La apuesta de la Unión Europea por la construcción de un Mercado Único Digital atiende a necesidades que desde hace años estaban encima de la mesa. Por un lado, impulsar el aumento de la competencia, transparencia e innovación, haciendo que los consumidores tengan acceso a un mayor abanico de servicios y productos a su disposición. Y por otro, la creciente presión geoeconómica que requiere medidas urgentes para que la economía europea no se vea totalmente avasallada por sus competidores asiáticos y americanos.
Como factor unificador del enfoque llevado a cabo, encontramos a las tecnologías de la información, que permitirán la unificación de los marcos de pago electrónicos en todos los Estados miembros. De igual modo, tales tecnologías pretenden otorgar una robusta confianza a los clientes que accedan a tales servicios. Es decir, que podamos confiar en que nuestros datos personales y bancarios serán almacenados y tratados con el máximo rigor, que existirán medidas para verificar la autenticación de las operaciones o el empleo seguro de los dispositivos móviles para el acceso a los servicios. Unas condiciones totalmente imprescindibles para la creación de servicios públicos transfronterizos innovadores y competitivos.
Ahora bien, ¿esta apuesta europea realmente cuenta con todos los pilares necesarios para llegar a buen puerto? Hablando de una iniciativa que, según cálculos estimados, aportaría 415,000 millones de euros al año junto con la creación de numerosos puestos de trabajo, así debería ser pero la realidad quizá sea algo diferente. Para ello, sólo debemos fijarnos en algunos de los incidentes cibernéticos ocurridos en los últimos meses del pasado año en países europeos. Como ejemplo tenemos los más de 900,000 usuarios de Deutsche Telekom que en el mes de diciembre se vieron imposibilitados de acceder a Internet, debido al ataque de la botnet, o red de dispositivos infectados, Mirai.
De igual modo, en noviembre la Comisión Europea sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), quedando sin acceso a Internet durante horas. Al igual que en el mismo mes un sitio web del gobierno italiano sufrió un ataque, del que resultaron robados 45.000 registros con información confidencial. La lista sigue y desde luego Europa no es ni mucho menos el único afectado por esta marea de ciberataques. En Estados Unidos MedStar, la mayor mutua sanitaria del país, sufrió un ataque por ransomware por el que sus sistemas informáticos se vieron paralizados y para restituir la situación los atacantes pedían el pago de un rescate. En tal incidente se vieron afectados nada menos que diez hospitales y 250 centros de consulta externa. Y más espectacular aún ha sido la desvelación de dos grandes ataques contra Yahoo, uno ocurrido en 2014 donde se robaron datos de más de 500 millones de cuentas y otro acaecido en 2013 que afectó a más de 1,000 millones de cuentas.
Si además tenemos en cuenta la creciente disponibilidad de los servicios de hacking que pueden ser contratados online, tanto por particulares como por organizaciones, podemos pensar que este panorama de inseguridad va a seguir presente en los próximos años. Por tanto, estamos ante una colisión de intereses donde la Unión Europea tiene que responder de forma urgente. La del mercado del cibercrimen que, como ejemplo, ofrece hasta paquetes de $ 5 a $ 500 para tumbar los sistemas de organizaciones mediante ataques DDoS y la del mercado europeo que necesita revitalizar su economía y dar lugar a productos y servicios digitales innovadores y ante todo confiables.
