Por Dr. Kim Holmes
El ilustre liderazgo de Estados Unidos en la promoción de la libertad y los derechos individuales comenzó mucho antes de convertirse en nación. Se inició cuando los primeros inmigrantes perseguidos vinieron en busca de libertad religiosa. Su fe en un derecho natural, otorgado por Dios, para practicar libremente la religión, nació debido a siglos de luchas de los pueblos para asegurarse el derecho a la vida, la libertad y la propiedad bajo el imperio de la ley y no al capricho de gobernantes. ¿Qué deberían pensar los americanos sobre los derechos humanos hoy en día?
Desde el siglo XIII, el pueblo en Inglaterra había luchado y conseguido una serie de acuerdos con los reyes para garantizar ciertas libertades. En 1607, el rey Jaime I concedió a la colonia de Jamestown una carta real asegurando a sus residentes «todas las libertades igual que si hubieran morado y nacido en este nuestro reino de Inglaterra, o en cualquier otro de nuestros dominios”.
El origen de estas libertades históricas y el desarrollo del Estado de Derecho está en el reconocimiento más profundo de los Fundadores acerca de los inherentes derechos naturales como base de la libertad humana. Por tanto, la Declaración de Derechos de Virginia, elaborada por los Padres Fundadores George Mason y James Madison y aprobada en junio de 1776, comenzaba con estas conocidas palabras:
Que todos los hombres son por naturaleza e igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados ni despojados por ningún tipo de contrato, por ejemplo, es decir, el goce de la vida y de la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. Que todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él; Que los magistrados son sus administradores y servidores, responsables en todo momento ante el pueblo [1].
Este principio de derechos «inherentes» o inalienables fuera, y a pesar, del gobierno, impregna nuestra Declaración de Independencia y fortifica nuestra Constitución. Desde nuestra fundación, estos importantes documentos proporcionaron la base de nuestro orden social y de la jurisprudencia americana. Han guiado nuestras luchas para superar la esclavitud y la discriminación por raza, religión, sexo o nacimiento. Y han guiado nuestro compromiso en el exterior.
Sin embargo, este principio de derechos naturales inalienables –derechos fundamentales que el gobierno ni crea ni puede quitar– no es igual al concepto completamente moderno de «derechos humanos».
Aunque ambos son universales, los derechos naturales categóricamente no derivan del gobierno. El gobierno solamente garantiza estos derechos, es decir, crea las condiciones políticas que permitan a uno ejercerlos. Los derechos humanos, como popularmente se entienden, son otorgados por el Estado o el cuerpo de gobierno.
Además, los derechos naturales, siendo naturales, no cambian con el tiempo. Todos los hombres, en todo momento, han tenido el mismo derecho a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Los derechos humanos, por el contrario, cambian constantemente. Ha surgido toda una industria especializada en fomentar un cúmulo de nuevos «derechos económicos y sociales», concebidos, definidos y promovidos por activistas, gobiernos y burócratas internacionales.
Muchos americanos ignoran que estos derechos fabricados no son los mismos que los derechos naturales dotados por Dios o la naturaleza. Lo que a menudo se denomina como «derechos humanos» en la actualidad son constructos sociales. O bien suenan a nobles aspiraciones –la igualdad de derechos para mujeres y minorías– o a conceptos triviales e inofensivos como el «derecho al tiempo libre».
En realidad, estos conceptos no son ni nobles ni inofensivos: Son fundamentalmente incompatibles con el criterio de los Fundadores sobre los derechos naturales.
En primer lugar, se trata en gran medida de objetivos que el gobierno no puede garantizar. Por ejemplo, el «derecho al desarrollo». Los gobiernos pueden esforzarse para nivelar las condiciones y que todos tengan una oportunidad para mejorar sus vidas. Pero el poder que necesitaría para garantizar que nadie sea pobre sería tan grande que podría pulverizar los derechos naturales y la libertad de los individuos. Esa es la triste lección del comunismo en las sociedades controladas por el Estado y que limitan la libertad individual y las libertades civiles con el fin de ofrecer a todos un nivel de ingresos “garantizado” o algún otro noble objetivo social.
Mientras que los derechos naturales (como la vida, la libertad y la propiedad) son un conjunto de derechos que el gobierno protege para que otros no los vulneren, los derechos inventados (como «vivienda» y «tiempo libre») son cosas que el gobierno se ve obligado a proporcionar. Y lo hace mediante la redistribución de la riqueza privada.
En segundo lugar, adolecen del equívoco sobre lo que es o debería ser en realidad un derecho. Los gobiernos que pretenden dar y salvaguardar los derechos de ciertos grupos, inevitablemente ponen en peligro los derechos individuales de todos. Si el valor social es definido por su sexo, clase o raza entonces uno pierde su valor intrínseco como persona.
Su derecho natural a la libertad de expresión o de reunión es tangible y real. El gobierno puede protegerlo sin infringir los derechos de otra persona. Pero, tratar de garantizar el derecho a algo de un grupo social, inevitablemente lo pone en conflicto con otros grupos y reduce a ambos a la tarea de buscar favores políticos del gobierno. El derecho de una mujer a la libertad de expresión no es menos importante que el de un hombre, no porque sea mujer sino porque es un ser humano.
La misma confusión existe con los «derechos económicos». La ONU y los países a menudo los definen como la garantía de gozar de cierto salario o ingreso. Sin embargo, al igual que los gobiernos no crean riqueza, tampoco crean derechos naturales. De hecho, Ud. tiene el derecho a la propiedad, pero es debido a su derecho natural a conservar lo que Ud. obtiene mediante su esfuerzo en primer lugar. Cuando la ONU o los gobiernos definen erróneamente como «derechos económicos» cosas que no pueden garantizar, terminan por crear condiciones que niegan a las personas los mismísimos derechos de propiedad y libertades que deberían proteger.
