Por definición, un gobierno expandido disminuye libertades. Cualquier función que pidamos al gobierno requiere que concedamos parte de nuestra libertad y nuestro tesoro. Sin embargo, grandes segmentos de la población favorecen un gobierno ampliado, lo que significa que favorecen menos libertades. Esto se ejemplifica en nuestro deseo de regulaciones gubernamentales.
De acuerdo a una encuesta del 2012 del Pew Research Center, el 40% del público considera que regular los negocios es necesario para proteger el interés público. Entre los demócratas la proporción sube al 57% que cree que las regulaciones gubernamentales son necesarias. Generalmente, el público americano apoya abrumadoramente fortalecer regulaciones o mantenerlas como están en áreas específicas como seguridad alimenticia y protección del medio ambiente.
Desde los años 1930, comenzando particularmente con la administración de Franklin D Roosevelt, los americanos comenzaron a desarrollar la perspectiva de que la política pública debería asumir un amplio rol paternalista en la sociedad. Hoy ese paternalismo se extiende hasta la supervisión, aprobación, prohibición o control de la producción, compra, venta y consumo de cualquier producto o servicio en el mercado.
El paternalismo implica la creencia de que no se puede confiar que las personas tomen buenas decisiones, forzando a los reguladores gubernamentales a actuar. Entonces, la motivación para muchas regulaciones paternalistas son las dos convicciones de que los individuos toman malas decisiones cuando se les deja pensar por sí mismos, y que los empresarios, codiciosos, defraudan la confianza pública haciendo trampas para incrementar ganancias.
Sí, el comercio es una operación interesada que estimula y recompensa la conducta egoísta. Pero eso no conlleva que hacer negocios equivalga a explotar clientes. Al contrario, en un sistema de libre empresa competitiva las ganancias son resultado de ofrecer valores superiores a los clientes, no de explotarlos.
Las regulaciones gubernamentales conllevan la transferencia de autoridad y toma de decisiones de las personas a aquellos que tienen poder político. Muy lejano del “sistema de libertad natural” descrito por Adam Smith, donde el gobierno se restringiría a defensa nacional, policía, tribunales y un limitado número de servicios públicos. Las regulaciones gubernamentales ignoran el gran descubrimiento del siglo XVIII de que cuando las personas siguen sus criterios propios, los resultados para la sociedad son muy superiores que cuando se permite a los gobiernos dirigir nuestros asuntos.
Otra razón por la que muchos objetan la libertad y favorecen la expansión del gobierno y menos libertades es porque la libertad es fuente de desigualdades. En una sociedad libre siempre debemos esperar resultados desiguales. Consecuentemente, el pensamiento socialista argumenta que el poder coercitivo del gobierno debe utilizarse para regular forzosamente las desigualdades de ingresos.
Para el socialismo es fundamental la creencia de que la vida de la persona no pertenece al individuo, sino más bien a la comunidad o sociedad. Consecuentemente, las personas no tienen derechos propios y deben sacrificarlos al “bienestar mayor” de la sociedad. Los socialistas no ven problema en permitir al gobierno utilizar la fuerza para obtener una predeterminada distribución de la riqueza; aun cuando tal distribución solamente puede lograrse interfiriendo continuamente en nuestras libertades.
Además, una distribución igualitaria forzada de la riqueza es un objetivo inalcanzable. Incluso si fuera posible alcanzar, por un instante, una distribución deseada de riquezas, tal distribución inmediatamente comenzaría a quebrarse cuando las personas prefieran intercambiar productos y servicios con otras, o ahorrar o producir en diferentes cantidades.
Un gobierno socialista ampliado implica el principio del doble efecto identificado por Tomás de Aquino en su Summa Theológica al evaluar la justificación de un acto. El gobierno tiene el dañino doble efecto de reducir libertades. La usurpación por el gobierno de la libertad es inseparable de cualquier buen resultado que se pretenda. O como dijo el economista Jean-Baptiste Say, “…la mera interferencia [del gobierno] es un mal en sí, aun cuando sea útil…”.
Al ampliarse el gobierno nuestra libertad se debilita. Un estado paternalista, invasivo y coercitivo viola la concepción americana de sociedad justa en la cual se asegura a la ciudadanía la libertad de escoger cómo diseñar su propio futuro sin interferencia gubernamental. Cuando apoyamos expansión del gobierno estamos quejándonos de nuestra libertad.
