora por aclarar es: ¿Son personas las mujeres? Y yo no puedo creer que algunos de nuestros oponentes tengan la audacia de decir que no lo son. Al ser personas, entonces, las mujeres son ciudadanas; y ningún estado tiene derecho a promulgar una ley, o hacer cumplir una ley antigua, que limite sus privilegios o inmunidades. Por lo tanto, toda discriminación contra la mujer en las constituciones y leyes de varios estados hoy es nula e inválida, precisamente igual como todas contra los negros.

**Nota de traducción: El decreto de proscripción sería una ley que castigue a una persona o grupo de personas sin juicio, anulando así sus derechos civiles. Una ley ex post facto (literalmente, “después del hecho”) convertiría posteriormente en delito una acción previamente cometida. Tanto el decreto de proscripción como la ley ex post facto están específicamente prohibidos en el Artículo I, Sección 9, de la Constitución de Estados Unidos.