Por Charles Stimson y Andrew Grossman
Estando en guerra, Estados Unidos nació con la Declaración de Independencia, la proclama más importante sobre la libertad y los derechos naturales jamás escrita. Desde entonces, Estados Unidos ha sido el país más libre del mundo y se ha convertido en el más seguro, con un ejército a la altura de cualquier amenaza. Estados Unidos ha evitado el destino de naciones que han trocado libertades por promesas de seguridad, o seguridad por libertad ilimitada y se han quedado sin la una ni la otra. Sin embargo, el saludable temor de que la una o la otra vaya a desaparecer ha estado presente en todas las épocas desde la fundación. ¿Cómo debe Estados Unidos mantener el equilibrio entre seguridad y libertades civiles?
“Entre los muchos objetos en que un pueblo sabio y libre encuentra necesario fijar su atención, parece que el primer lugar se lo lleva proveer la propia seguridad” [1]. Así lo escribió John Jay en El Federalista, donde los principales legisladores de la Constitución elucidaron el gobierno sobre el cual esperaban sentar las bases de Estados Unidos.
La generación de los Fundadores conocía de primera mano la opresión de la tiranía. La letanía de abusos y usurpaciones británicas se citan en la Declaración de Independencia: decretos ilegales, acuartelamiento de tropas, saqueo al por mayor y la privación de la libertad y de la vida por capricho, no porque lo impusiera la ley. Para los Fundadores, se trataban de violaciones tanto en contra de los derechos naturales del ser humano como de la seguridad que un regente está obligado a proporcionar al pueblo. En tales circunstancias, «es su derecho, es su deber, derrocar a ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad».
Pues así lo hicieron y la nación se vio abocada a la guerra. Desde el principio, los americanos vieron la libertad y la seguridad como una misma cosa y no como opuestas entre sí.
A pesar de que a menudo se habla del adecuado «equilibrio» entre seguridad y libertad, ambas no tienen que estar necesariamente en discordia. Las políticas que hacen más segura a la nación, sobre todo contra las amenazas externas, no necesariamente socavan la libertad de su pueblo. Proteger la libertad individual no dificulta inevitablemente la defensa de la nación. Más bien, como reconoce la Constitución, las dos se refuerzan mutuamente: «aseguramos las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra posteridad». Una amenaza para la seguridad de Estados Unidos es también una amenaza a las libertades de los americanos.
“Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres sobre hombres”, comentó James Madison “la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que posibilitar que el gobierno regule a los gobernados; y luego obligarlo a que se regule a sí mismo” [2]. Casi todas las naciones logran regular a los gobernados, aunque más a menudo a la fuerza que por consentimiento. Las restricciones al poder de los gobiernos son más raras y más complejas. Sin embargo, son esenciales para salvaguardar la seguridad y la libertad. Este problema fue la principal preocupación de los Fundadores cuando redactaron la Constitución y su solución fue radical y brillante.
El problema al que se enfrentaron los Fundaores fue uno certeramente identificado por Ronald Reagan: «Un gobierno lo suficientemente fuerte como para darte todo lo que necesitas es también lo suficientemente fuerte como para quitarte todo lo que tienes». Cualquier poder delegado por el pueblo a su gobierno puede ser objeto de abuso y utilizado en su contra. La historia está plagada de ejemplos de tal opresión y sigue siendo común hoy en día.
Pero esto no ha sucedido en Estados Unidos. Los autores de la Constitución no pusieron su fe en específicas garantías de derechos—esas se crearon después, sino en un elegante sistema de control del gobierno. Ante todo está la separación de poderes entre los tres Poderes del Estado federal, así como entre el gobierno federal y los estados. Estos acuerdos proporcionan la flexibilidad necesaria para garantizar la seguridad y la mesura esencial para salvaguardar las libertades.
Un ejemplo dramático se produjo con el intento del presidente Truman de confiscar propiedad privada para impulsar la campaña de guerra de Corea. Afirmando que sus medidas estaban justificadas en nombre de la seguridad nacional, Truman autorizó al Secretario de Comercio a que tomara el control de la industria siderúrgica del país. En pocas semanas, el asunto llegó ante la Corte Suprema, que rechazó de plano la afirmación presidencial de que Truman tenía el poder de actuar sin consentimiento, incluso en contra de cualquier ley promulgada por el Congreso.
El famoso voto concurrente del juez Jackson dio en el clavo al indicar la peligrosidad de la posición del presidente: «la afirmación presidencial de un poder que a la vez es tan concluyente como preventivo deberá analizarse con cautela, porque lo que está en juego es el equilibrio establecido por nuestro sistema constitucional»[3]. Por el contrario, «Cuando el presidente actúa en virtud de una autorización expresa o implícita del Congreso, su autoridad es máxima». Cuando los poderes políticos están de acuerdo, Jackson reconoció, es más probable que seguridad y libertad vayan de la mano.
El gobierno también está controlado por las urnas. Cuando los Poderes del gobierno federal, han conspirado para abrogar las libertades del pueblo, el pueblo ha respondido. En 1798, el presidente John Adams y sus aliados federalistas del Congreso aprobaron la Ley de Sedición, que criminalizaba las opiniones «falsas, escandalosas y maliciosas» sobre el gobierno, el Congreso o el presidente. La ley tenía la intención de suprimir las críticas a la batalla naval con Francia y fue una clara violación de los derechos de los americanos a hablar libremente y cuestionar las acciones de su gobierno.
