A comienzos del mes en curso, Nicaragua llevó a cabo elecciones parlamentarias, a los efectos de elegir candidatos para 153 escaños para el parlamento.
El Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FMLN, el partido oficialista) se hizo de 135 de las bancas en disputa, quedando apenas 18 en manos del espectro de oposición. La novedad deposita a los izquierdistas en control de la presidencia, de la asamblea nacional, del sistema judicial, y de oficinas en gobiernos locales.
Mientras que los observadores electorales internacionales detectaron debilidades en el sistema electoral de la pequeña nación centroamericana, ellos no concluyeron que se registrara fraude decisivo alguno en los comicios. Pero la oposición política no coincide con esa visión.
Las tensiones de vieron potenciadas cuando eun partido indígena de oposicón, Yatama, desafió los resultados electorales. En la ciudad costera de Bilwi, los manifestantes opositores dieron inicio a una ola de saqueos a comercios, incendiando dos granjas y puestos de trabajo del ministerio de parques, de acuerdo al General Francisco Díaz -funcionario senior de las fuerzas de policía.
Adicionalmente, se registraron incidentes violentos en 13 municipios distintos en todo el país, pero los peores hechos de violencia se registraron en Bilwi. El gobierno de Nicaragua desplegó fuerzas especiales de la policía, que pusieron fin a los incidentes con el empleo de gases lacrimógenos. Como resultado del choque entre fuerzas policiales y manifestantes, siete manifestantes fueron asesinados, setenta resultaron heridos, y nueve casas y dos oficinas gubernamentales resultaron dañadas por el fuego.
Queda claro que el presidente Daniel Ortega busca derribar a la democracia nicaragüense, llevándola por el mismo sendero que Venezuela. De manera legítima, Ortega triunfó en las elecciones de 2006 pero, desde entones, ha manufacturado ‘victorias’ en cada ciclo electoral. En 2008, Ortega eliminó la posibilidad de competir para dos candidatos de la oposición, y prohibió que observadores internacionales evaluasen los comicios. En 2009, modificó la constitución, con la meta de erradicar todo límite presidencial existente -aún cuando la carta magna de esa nación explicita claramente que solo la Asamblea Nacional posee la potestad para ejercitar esa modificatoria.
Las elecciones presidenciales de 2011 en Nicaragua dejaron como resultado otra ‘victoria’ del líder izquierdista; allí, nuevamente, los observadores internacionales anunciaron una serie de ‘irregularidades’. Al acercarse su reelección en 2016, Ortega fue aún más lejos, y designó a su esposa como vicepresidente, aún cuando el Artículo 147 de la Constitución de Nicaragua lo prohíbe de manera explícita.
En junio de 2016, Ortega exigió la remoción de 27 miembros de la oposición de la Asamblea Nacional. Ortega forzó a la Corte Suprema para que ésta descalifique a Eduardo Montealegre, aspirante opositor -lo cual le impidió participar de un comicio municipal. Esta recurrente manipulación del proceso electoral motorizó a que una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) designe una comisión observadora. Naturalmente, la crisis en Venezuela domina la atención de los medios, mucho más que lo que sucede en el resto de América Latina. Pero, en los Estados Unidos, los legisladores han comprendido que algo debe hacerse en relación a Nicaragua.
En 2016, la Cámara de Representantes aprobó el Acta Condicional para Inversiones en Nicaragua (Nicaraguan Investment Conditionality Act, NICA), y el Senador Ted Cruz (Republicano, Texas) introdujo el Proyecto respectivo en el Senado. La propuesta estipula que el gobierno de los Estados Unidos de América no respalde crédito alguno para Nicaragua de parte de instituciones financieras internacionales, a menos que esa nación lleve adelante ‘elecciones libres, justas y transparentes’, deje de acometer abusos contra los derechos humanos, y ofrezca transparencia fiscal. Esta suerte de políticas podrían ayudar a confrontar el autoritarismo de Daniel Ortega.
Aún cuando el congreso estadounidense ha propuesto proyectos legislativos como NICA y similares, queda mucho por hacer. El Departamento de Estado americano dio a conocer un comunicado el 8 de noviembre pasado, en el que ‘condena la violencia post-electoral, lamenta la pérdida de vidas, y promueve a que tenga lugar una investigación que lleve a los responsables ante la justicia, conforme se han visto involucrados en irregularidades a lo largo de éste proceso electoral’. Hace a los intereses de los Estados Unidos la preservación de una verdadera libertad democrática en la América Latina. Estados Unidos porta consigo esta obligación para el Hemisferio, así como también pelear por que se realicen comicios justos en Nicaragua.
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