La crisis de los derechos a beneficios

EL PROBLEMA:

Los derechos a beneficios —Seguro Social, Medicare y Medicaid— amenazan con hacer quebrar a la nación. El insostenible tsunami de gasto en estos programas se acelerará cuando 77 millones de «baby boomers» los inunden. Al contrario que otros programas del presupuesto federal, tales como defensa o la mayoría de los programas de educación, el Congreso no revisa ni aprueba el nivel de aportación de fondos de estas partidas anualmente o… nunca, sino que su aumento está en piloto automático, exacerbado por los cambios demográficos y el rápido aumento de los costos de la atención médica. Estamos llegando a un punto sin retorno en el presupuesto debido a que el gasto automático en estos beneficios acapara las prioridades nacionales. Hay diversos estudios que muestran que el panorama fiscal a largo plazo de nuestro país es uno de los peores del mundo, lo cual hace las reformas incluso más urgentes si queremos evitar la suerte de Grecia o incluso Gran Bretaña. Pero los derechos a beneficios son también un desafío moral. Simplemente, está mal hacer promesas insostenibles a los adultos de hoy encadenando a nuestros hijos y nietos con una deuda aplastante o fuertes impuestos.

LOS HECHOS:

• Gasto siempre en aumento: Sin reformas, estas programas más que duplicarán el promedio histórico del gasto federal de un 20% de la economía nacional a casi un 50% en tan sólo dos generaciones.

• Falta de control presupuestario: Estados Unidos es el único gran país que no somete estos programas a presupuestos reales o controles presupuestarios.

• Impuestos por duplicado: Subir los impuestos para pagar descontroladas promesas no es una opción. El Congreso tendría que doblar las tasas de impuestos federales sobre los ingresos personales a la próxima generación y seguir subiéndolas en un intento inútil de mantener el ritmo de gasto.

• Nuevos ingresos fiscales, nuevos gastos: Incluso si se pensase que mayores impuestos son parte de la solución, la experiencia de Obamacare y de otros programas anteriores demuestran que más ingresos fiscales simplemente animan a más gasto.

• Hipotecando nuestro futuro: La deuda de Estados Unidos excede los $13 billones, pero para cubrir los futuros costos de estos derechos a beneficios haría falta el equivalente a una hipoteca de $63 billones. La cuota de cada persona en esa hipoteca oculta supera ahora los $200,000.

LAS SOLUCIONES:

• Dígannos la verdad y arreglen la forma en que el Congreso gasta nuestro dinero: Primero que nada, la era de los derechos a beneficios debe terminar. En vez de dejar que estos programas nos lleven a la ruina en piloto automático, el Congreso debería fijar límites firmes y ejecutables para Medicare, Medicaid y el Seguro Social. Pónganse estas partidas en un presupuesto a largo plazo, digamos treinta años, y requiérase al Congreso que revise estos presupuestos con regularidad. Se deberían imponer detectores y otros mecanismos de protección para hacer cumplir los límites presupuestarios si el Congreso no actúa. Las obligaciones que imponen los derechos a beneficios deberían hacerse públicas de forma prominente en la resolución presupuestaria de todos los años. Antes de promulgar nuevos cambios importantes, el Congreso debería mostrar su verdadero costo, tomando en consideración las implicaciones presupuestarias a largo plazo. Hoy, el Congreso sólo estudia los primeros diez años. Cuando los legisladores aprueben reformas, lo que se ahorre   debería ingresarse en vez de gastárselo en otros programas.

• Arreglar Medicare: Hay que establecer un nuevo sistema Medicare con aportaciones definidas que de forma gradual nos aleje del actual sistema, caro e ineficiente, del pago por servicio prestado. Esto significa que decidamos como nación cuánto queremos gastar en lugar de las actuales promesas sin límite de gasto. Los nuevos jubilados, al igual que los empleados federales, recibirían una aportación gubernamental para comprar el seguro de salud que mejor se ajuste a sus necesidades. La aportación o “asistencia premium” tendría límites pero se revisaría periódicamente. La aportación de cada persona se ajustaría según sus ingresos y condiciones médicas básicas.

• Arreglar Medicaid: No podemos permitirnos un sistema como el actual que impone enormes costos y obligaciones sobre los estados sin financiación presupuestaria federal y que no se ajusta bien a las necesidades de pacientes o médicos. Las familias más sanas deberían poder entrar en seguros privados con su parte del dinero de Medicaid. Necesitamos cuidados orientados al paciente para que la opinión de los discapacitados, los mayores y sus familias cuenten en los cuidados y servicios que reciben. El beneficio del cuidado extendido de Medicaid se debe transformar y pasar de un derecho sin límites a un modelo basado en los principios de un seguro de cobertura privada como parte de una estrategia general que impulse el seguro de cuidado extendido.

• Arreglar el Seguro Social: Para impulsar el ahorro, necesitamos que se incluya en el Seguro Social un sistema de cuentas personales voluntarias. El sistema en su conjunto debería hacerse solvente transformando el resto del Seguro Social en un “seguro real”, centrándose en los derechos a beneficios de aquellos que realmente los necesiten en la jubilación a la vez que se fortalece la red de protección para los jubilados más pobres. A medida que los americanos tengan una vida más larga  y productiva, se debería aumentar la edad de jubilación e indexarla a futuros incrementos de la longevidad. Estos cambios deben acompañarse de incentivos como la eliminación de impuestos sobre las nóminas para los que trabajen más allá de la edad de jubilación. Otro paso importante es la indexación de ingresos pasados que se usan para calcular los beneficios del Seguro Social y el establecimiento de ajustes del costo de la vida más realistas que mejor reflejen los cambios de ese costo para los jubilados.

• Incrementar los ahorros para la jubilación: Se debe aumentar la adscripción automática por la que los trabajadores entran automáticamente en planes de ahorro para la jubilación patrocinados por las empresas – aunque se debe permitir la opción de no participar – y se debería crear automáticamente cuentas personales para la jubilación (IRA), un simple sistema de deducción en la nómina que las pequeñas empresas ofrecerían a sus empleados. Se debería motivar a los trabajadores a incluir en sus planes de jubilación productos de renta vitalicia que aseguren sus ingresos de por vida.

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