Ciudadanos por nacimiento o por elección de una patria común, esta tierra tiene derecho a que todos vuestros afectos se concentren en ella. El gentilicio AMERICANO, que os corresponde por condición nacional, siempre debe suscitar el justo orgullo patriótico, superior a cualquier otro nombre derivado de distinciones locales.
—George Washington
Por la naturaleza misma de los principios sobre los cuales se establece, Estados Unidos –más que cualquier otra nación en la historia– atrae a su territotio a los oprimidos, a los perseguidos y a todos aquellos “que anhelan respirar en libertad”. Sólo con muy contadas excepciones, América siempre ha acogido a los inmigrantes que vienen a este país honradamente, con ética de trabajo y aprecio por la libertad, buscando las promesas y las oportunidades del Sueño Americano.
Al mismo tiempo, también está presente la legítima preocupación de que grandes cantidades y concentraciones de ciudadanos extranjeros así como las ideas e influencias que traen consigo a esta nación, exacerba el riesgo de conflicto entre distintas facciones y sectores y mina en potencia la cultura cívica, las instituciones republicanas y la identidad nacional que es vital para el libre gobierno en Estados Unidos.
La solución tradicional para este conflicto aparentemente insalvable y la clave de la singularmente exitosa experiencia inmigratoria de Estados Unidos tienen que ver con una política deliberada y asertiva de asimilación patriótica: Dar la bienvenida a los recién llegados mientras que se insiste en que aprendan y abracen la cultura cívica y las instituciones políticas de Estados Unidos, de modo que se forme una nación hecha de muchos pueblos. Mientras que hay muchas diferencias de opinión respecto al número total de inmigrantes y del proceso usado para venir a este país, el punto en el que hay un amplio consenso bipartito es que los que vengan aquí deben convertirse en americanos.
El aplastante resultado de esta política de asimilación, a través del curso de la historia americana, ha significado el fortalecimiento de nuestro capital social, la contínua expansión de nuestra economía y la renovación constante de nuestro objetivo nacional. Estados Unidos ha sido bueno para los inmigrantes y los inmigrantes han sido buenos para Estados Unidos. Y como tal, ahora que se debate el tema nuevamente, es imprescindible reavivar esa misma política que ha permitido que la inmigración americana funcione y regresar a la dura y noble tarea de hacer ciudadanos.
La segunda Tierra Prometida
La Revolución Americana y su experimento de gobierno republicano dieron renovado significado al concepto del Nuevo Mundo como escape del Viejo. Thomas Paine, un inmigrante recién llegado cuando escribió Sentido Común en 1776, denominó a América como “el asilo de los perseguidos amantes de la libertad civil y religiosa de todos los rincones de Europa”. Pensar en América como refugio político no era nada nuevo para la población de Nueva Inglaterra; sus antepasados puritanos habían emigrado para escapar de la persecución religiosa. Ahora el asilo político era parte de la idea misma de nación. George Washington escribió en 1785: “Dejen que los pobres, los necesitados y los oprimidos de la Tierra y aquellos que quieren tierra, recurran a los fértiles llanos de nuestro país occidental, la Segunda Tierra Prometida y que allí moren en paz, cumpliendo el primer y gran mandamiento”.
Los Fundadores se esperaban y miraban de buen grado un gran flujo inmigratorio. Escribía Benjamín Franklin a John Jay desde París en 1777: “Los que viven a merced de un poder arbitrario, aprueban no obstante la libertad y la desean”. Y proseguía el fundador: “[C]asi se mueren de deseperación por recuperarla en Europa; ellos leen en éxtasis las traducciones de nuestras constituciones individuales; y hay tal cantidad de personas por todas partes que hablan de establecerse en América, con sus familias y fortunas, tan pronto como la paz y nuestra independencia se asienten, que se cree en general que tendremos un prodigioso aumento de fuerza, riqueza y arte proveniente de las emigraciones de Europa. De hecho, la Declaración de Independencia citaba como uno de sus agravios contra Jorge III el que ‘se hubiese esforzado en evitar que se pueblen estos estados; para ese propósito, obstruyendo las leyes de naturalización de extranjeros [y] negándose a pasar otras para fomentar su migración hacia aquí’”. También existía la expectativa de que los mejores inmigrantes aumentarían el capital moral del creciente país, trayendo consigo las cualidades necesarias para el funcionamiento del gobierno libre. América prometía ventajas “para aquellos decididos a estar sobrios, ser trabajadores y miembros virtuosos de la Sociedad”, decía Washington en 1788 a un holandés con el que mantenía correspondencia. Y agregaba: “no hace falta disimular que el saber que éstas son las características generales de tus compatriotas sería una razón primordial para considerar su llegada como una valiosa adquisición para nuestros incipientes asentamientos”.
