Una de las claves para que se reduzca la pobreza en un país es que hayan condiciones e incentivos para que la gente emprenda negocios. La pobreza no se disminuye sistemáticamente con bonos y subsidios estatales, sino con trabajo. Y para que haya trabajo tienen que haber empresas y mientras más empresas hayan, más trabajo habrá, más competencia, mejores sueldos para los trabajadores, más y mejores productos para los consumidores y una mejora general en el nivel de vida de la población.
Al igual que la educación, donde existe un consenso en la sociedad según el cual, la condición económica de una persona, no debería ser un impedimento para recibir una educación básica y por tanto, un niño debería poder ir a la escuela sin importar si es pobre o rico, de igual manera una persona debería poder iniciar un negocio, sin importar si tiene o no dinero. Con esto no quiero decir que el Estado deba subvencionar a las empresas, ni mucho menos, pero sí debe hacer todo lo posible para no perjudicar ni poner trabas a los emprendedores. El requisito indispensable para iniciar un negocio es tener una buena idea, estar dispuesto a tomar riesgos y trabajar duro. El capital inicial para un negocio también es importante, pero precisamente los mercados financieros, cuando funcionan adecuadamente, canalizan recursos hacia los proyectos productivos. Y el Estado debe procurar alivianar el difícil camino de un emprendedor, imponiéndole la menor cantidad de trámites y costos.
Si queremos que más gente salga de la pobreza y la informalidad, debemos facilitar la formación de empresas y la formalidad. Lamentablemente en mi país, Bolivia, abrir una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es un lujo que no está destinado para los pobres. Según el informe Doing Business 2017 del Banco Mundial, en Bolivia se requieren 14 trámites con un tiempo aproximado de 45 días y un costo promedio de 1,710 dólares. Tal costo equivale al 54,1% del PIB per cápita boliviano. Es decir una persona que gana el PIB promedio (y hay quienes ganan menos) tendría que ahorrar más de medio año de salarios, sólo para conseguir los fondos necesarios para abrir una SRL.
Si queremos ayudar a los pobres, hagámosle la vida más fácil al momento de emprender. Reducir el número y el costo de trámites es algo que puede hacerse sin comprometer las líneas ideológicas de los partidos políticos, sin estudios sofisticados ni perjuicios sustantivos a las arcas del Estado, lo único que se requiere es la voluntad política de hacerlo.
