A comienzos de julio, el presidente estadounidense Donald Trump decidió nominar al juez Brett Kavanaugh como candidato a ocupar la plaza vacante que va a dejar en la Corte Suprema la jubilación del magistrado Anthony Kennedy. El mandatario respaldó públicamente el nombramiento de Kavanaugh, que fue asesor de la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush y formó parte del equipo legal que dirigió la investigación que estuvo a punto de resultar en la destitución del entonces jefe del Ejecutivo, Bill Clinton.
La nominación de Trump no es definitiva, puesto que el Senado deberá dar su visto bueno al candidato. Teniendo en cuenta que se acercan las elecciones legislativas, no pocos legisladores demócratas han anunciado ya su intención de convertir en un auténtico interrogatorio el proceso de confirmación del nombramiento de Kavanaugh. Si el empeño resulta infructuoso y Trump se sale con la suya, la Corte Suprema habrá apuntalado una mayoría sólida de jueces conservadores.
En clave económica, la filosofía que se desprende de las sentencias dictadas por Brett Kavanaugh apunta a una gran desconfianza hacia los excesos normativos. Podría decirse incluso que el candidato de Trump a la Corte Suprema es un «halcón» contra la sobrerregulación, especialmente contra las «leyes blandas» que aprueban las agencias gubernamentales en forma de directivas o estándares que no pasan por el Parlamento.
Kavanaugh es juez de la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia. Según recordaba recientemente el Wall Street Journal, uno de sus pronunciamientos más polémicos tuvo lugar en 2008, cuando cuestionó la legalidad constitucional de las agencias dependientes del gobierno federal, autorizadas por el Supremo en 1935 pero muy cuestionadas por la derecha por el poder que han adquirido desde los años del New Deal hasta hoy.
El juez Kavanaugh emitió en 2008 un voto particular en el que incluyó una disertación de casi 18.000 palabras referida a esta cuestión. Según el magistrado, el principio constitucional de la separación de poderes queda roto cuando ciertos aspectos socioeconómicos pasan a ser regulados por entes que no están sujetos al control parlamentario y que operan en base a «leyes blandas» que no tienen plena cobertura legal.
La Sociedad Federalista, una influyente red de jueces conservadores, se ha manifestado abiertamente a favor de esta forma de interpretar la Carta Magna de Estados Unidos. Y es que Kavanaugh forma parte de un amplio espectro de magistrados que se muestran partidarios de interpretar la Constitución de Estados Unidos con total adhesión a su significado original y huyendo por completo de valoraciones orientadas a «actualizar» su contenido.
Por su parte, los profesores de la universidad de Michigan, Andrew Martin y Kevin Quinn, han publicado un estudio en el que analizan el posicionamiento ideológico de los jueces de la Corte Suprema. De acuerdo con el mismo, el sesgo izquierdista de la corte fue muy pronunciado entre mediados de los años 50 y finales de los 70, cuando el órgano estaba presidido por Earl Warren. Sin embargo, la Era Reagan actuó como parteaguas y, especialmente desde los años 90, los pronunciamientos de la corte se han acercado más a los principios de los jueces conservadores.
En la práctica, Kavanaugh podría liderar la lucha judicial contra algunas de las regulaciones más intervencionistas de los últimos tiempos. El magistrado se ha opuesto públicamente a la Oficina de Protección Financiera que lanzó Barack Obama. También ha criticado las leyes de «neutralidad en la red» que sugirió el ex mandatario demócrata. Igualmente, ha cargado contra las «leyes anti-monopolio» o contra los poderes que detenta el gobierno a la hora de bloquear grandes procesos de fusiones empresariales. Además, tiende a manifestarse en contra de las agencias medioambientales y de los poderes especiales que se han arrogado en los últimos años.
