El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó la semana pasada una revisión interna de las investigaciones antidrogas contra Hizbolá de la era del presidente Barack Obama, según informó el Departamento de Justicia.
El anuncio llegó pocos días después de que el diario digital Politico publicase que el gobierno de Obama frenó unas investigaciones por tráfico de cocaína conocidas como Proyecto Casandra contra esta milicia chií libanesa para no entorpecer las negociaciones nucleares con Irán. Anteriormente varios congresistas republicanos ya habían apuntado su intención de examinar pruebas de lo que podría ser un delito penal.
Las investigaciones comenzaron en 2008 después de que la agencia antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) obtuviera pruebas de que Hizbolá se había transformado de organización terrorista con ramas políticas a una mafia internacional dedicada al tráfico de drogas y armas y el lavado de dinero con una facturación anual de unos 1.000 millones de dólares. Pero según avanzaba la investigación, los cargos políticos nombrados por Obama pusieron trabas continuas hasta conseguir pararla. Y todo eso a pesar de que parte de la cocaína con la que trafica Hizbolá llega a Estados Unidos.
Durante ocho años, agentes de la DEA interceptaron comunicaciones, llevaron a cabo operaciones encubiertas y enrolaron confidentes para documentar las redes criminales de Hizbolá con la ayuda de agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses y del resto del mundo. Siguieron los envíos de cocaína desde Hispanoamérica a sus destinos en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Monitorizaron el dinero negro y cómo se lavaba, entre otros métodos, comprando coches usados en Estados Unidos y enviándolos a África. Y gracias a sus informantes llegaron a los cerebros de las operaciones, en los más altos círculos de mando de Hizbolá y de su principal apoyo, Irán.
Pero ahí estuvo el problema. Obama buscó desde su llegada al poder un acuerdo con Irán para frenar su programa nuclear y las investigaciones tocaban a personajes demasiado importantes de la teocracia chií. De modo que cuando los agentes que trabajaban en el Proyecto Casandra pidieron aprobación para investigaciones, procesamientos, arrestos o sanciones económicas, los cargos políticos en los departamentos de Justicia y Tesoro las retrasaron, entorpecieron o directamente rechazaron.
«Fue una decisión política, una decisión sistemática», asegura David Asher, que trabajó en el proyecto como experto en finanzas irregulares del Pentágono. Uno de los casos más sangrantes fue la detención en la República Checa de Ali Fayad, acusado de proveer de armas a las FARC y a los terroristas chiíes en Irak. El gobierno de Obama no presionó para su extradición durante los dos años que estuvo encarcelado. Finalmente los checos lo intercambiaron por cinco prisioneros que Hizbolá había secuestrado como moneda de cambio, una semana después de que se firmara el acuerdo con Irán. También bloqueó los intentos de ir por el «Fantasma», considerado como uno de los principales narcotraficantes de todo el mundo, y Abdalá Safieddine, el enviado de Hizbolá a Irán considerado como el cabecilla de toda la red.
«Aunque confío en que el último gobierno no puso barreras para permitir a los agentes de la DEA que llevasen los casos del Proyecto Casandra, éste es un tema importante para la seguridad de los americanos», ha declarado el fiscal general Jeff Sessions. «Las operaciones diseñadas para investigar y llevar ante la Justicia a las organizaciones terroristas que alimentan la crisis de las drogas tienen que ser una prioridad para este gobierno».
Pero podría ser demasiado tarde. Los propios agentes que llevaban la investigación confesaron a Politico que tantos años de retrasos han hecho que se cierren las vías que habían abierto para llevar a estos criminales ante la justicia. Todo para que Obama pudiera alcanzar un acuerdo considerado por quienes lo apoyan como su principal logro de política exterior, y por sus críticos –entre ellos Donald Trump– como un timo que sólo conllevaba obligaciones fiscalizables a la comunidad internacional, pero no a Irán.
