A medida que las aguas que trajo el huracán Harvey a Texas comiencen a retroceder, el enfoque se centrará en los costos de limpieza y recuperación.
Ya hay rumores de que el Congreso buscará aprobar un paquete de financiación de emergencia tipo «Supertormenta Sandy» que podría facilitar miles de millones de dólares en ayuda federal a las comunidades afectadas. Cada vez que ocurre un desastre natural o una crisis imprevista, hay presión sobre los legisladores para que presten auxilio.
Garantizar la salud y la seguridad de las personas directamente afectadas por la tormenta es una prioridad nacional. Sin embargo, el Congreso debe aprender de los errores del pasado y priorizar cuidadosamente cualquier financiación adicional destinada a tareas de alivio y recuperación y tomar medidas para mitigar los costos de futuros desastres dentro de las restricciones presupuestarias actuales.
Después del huracán Sandy, el Congreso aprobó dos proyectos de ley separados que destinaron $60,000 millones para las iniciativas de socorro. Todos esos fondos estaban exentos de las restricciones de la Ley de Control del Presupuesto al utilizar las designaciones de desastres y emergencias, lo que significa miles de millones de dólares adicionales en gastos deficitarios.
Los primeros $10,000 millones se obtuvieron a través del aumento de la autoridad federal de endeudamiento del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (National Flood Insurance Program). Los restantes $50,000 millones en fondos llegaron a través de un proyecto de ley de asignaciones suplementarias que distribuyó fondos por separado para más de 20 agencias federales.
El Congreso debería ser más prudente en su respuesta a Harvey.
El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones ya se está ahogando en deuda y ya le debe a los contribuyentes cerca de $25,000 millones. Este programa fomenta la construcción en áreas propensas a inundaciones, lo que en última instancia agrava el impacto de los desastres naturales.
El fin de este programa está planificado para finales de septiembre y los legisladores podrían tratar de utilizar Harvey como una excusa para presupuestar más dinero y postergar las largamente necesitadas reformas.
Es posible que se necesite autorizar endeudamiento adicional para cubrir las reclamaciones de los asegurados en áreas afectadas por Harvey, pero esto debería ir acompañado de reformas que inicien la eliminación del monopolio nacional de seguros contra inundaciones y se vaya hacia un mercado de seguros privados.
El Congreso también debe asegurarse de que cualquier dinero federal proporcionado para aliviar los estragos de Harvey realmente cumplan con los requisitos de gastos de emergencia. Esto significa que la necesidad de fondos debe ser necesaria, repentina, urgente, imprevista y no permanente.
El Congreso no logró cumplir este estándar con el huracán Sandy. Allí, sólo $17,000 millones de los $50,000 millones en fondos suplementarios fueron asignados para satisfacer necesidades inmediatas y críticas. Los restantes $33,000 millones debían financiar iniciativas de recuperación a largo plazo y mejoras en la infraestructura que ayudarían a reducir los daños causados por desastres futuros.
Mitigar el impacto de desastres futuros, cuando proceda, debería presupuestarse mediante partidas presupuestarias normales. Pero en el caso de Sandy, los legisladores aprovecharon la emergencia para saltarse la responsabilidad fiscal.
En última instancia, miles de millones de dólares en fondos destinados para el huracán Sandy fueron a parar en gastos que no tenían relación directa con la tormenta. Entre los elementos financiados por el proyecto de ley se encontraban la adquisición de mejor equipo de predicción y aviones de reconocimiento para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), programas adicionales de investigación meteorológica y subvenciones estatales y tribales para agua limpia y control de la contaminación.
Las iniciativas que ameriten financiación federal deben pagarse con total transparencia y supervisión en el proceso de asignaciones anuales, no bajo el disfraz de una «emergencia».
El Congreso debe asegurarse de que cualquier paquete de ayuda sirva para la respuesta inmediata y las iniciativas de auxilio en las áreas directamente afectadas por el huracán. Si el Congreso opta por proporcionar fondos que vayan más allá de satisfacer las necesidades inmediatas, esos dólares deberán ser totalmente compensados por reformas a otros programas y permanecer dentro del límite de gastos agregados a la Ley de Control Presupuestario.
Antes de apropiarse de nuevos fondos, el Congreso debe agotar completamente el saldo del Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA, que ya recibió $6,700 millones adicionales en financiación no cubierta por el proyecto de ley ómnibus del año fiscal 2017.
Para avanzar, el Congreso debería incorporar estimaciones de costos para desastres futuros en el proceso presupuestario anual. El Congreso también debería aumentar el umbral destinado a desastres que ameriten fondos de FEMA. Esto permitiría a FEMA retener reservas en el Fondo de Socorro en Desastres para desastres nacionales.
Los desastres deben ser presupuestados dentro de la base de financiación, excepto en casos de emergencias imprevistas, repentinas y desproporcionadas.
El Congreso puede proveer auxilio por el huracán Harvey sin que los contribuyentes paguen por otro paquete clientelista de socorro que desperdicia miles de millones de dólares y hunde al país en más deuda.
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