En lugar de suprimir las discrepancias, la Ley provocó una tormenta política tal que los estados aprobaron resoluciones denunciando la ley y los candidatos fueron a las urnas afirmando su oposición a esa ley. Los federalistas, incluyendo a Adams, perdieron las elecciones y el presidente Thomas Jefferson, que sucedió a Adams, indultó a los que cumplían condenas en virtud de la ley.
Las protecciones codificadas en la Carta de Derechos son la garantía final contra cualquier intrusión a la libertad que echara por tierra los controles de la Constitución. Por ejemplo, sin la garantía de la Primera Enmienda del derecho a la libertad de expresión, de reunión, de petición al gobierno a la reparación de agravios, los Poderes políticos estarían menos receptivos a las preocupaciones de los ciudadanos y los votantes estarían menos informados sobre la importancia de lo que escogen. La prohibición de la Cuarta Enmienda a confiscaciones e inspecciones inaceptables asegura que el Estado no pueda hostigar arbitrariamente a quienes se opongan a sus políticas. La cláusula que limita el poder del dominio eminente en la Quinta Enmienda exige que el peso de las políticas del Estado sea ampliamente compartido.
Si bien son importantes, estos derechos enumerados son también limitados y específicos. Éstos son sólo una parte infinitesimal de los derechos que retienen los estados y el pueblo. Por ejemplo, Ud. tiene el derecho a velar por su familia, encargarse de la crianza de sus hijos, hacer contratos y ser dueño de su vivienda. Estos derechos, que son demasiados como para enumerarlos y demasiado cambiantes como para ser incluídos en una constitución, no están sujetos a garantías específicas, sino a protecciones estructurales de la Constitución. Por lo tanto, la mayoría de los asuntos de seguridad nacional y de la libertad no son aptos para el arbitrio de las cortes, pero sí para la aplicación del criterio del pueblo a través de los Poderes políticos
En líneas generales, Estados Unidos ha logrado salvaguardar la seguridad y las libertades civiles mediante la adopción de políticas de las que ambas salen reforzadas. Cuando se ha apartado de ese camino, tanto la libertad como la seguridad se han visto afectadas.
La fortaleza militar bajo firme control civil es el mejor garante de la libertad. Thomas Jefferson reseñó que «lo que sea que nos permite ir a la guerra, asegura nuestra paz» [4]. Así fue durante la Guerra Fría, cuando la fortaleza de Estados Unidos y del sistema de gobierno que forma sus bases lo llevó a una victoria sin una gran guerra y produjo la mayor expansión de libertad en la historia del mundo.
En cambio, los enemigos de Estados Unidos en la Guerra Fría trataron de alcanzar la supremacía militar mediante la planificación y el control central, organizando a sus pueblos y sus economías en torno a las necesidades del Estado y negando a sus ciudadanos las libertades más básicas. Sin embargo, sus ostentosas demostraciones de fuerza—desfiles de tropas, exhibiciones aéreas y flotas— fueron vanas. Eran el resultado de gobiernos que estaban en guerra contra la seguridad y las libertades de sus pueblos.
Estados Unidos se enfrenta hoy al riesgo contrario. Mantener una fuerte defensa nacional asegura la libertad frente a amenazas conocidas y desconocidas, desde Estados parias hasta organizaciones terroristas. Ésta es la responsabilidad primordial y vital del gobierno federal.
Recopilar datos de inteligencia, cuando se hace de forma eficiente y consistente con los derechos y expectativas de los americanos, es igualmente esencial. Tales programas de inteligencia ayudan a garantizar nuestras libertades contra aquellos que tratan de destruirlas. Cuanto mejor funcionen estos programas, más protegen nuestra seguridad y libertad.
Un ejemplo perfecto es el uso de cortes militares para terroristas. El uso de las cortes en Estados Unidos se remonta a la Guerra de Independencia y siempre se han considerado como que dotan la flexibilidad necesaria en las operaciones militares, especialmente en comparación con la alternativa habitual, la ejecución sumaria. Hoy en día, las cortes tienen una función adicional como una barrera entre nuestro sistema de justicia civil y los compromisos legales que se deben tomar a la hora de abordar violaciones contra las leyes de la guerra.
A veces, Estados Unidos ha tomado decisiones que eran contraproducentes. Aunque encarcelar a los que activamente conspiran con el enemigo en tiempo de guerra es una buena política, el internamiento de ciudadanos japoneses por su etnia durante la Segunda Guerra Mundial fue tanto inconstitucional como sumamente destructivo de la libertad. También fue contraproducente ya que desviaba recursos y atención, costando valiosa mano de obra y perjudicando directamente la campaña de guerra. La Ley de Sedición de 1798 fue una abominación que, en todo caso, dañó el sistema político de Estados Unidos e hizo al país menos seguro. Pero Estados Unidos aprendió bien la lección de estos errores y es poco probable que los repita.
Según el memorable dicho de Benjamín Franklin: «Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para conseguir un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad». A esto se le puede agregar que aquellos dispuestos a sacrificar libertad por seguridad, al final no consiguen ninguna. La forma correcta de equilibrar seguridad y libertad es no equilibrarlas en absoluto, sino insistir en políticas que permitan maximizarlas en la medida de lo posible.
Este artículo pertenece a la serie Entendiendo qué es América.
Referencias
[1] John Jay, El Federalista Nº 3.
[2] James Madison, El Federalista Nº 51.
[3] Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer. 343 U.S. 579 U.S. Corte Suprema, 19520.
[4] Thomas Jefferson, Carta a James Monroe, 24 de Octubre de 1823.