Puede que la idea de cristalizar magnánimas aspiraciones sea seductora. ¿Quién no querría eliminar la pobreza en el mundo? ¿Quién no querría que mujeres, niños y minorías viviesen una vida plena y completa en una sociedad libre? Nadie con conciencia se opondría a ninguno de estos resultados.
Pero eso no es lo que motiva a los defensores de derechos humanos modernos. Para entender por qué no, sólo tiene que mirar a la ONU. Sus instituciones, como el Consejo de Derechos Humanos, se han convertido en distracciones (o, peor aún, en obstáculos) para fomentar el tipo de políticas liberalizadoras que estos países realmente necesitan.
¿Y por qué? Se debe a que la ONU está poblada de naciones que atropellan los principios de su Carta. Los regímenes socialistas, comunistas y autoritarios ven las fundamentales libertades civiles, políticas y económicas como una verdadera amenaza para su control del poder. Estos proclaman potenciar los derechos colectivos para fomentar el «bien común», pero en realidad explotan políticamente esos derechos para mantener el control. El sistema de “un país-un voto” en la ONU y otros foros internacionales les proporciona una legitimidad que no merecen y un lugar para librar su batalla ideológica contra verdaderas democracias.
Asimismo, los americanos deberían tener cuidado con los tratados internacionales de derechos humanos. Los objetivos de estos tratados pueden ser loables. Pero muy a menudo fracasan en cumplir sus promesas: Muchos países los firman sin intención alguna de cambiar sus costumbres. Arabia Saudita es un ejemplo perfecto; firmó la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, sin embargo, trata a las mujeres como ciudadanas de segunda clase que necesitan el permiso del esposo para viajar y que todavía tienen prohibido manejar. Estados Unidos está mucho más empeñado en hacer cumplir los términos y condiciones de los tratados que ratifica. Y no ha firmado la CEDAW, en parte, debido a que las protecciones legales de los derechos individuales en Estados Unidos ya están bien establecidas.
Ratificar tratados como la CEDAW también reduciría nuestra capacidad de autogobierno ya que socavaría la soberanía nacional. Al ratificar la CEDAW, Estados Unidos sometería sus leyes al control de un cuerpo de «expertos» internacionales que vigilen la implementación del tratado. Luego, estos expertos intentarían imponer a los americanos su interpretación de los derechos, en haciendo caso omiso de nuestro Estado de Derecho y la Constitución. El Comité de la CEDAW, por ejemplo, ha ordenado a algunos países a que legalicen la prostitución y a otros que otorguen a las prostitutas todos los beneficios sociales que corresponden a cualquier otro trabajador. Y desaconseja las referencias a la «maternidad» como «estereotípicas”.
Para los americanos, la protección de los derechos humanos es fundamental para la libertad. Nosotros entendemos que nuestros derechos no están garantizados simplemente por incorporarnos a la ONU o firmar un tratado. Más bien, están garantizados por nuestra Constitución y nuestras leyes las cuales aseguran que nadie se vea privado de sus derechos sin el debido proceso legal. La mejor manera de asegurar que cada generación disfrute de las libertades y los derechos civiles por los que hemos luchado tan arduamente a lo largo de nuestra historia es preservar la Constitución.
Estados Unidos está en una posición única para ser el líder mundial en nombre de las libertades fundamentales y tradicionales, ya que es el único país del mundo fundado explícitamente en el credo de la libertad individual, los derechos naturales y el gobierno constitucional. Se trata de una nación excepcional. Sin embargo, sólo seguirá siéndolo si las generaciones venideras son fieles a este credo.
La mejor manera de promover los derechos humanos, tal como los entendemos, no es a través de tratados internacionales ni de instituciones. Es mediante un sistema político bien equilibrado, que garantice igualdad ante la justicia y limite la función del Estado solamente a lo que sea necesario para garantizar nuestros derechos. Es defendiendo a las víctimas cuyos derechos naturales son violados en todo el mundo y ayudándolas cuando podamos, así como haciendo notar cuando otros estados no cumplen con los compromisos contraídos en los tratados. Es manteniendose como el faro de libertad para la gente por doquier, esa «refulgente ciudad en la colina», como Ronald Reagan la describió al enfrentarse a la lacra de los estados comunistas.
Deberíamos estar orgullosos de nuestro historial en materia de derechos. En nuestra relativamente corta historia, hemos aportado más prosperidad e igualdad a más personas que cualquier otra nación en la historia. Nosotros respaldamos nuestras palabras con nuestras vidas, nuestro patrimonio y nuestro futuro. Hemos corregido el gran error de nuestro pasado –una sangrienta guerra civil acabó con la esclavitud en Estados Unidos– y no es necesario ir por el mundo pidiendo perdón por la historia de nuestra nación. Nunca deberíamos permitir que ni la ONU ni nadie abuse del mantra de los derechos humanos para socavar nuestro soberano sistema constitucional que, no solamente protege nuestros derechos concedidos por Dios y la libertad de autogobernarnos, sino que también ofrece el mejor modelo para que otros puedan hacer lo mismo.
Así que la pregunta sigue siendo, como Reagan alguna vez preguntó: «Si no asumimos la carga del liderazgo en el mundo libre, ¿quién lo hará?» Por todo lo que representa y sigue defendiendo en el mundo, Estados Unidos sigue siendo la última y mejor esperanza de la libertad.
Este artículo pertenece a la serie Entendiendo qué es América.
Referencias
[1] Declaración de Derechos de Virginia, 1776, énfasis añadido.