Cuando hablo del “Estado del Bienestar”, pienso en una suerte de póliza de seguro colectivo, que garantice el acceso de todos los ciudadanos a determinados servicios básicos.
Por ejemplo, pienso en la garantía de que todos los niños y adolescentes accedan a la educación, lo que es compatible con el derecho de los padres a elegir qué tipo de enseñanza quieren para sus hijos. Pienso en un sistema en el que todos puedan atender su salud, cosa que no debería impedir el derecho de los pacientes a elegir entre distintas alternativas. Pienso en un sistema de pensiones en que las prestaciones estén esencialmente determinadas por las aportaciones de cada cual, lo que no quita que haya fórmulas de solidaridad para que nadie perciba menos de un nivel mínimo.
Pero cuando los socialistas de todos los partidos hablan de “Estado del Bienestar” se refieren a otra cosa. Piensan en un monopolio del sector público, que anule toda posibilidad de elegir para los usuarios (a eso le llaman “defender lo público”). Se refieren a un sistema grande, con un número de asalariados siempre creciente, lo que refuerza el poder de sindicatos y políticos (aunque a eso le llamen “políticas sociales”). Imaginan una cantidad amplia y potencialmente infinita de “derechos” y prestaciones, y no solo en una garantía de acceso a servicios básicos: una subvención por tener un hijo, una ayuda para que los jóvenes alquilen un piso, subvenciones para ONGs de todo tipo, para hacer turismo más barato, etc. – en pocas palabras, para todo lo que imagine el poder de turno porque “gobernar es ampliar derechos” como dijo el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Cuando digo “Estado del Bienestar”, pienso también en que esa cartera de servicios básicos se preste del modo más eficiente posible. A los socialistas de todos los partidos les interesa más el anuncio, aunque sea irrealizable y no cuente con la financiación necesaria.
La concepción socialista del “Estado del Bienestar” es financieramente insostenible, contraria al progreso económico y enemiga de las libertades civiles. Al ser un sistema siempre creciente, exige una cantidad cada vez mayor de recursos. Así, mientras se van arrinconando la iniciativa y la posibilidad de elegir de los individuos, al mismo tiempo se ahoga la fuente de esos recursos: la actividad privada.
La crisis económica evidenció la dimensión de la estafa socialista: muchos de los supuestos “nuevos derechos” debieron ser suprimidos por la fuerza de la realidad, incluso por el mismo presidente que se jactaba de crearlos. Lejos de aprender la lección, una vez enderezada la economía, los socialistas de todos los partidos vuelven a su concepción opresora del “Estado del Bienestar”.
Concepción “opresora” porque estrangula la iniciativa privada y porque esa ampliación permanente de “derechos” es la excusa para subir una y otra vez los impuestos. Eso cierra el círculo vicioso: “nuevos derechos”, más gasto, más déficit fiscal y, como los “recursos no alcanzan”, más impuestos.
Cuando un político le hable de “Estado del Bienestar”, pregunte a qué se refiere. No vaya a ser que apoye algo que se vuelva en su contra.
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