Estado: Justificando el salario mínimo

La potestad que se atribuye el Estado para determinar incrementos salariales en el sector privado es un atropello y un robo y convierte al gobierno en un usurpador. Alguien podrá objetar que calificar así al gobierno es una hipérbole, una exageración e incluso un exabrupto. Para justificarme recurro al diccionario: el robo es un “delito cometido contra la propiedad privada por el que toma con violencia lo que no le pertenece” y ladrón es quien “hurta o roba”. Dado que el Estado dispone de lo que no le pertenece y lo hace por la fuerza (el incremento salarial no es voluntario), entonces estamos ante un robo en todo el significado de la palabra.

El gobierno tiene el derecho y la obligación de determinar incrementos salariales para los trabajadores públicos y nada más. Los trabajadores, de manera independiente o en asociaciones y sindicatos tienen el derecho de negociar aumentos salariales con sus empleadores, como también tienen el derecho de renunciar a sus trabajos si no están de acuerdo con las condiciones laborales, entre ellas su salario. Sin embargo, el gobierno y los sindicatos no tienen derecho a decidir qué hacer con el dinero de otros. Pero por supuesto que lo hacen y es legal, como han sido legales muchos atropellos y hasta genocidios, pero sigue siendo una violación de los derechos a la propiedad privada, a la libre y voluntaria asociación, a los contratos entre empleados y empleadores y atenta contra las empresas y los emprendedores.

Los dirigentes de los gremios empresariales no tienen una posición tan radical como la anteriormente expuesta y piden ser parte de la negociación para tratar que la violación no sea tan dolorosa. Desde un punto de vista práctico y de corto plazo tienen razón en actuar así, ya que no sacan nada con defender principios: mejor es negociar y paliar el batacazo. A largo plazo no estoy seguro que lo que hacen sea lo correcto ya que le dan legitimidad a una práctica ilegítima y usurpadora, que además es contraproducente contra la economía y contra los mismos trabajadores.

Cuando un grupo de ladrones planea robar una casa, lo hace cuando no están los dueños. Cuando, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana y el gobierno boliviano se reúnen para decidir el incremento salarial actúan como ladrones planificando un robo; es perfectamente entendible que no quieran que estén los empresarios para decidir cuánta plata quitarles.

 

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