Vivo fuera de España desde hace tres años y, desde la distancia, veo con tristeza cómo se van cumpliendo todos los pasos para imponer la independencia de Cataluña, a costa del Derecho que a todos nos protege frente a la arbitrariedad y la imposición. Hablo a diario con personas de distintas nacionalidades que, sin maldad ni prejuicio, hablan de lo que está pasando entre risas, con la diversión que uno siente al ver que ocurre algo exótico en un lugar lejano. ¡Qué fácil es decir que los de allá lejos hagan lo que quieran, y qué pocos estarían dispuestos a algo semejante en su propio país! A todos les recomiendo la lectura de las 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña que editó la Fundación FAES hace tres años. Sigue siendo el mejor repertorio de argumentos contra las mentiras del nacionalismo.
Independencia no quiere decir lo mismo que libertad, aunque visto de lejos lo parezca. Hayek, que dedicó su vida a explorar el carácter esencialmente individual del concepto de libertad, lo escribió con enorme claridad en el comienzo de su libro sobre Los fundamentos de la Libertad: «aunque el concepto de independencia nacional sea análogo al de la libertad individual, no es el mismo, y el esfuerzo para conseguir la primera no siempre se ha traducido en un acrecentamiento de la segunda».
No hay libertad cuando se violenta el Derecho. No hablo de una ley concreta, sino del Derecho como tal, entendido como la única protección que el ser humano ha encontrado para preservar su libertad individual.
No hay derecho a que uno o muchos actúen contra el Derecho y lo quebranten, porque ello significa imponer a los demás obligaciones o privaciones no pactadas ni consentidas. Eso es lo que está haciendo el nacionalismo catalán y eso es lo que significaría imponer por la fuerza el quebrantamiento del Derecho en forma de referéndum el 1 de octubre.
¿Qué hay de malo en que voten?, dirán algunos. Lo malo es que enfrentar votos a Derecho es equivalente a aceptar que la libertad de cada uno de nosotros pueda ser erradicada de cualquier manera, simplemente llamando a muchos a que a gritos exijan sus pretensiones.
Pero —se podrá decir— de alguna manera se debería poder reclamar la independencia de un grupo de personas o la desaparición de un Estado. En efecto, tiene que existir un cauce para proponerlo. Pero no para imponerlo. Por eso el cauce es la Constitución, las reglas que una mayoría cercana a la unanimidad acordó para ordenar los elementos centrales de la convivencia. La Constitución fue aprobada por todos los españoles, y concretamente en Cataluña tuvo un 90,5% de votos afirmativos. No es una norma impuesta, ni mucho menos.
La Constitución establece un procedimiento para cuando alguien quiere proponer algo contrario a la propia Constitución, que obviamente es su reforma. Y su reforma —igualmente obvio— requiere un respaldo muy alto y, sobre todo, que todos los españoles sean oídos.
Son los derechos y libertades de cada uno de los españoles lo que está en juego en este asalto independentista del nacionalismo catalán. Es la libertad de cada individuo para seguir viviendo en el país en el que decidió vivir, con las reglas que decidió aceptar. Cada español es dueño del derecho a que España siga existiendo, y quien quiera modificar ese derecho tiene que contar con todos los españoles. «Lo que a todos afecta debe ser por todos aprobado», como dice la fórmula de Derecho romano que inspiró los primeros pasos que en la Edad Media, desde la Carta Magna hasta las Cortes de los reinos españoles, se dieron para garantizar que la libertad de cada uno no pudiera ser invadida por el poder de los demás. Así deberían haberlo planteado los nacionalistas catalanes: pedir que toda España decida sobre cómo ha de ser, o de dejar de ser, España. No lo han querido hacer porque en el nacionalismo nunca hay respeto por los individuos, sino colectivización de emociones y sentimientos, extendidos hasta el punto de que una multitud de miles de personas acepte manifestarse por las calles de Barcelona bajo el modelo coreográfico de orden y colores importado de Corea del Norte, como sucedió hace solo dos semanas.
¿Creen que la independencia catalana sería una expresión de libertad? Será porque no saben que en la Cataluña que los partidos nacionalistas llevan gobernando desde hace 37 años, con atribuciones plenas sobre la educación, está literalmente prohibido que ningún colegio público o privado enseñe en español.
¿Creen que los independentistas reclaman recursos que se les han negado? Será porque no saben que Cataluña es la más beneficiada por el sistema español de financiación de los gobiernos autónomos. A lo que hay que añadir que en los últimos años, al mismo ritmo que la Generalidad de Cataluña apretaba el acelerador independentista, también apretaba sin descanso el botón del gasto público… con cargo a deuda que ha tomado el Tesoro español: más de 66,000 millones de euros de gasto por encima de sus ingresos, asumido y pagado por todos los españoles.
¿Quieren saber cómo sería la Cataluña independiente? Miren a quienes están de facto liderando el proceso independentista: las Candidaturas d’Unitat Popular (CUP) que atribuyeron el reciente atentado islamista de Las Ramblas a «todas las formas de terrorismo fascista fruto de las lógicas internacionales del capitalismo». En este reportaje de José García Domínguez les explican su origen y trayectoria, siempre revolucionaria y cada vez que lo han querido, también terrorista. Para los que lideran la movilización callejera y política a favor del referéndum del 1 de octubre el objetivo no es la independencia, sino la revolución.
Está anunciado en la llamada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana. Una norma que equivale a una Constitución provisional, y que ha sido aprobada ¡en un solo día!, sin mayor debate ni mayor empeño por alcanzar esas reglas de unanimidad de las que hablaba James Buchanan. Allí se regula todo, desde la nacionalidad hasta los derechos individuales, pasando por la estructura del estado catalán independiente.
Lo importante de esa ley está escondido en el artículo 87, que crea un Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos. Formado: es decir, no elegido. Y ese «foro social constituyente» tiene encomendado nada menos que debatir y formular un conjunto de preguntas sobre los principios y cuestiones generales de la futura Constitución catalana, las cuales constituirán «un mandato que vincula políticamente a la Asamblea constituyente».
Quienes lideran el independentismo catalán han aprendido del modelo de Hugo Chávez: un poder constituyente no elegido que atrapa a los individuos y los colectiviza política y emocionalmente. No hay derecho, sencillamente no hay derecho.
Leonard Liggio lo resume muy bien cuando dice que »la autodeterminación tiene sentido, no como concepto colectivo, sino como concepto individualista». No hay más libertad si se arranca la independencia de Cataluña de esta manera. Habrá menos libertad, porque no quedará Derecho que nos proteja. Será un estado más pequeño, y tal vez por eso a algunos les parezca mejor, pero no hay derecho a condenar a nadie a vivir en un pequeño estado totalitario.
