La economía de Puerto Rico entró en una delicada situación a lo largo de 2015. Su gobierno, sumido en una crisis fiscal de primera magnitud, empezó a contemplar la posibilidad de declararse en quiebra. El gobernador de la isla compareció en agosto ante los medios y afirmó que la deuda asumida es «impagable».
Por aquel entonces, las nóminas de los empleados se llevaban la mitad de los ingresos recaudados en impuestos. Además, el gasto público era un 15% superior a larecaudación, alimentando un fuerte aumento del endeudamiento. Semejante desbarajuste hizo que un grupo de expertos liderado por la economista Anne Krueger se desplazase a San Juan para estudiar una posible salida. Su respuesta fue demoledora: o Puerto Rico reducía un 20% el gasto público o terminaría en bancarrota.
Pese al aumento de la demanda inducido por la falta de austeridad del gobierno insular, la cruda realidad es que apenas el 40% de la población adulta de Puerto Rico tenía empleo en 2015, mientras que el resto de la población se debatía entre el mercado negro, el subempleo, el paro o la indigencia.
Ya entonces se puso encima de la mesa la posibilidad de desanclar el salario mínimo de los estándares estadounidenses, pero Washington no dio el paso y, en consecuencia, sigue siendo ilegal trabajar por menos de 1,159 dólares mensuales, un umbral significativamente elevado para el nivel de desarrollo puertorriqueño. También se habló entonces de abolir las leyes de cabotaje, que limitan la entrada de barcos a aquellos que sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense. Se estima que las importaciones son un 20% más caras como consecuencia de estas normas, pero Estados Unidos sólo se ha abierto a una derogación parcial y temporal de dichos dictámenes.
Ante semejante panorama, no sorprende que Puerto Rico terminase declarándose en quiebra el pasado mes de mayo de 2017. Aunque los acreedores llegaron a acordar un recorte del 80% en los pagos de los intereses de al deuda, la isla fue incapaz de superar los desequilibrios fiscales acumulados durante décadas. Aquello no solo fue un golpe a la economía puertorriqueña, sino que también indujo un notable pánico financiero en otros territorios de ultramar que también atraviesan dificultades, caso de las Islas Vírgenes, Samoa, Guam…
Pero, si acaso la situación no era lo suficientemente desesperada, el pasado año estuvo marcado por una catástrofe humanitaria de primera magnitud: el devastador impacto de los huracanes Irma y María, que golpearon a Puerto Rico entre agosto y octubre. El primero de ellos dejó a las ínsulas de Culebra y Vieques en una situación desastrosa y, además, cortó el acceso al suministro eléctrico de más de un millón de personas. El segundo fue aún más duro y generó pérdidas cercanas a los 90,000 millones de dólares, suficiente para convertirse en el tercer ciclón tropical más costoso de la historia.
Es difícil saber cuánta gente ha abandonado la isla desde entonces. Sólo en los últimos meses de 2017, el número de pasajeros puertorriqueños que reservaron un vuelo de ida a Estados Unidos sin asegurarse también un pasaje de vuelta ascendió a 179,000. El Centro Hunter estima que este éxodo va a continuar en 2018 y 2019, hasta dejar a la isla sin 470,000 habitantes o, lo que es lo mismo, el 14% de su población. Florida es el destino predilecto, con Orlando como ciudad de cabecera de la nueva diáspora.
Se da la paradoja de que, desde el año 2006, hay más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla. Mientras que la población de Puerto Rico ha caído al entorno de los 3 millones y a la baja, el número de puertorriqueños residentes en Estados Unidos supera ya el umbral de los 5.4 millones de personas.
