“Es imposible negociar colectivamente con el gobierno”.
No lo dijo Newt Gingrich, Ron Paul, o Ronald Reagan. Lo dijo George Meany —el ex presidente del sindicato AFL-CIO— en 1955. Los sindicatos gubernamentales son algo común y corriente, pero el movimiento sindical alguna vez pensó que ésa era una idea absurda.
Los fundadores del movimiento sindical veían a los sindicatos como un vehículo para conseguirles a los trabajadores una mayor parte de los beneficios que ayudan a crear. Los trabajadores públicos, no obstante, no generan beneficios. Negocian simplemente por más dinero del contribuyente. Cuando los sindicatos gubernamentales hacen huelga, la hacen contra el contribuyente. El presidente Franklin Delano Roosevelt, lo consideraba “impensable e intolerable”.
La negociación colectiva gubernamental significa que los votantes no tienen la última palabra en la política pública. Más bien, sus representantes electos deben negociar el gasto y las decisiones políticas con los sindicatos. Eso no es exactamente democrático – algo que los sindicatos supieron reconocer alguna vez. George Meany no estaba solo. Hasta los años 50, los sindicatos aceptaban ampliamente que la negociación colectiva no tenía lugar en el gobierno. Pero comenzando con Wisconsin en 1959, los estados comenzaron a permitir la negociación colectiva en el gobierno. El influjo de cuotas y nuevos miembros cambió rápidamente el tono del movimiento sindical y ahora la negociación colectiva en el gobierno está muy extendida. Como resultado, los sindicatos ahora pueden presionar con leyes que sirven a sus intereses particulares – a expensas del bien común.
Los contratos sindicales hacen practicamente imposible recompensar a profesores sobresalientes o despedir a profesores malos. Los contratos sindicales dan a los empleados del gobierno unos beneficios dorados – a expensas de impuestos más altos y menos gasto en otras prioridades. La alternativa al presupuesto de Walker sacaba a 200,000 niños fuera del programa Medicaid.
El plan del gobernador Walker reafirma el control de los votantes sobre la política del gobierno. Los representantes que los votantes eligieron deberían decidir cómo es que el gobierno gasta el dinero de sus impuestos. Más estados deberían hacer caso a las palabras del Consejo Ejecutivo del sindicato AFL-CIO pronunciadas en 1959:
En términos de procedimientos aceptados para la negociación colectiva, los trabajadores del gobierno no tienen ningún derecho más allá de peticionar al Congreso – un derecho a la disposición de todo ciudadano.
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