La regulación federal se desaceleró dramáticamente en 2017, con la administración Trump emitiendo dos tercios menos de regulaciones en su primer año (1,136) que los presidentes Barack Obama (3,356) y George W. Bush (3,927).
La Casa Blanca también ha exigido que las agencias federales desregulen en más de 400 iniciativas en 2018. He aquí 10 de las iniciativas más importantes del año pasado para frenar los excesos reguladores de administraciones anteriores.
1. Plan de energía limpia
Con un costo anual estimado de $7,200 millones, el Plan de Energía Limpia fue la pieza central de la cruzada contra el calentamiento global de la administración Obama. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicó el 16 de octubre su propuesta para derogar ese plan regulador con el argumento de que la regulación excede la autoridad estatutaria de la EPA. Más allá de los costos de cumplimiento que se ahorrarían, la derogación restablecería los límites a los excesos normativos de la EPA en relación al clima.
2. Neutralidad de la red
La regla de «neutralidad de la red» de 2015, formalmente titulada “Orden de Internet Abierto”, sometió a los proveedores de servicios de Internet a regulaciones anticuadas bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La orden fue revertida el 14 de diciembre con el voto de la Comisión (3-2).
3. Ley de Revisión del Congreso
La Casa Blanca y el Congreso han usado la Ley de Revisión del Congreso para rescindir 15 regulaciones en los últimos 12 meses. Aunque fue promulgada en 1996, esta ley sólo se había utilizado con éxito una vez, en marzo de 2001. Entre lo que más merecía la derogación: La mal concebida prohibición de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) a las cláusulas de arbitraje obligatorio en los contratos de crédito para resolver desacuerdos.
4. Las aguas de Estados Unidos
Esta regulación, creada conjuntamente por la EPA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., inventó una nueva definición para las aguas de Estados Unidos que el gobierno federal puede regular según la Ley del Agua Limpia. La definición pisotea sin miramientos los derechos de propiedad y anula el papel de los estados en la administración del agua. Las agencias proponen retrasar la implementación por dos años, tiempo durante el cual los funcionarios se replantearían la definición.
5. Demanda y arreglo
El administrador de la EPA, Scott Pruitt, anunció en octubre que su agencia ya no sería parte de pretendidos acuerdos extrajudiciales frecuentemente negociados por la administración Obama. La práctica conllevaba que la EPA fomentase las demandas de cabilderos medioambientales para así forzar la creación de regulación o acciones coercitivas. La EPA llegaba en privado a un arreglo generoso con los demandantes y éstos se involucraban fuertemente en la regulación excluyendo al público. Del mismo modo, el 5 de junio el procurador general Jeff Sessions puso fin a la práctica de la administración Obama de canalizar miles de millones de dólares en fondos para liquidar las demandas de aliados izquierdistas.
6. Neomi Rao a la Oficina de Información y Asuntos Reguladores
En abril, el presidente Donald Trump nominó a Neomi Rao como administradora de la Oficina de Información y Asuntos Reguladores (OIRA). La OIRA desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de la agenda reguladora del presidente mediante la revisión de la regulación tanto propuesta como definitiva, la gestión de las solicitudes para la recopilación de información y la supervisión de la calidad de los datos en todo el gobierno. Entre sus muchas afiliaciones profesionales, Rao fundó y dirigió el Centro para el Estudio del Estado Administrativo en la Escuela de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. A sólo meses de su nuevo puesto, Rao ha demostrado la fortaleza necesaria para controlar el estado regulador.
7. Baños transgénero
A principios de 2017, la administración Trump revocó la «guía» de los departamentos de Justicia y Educación de la administración Obama que especifica que los estudiantes transgénero tienen derecho a usar baños públicos que coincidan con su identidad de género. La directiva original inyectó al gobierno federal en asuntos tratados más adecuadamente por los estados y los distritos escolares locales.
8. Regla fiduciaria
En febrero, el presidente publicó un memorando sobre la Regla del Deber Fiduciario, que ordenaba al Secretario de Trabajo determinar si la Regla Fiduciaria del Departamento de Trabajo afectaría negativamente el acceso al asesoramiento financiero. En noviembre, el Departamento de Trabajo retrasó la aplicación de la regulación hasta el 1 de julio de 2019, «debido a su preocupación de que…los consumidores puedan enfrentarse a significativa confusión y las partes reguladas puedan incurrir en gastos indebidos por cumplir con las condiciones o requisitos que el departamento determine revisar o derogar.
9. Mandato individual
La nueva ley de reforma tributaria recientemente aprobada abolió las sanciones financieras asociadas con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que obligaba a los americanos a comprar seguro médico bajo pena de ser multados si no lo hacían.
10. Reducción de papeleo
En agosto de 2017, la Casa Blanca aplazó la entrada en vigor de una norma de la administración Obama que habría requerido a las empresas con 100 empleados o más que informaran sobre lo que pagan a los empleados por categoría laboral, sexo, raza y etnia. Los empleadores ya envían datos salariales de unas 130 categorías diferentes y la nueva regla habría aumentado el volumen de informes a 3,300 categorías.
Reformar es difícil porque la regulación es mucho más que una política de actuación. También es un sistema de botínes políticos a través del que diversos grupos de interés imponen su voluntad al público. Por lo tanto, poderosas fuerzas favorecen el statu quo.
No obstante, más allá de las cifras, no hay duda de que ha habido un cambio fundamental y bienvenido en la política reguladora desde la llegada de Trump.
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