Imaginemos un estado de anarquía total, donde no existen leyes; donde impera la ley del más fuerte. Es evidente que en estas condiciones es muy difícil que los habitantes de esta región puedan vivir en paz y prosperidad. Sin ley existe propiedad privada, o mejor dicho, cualquier título de posesión es efímero y amparado exclusivamente en la fuerza. En estas condiciones no vale la pena hacer una huerta o criar una vaca, porque cualquiera puede “robar” los frutos del trabajo ajeno. En estas condiciones no vale la pena realizar ningún trabajo o inversión cuyos réditos no sean inmediatos. No sirve sembrar si otros van a cosechar y lo más conveniente es cosechar lo que ya se ha sembrado o existía siempre. Estamos imaginando aquí una conglomeración de humanos en un estado casi salvaje, en ausencia de una sociedad organizada.
El individuo crea al Estado, para escapar de esta situación. Los individuos se reúnen en comunidad y crean sociedades con ciertas normas morales y éticas. La formalización de este proceso crea al Estado. Por lo tanto, la función principal de un Estado es la aplicación y cumplimiento de estas normas, que vienen a convertirse en leyes. Un Estado puede dejar en manos privadas la construcción de carreteras, de colegios, de hospitales, de fábricas, sin dejar de perder su esencia, pero si deja de administrar justicia deja de ser Estado.
La administración de justicia es la función principal de un Estado de ciudadanos libres. Y la principal función de la administración de justicia es proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Acudimos a la justicia cuando otro nos ha causado un daño, para resarcir ese daño. Cuando la sociedad se rige por leyes, y existe un ente externo e imparcial encargado de administrar justicia, los individuos ya no necesitan ser los más fuertes o los más armados para proteger sus bienes y sus vidas. Por ello, un requisito indispensable para generar paz y prosperidad es un sistema judicial imparcial, transparente, estable y confiable. Bajo esta perspectiva, podemos calificar a los Estados fallidos, como aquellos donde el sistema de justicia no reúne estas condiciones. Donde la gente no confía en el sistema formal y toma la justicia por manos propias, donde los juicios los gana quien tiene más dinero o mejores conexiones para corromper al juez, donde la ley favorece al rico, donde la ley discrimina de acuerdo a razas o géneros, o condición socioeconómica, donde la ley se convierte en un instrumento de opresión de los poderosos de turno, entonces existe un Estado fallido.
Un sistema judicial que imparte justicia de manera imparcial es la característica de una sociedad civilizada. Por contraste la degradación de la justicia conduce a una sociedad hacia ese estado salvaje donde domina el más fuerte.