La libertad económica y la perspectiva de prosperidad también serían un gran estímulo, agregando población y riqueza material a la nueva nación. Aunque muchos de los que inmigraron al principio eran europeos que, al no tener dinero para pagar su pasaje a América, aceptaban a cambio ser criados ligados por contrato durante un tiempo, sin derecho a escoger el trabajo o el amo de su preferencia (indentured servants) o los que sí podían escoger (redemptioners), también hubo una progresiva afluencia de mano de obra calificada y de artesanos entre ellos. En su Informe sobre las Manufacturas (1791), Alexander Hamilton precisaba que los hombres de negocios son renuentes a mudarse de un país a otro, a menos que sea “por ventajas muy obvias e inmediatas”. Él creía que, debido a mejores precios, materiales más baratos, impuestos más bajos, menos regulación y mayor independencia personal, la nueva nación pronto se convertiría en un paraíso para los muchos empresarios y capitalistas del mundo. Hamilton predijo que, muy probablemente, comerciantes y fabricantes “acudirían en masa desde Europa a Estados Unidos para dedicarse a sus propios oficios o profesiones, si se les hiciera entender las ventajas de las que disfrutarían y se les inspirara con una certidumbre de estímulo y empleo”.
El flujo anual de recién llegados a la joven república era de aproximadamente un cuarto de un 1% de la población. No se guardaron expedientes oficiales hasta 1820, pero las estimaciones ponen la inmigración total en alrededor de 250,000 personas desde 1783 hasta 1815 en una época en la que la población pasó de más de unos dos millones a ocho millones y medio. Después del Tratado de Versalles, anualmente llegaba un promedio de 6,000 personas subiendo hasta las 10,000 a finales del siglo XVIII. La inmigración comenzó a disminuir con las Guerras Napoleónicas, hasta casi detenerse por completo con la Guerra de 1812.
“La Providencia ha tenido a bien conceder este país cohesionado a un pueblo unido” escribió John Jay en El Federalista II. Un pueblo que desciende de los mismos antepasados, hablando el mismo idioma, profesando la misma religión, ligado a los mismos principios de gobierno, con maneras y costumbres muy similares y que, por obra conjunta de sus consejos, armas y esfuerzos, luchando hombro a hombro a lo largo de una larga y sangrienta guerra, ha establecido noblemente su libertad general y su independencia.
Es bastante cierto ya que los inmigrantes en su mayoría eran protestantes de Europa del Norte y de Europa Occidental, pero según los estándares de la época, era un grupo multicultural. Los primeros y más numerosos inmigrantes europeos fueron los ingleses. Luego vinieron los holandeses, los suecos, los galeses, los hugonotes franceses, seguidos por importantes números de palatinos alemanes y escoceses-irlandeses. Desde el principio, diversos pueblos se sumaron al núcleo de la herencia inglesa, convirtiendo a la nación en un mosaico cultural de idiomas, costumbres y tradiciones.Había incluso una cierta inmigración de negros libres provenientes de las Antillas en el siglo XVIII, aunque la mayoría de negros llegó aquí como esclavos. Para 1790, cuando se hizo el primer censo, sólo el 60% de la población descendía de los ingleses, mayormente inmigrantes de segunda o tercera generación; el 40% no era de ascendencia inglesa.
Una nueva teoría de ciudadanía
Antes de la Revolución Americana, el concepto predominante sobre la lealtad provenía del sistema feudal que se había desarrollado en la Europa medieval, basada en la idea de la lealtad absoluta al soberano reinante. “La lealtad natural es tal que se la deben todos los hombres nacidos dentro de los dominios del rey inmediatamente al nacer” escribía William Blackstone en sus Comentarios sobre las leyes de Inglaterra. “Porque inmediatamente al nacer, están bajo la protección del rey… La lealtad natural es por tanto una deuda de gratitud que no se podía perder, cancelar o alterar, por cualquier cambio de tiempo, lugar o circunstancia….” Todos los habitantes nativos, nacidos en el reino eran automáticamente parte de una relación perpetua de lealtad entre rey y súbdito, análoga a la relación entre padre e hijo. Y una vez que se era súbdito –no ciudadanos, después de todo, se estaba sujeto a la voluntad del regente absoluto– se era súbdito para siempre.
La forma de entender la lealtad desarrollada por los Fundadores americanos tenía un punto de partida muy distinto. En lugar de asumir que la base de la obligación cívica fuese alguna antigua pretensión de derecho divino o de poder absoluto, su argumento comienza con derechos naturales iguales y el consentimiento, según se indica en la Declaración de Independencia: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los Hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad”. Todos son iguales ya que cada uno posee derechos fundamentales que existen por naturaleza. Se instituye el gobierno legítimo para asegurar los derechos fundamentales, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Como diría posteriormente Thomas Jefferson: “La humanidad no ha nacido con sillas de montar en la espalda, ni tampoco unos cuantos privilegiados con botas y espuelas listos para montarlas legítimamente, por la gracia de Dios”. Esta nueva base de obligación cívica no crea soberanos y súbditos sino ciudadanos iguales que gobiernan y son gobernados a la vez. El requisito del consentimiento y el objetivo práctico del autogobierno son los que crean las condiciones morales de la ciudadanía.
Es necesario subrayar la importancia de la libertad religiosa en este argumento, tanto en la teoría como en la práctica. En el Viejo Mundo, las diferencias religiosas eran, en el mejor de los casos, toleradas y a menudo las religiones de las minorías eran perseguidas. Los Fundadores intentaron abordar el conflicto entre las exigencias de la Iglesia y el Estado –y evitar las batallas religiosas resultantes que habían teñido de sangre al continente europeo– por tanto la autoridad de la Iglesia se eliminó por completo de la autoridad del Estado. Esta separación doctrinal no significa que la religión esté subordinada a la política, como algunos afirman; de hecho, permite y alienta cierta mezcla de religión y política. Pero sí significa que la legitimidad de Estados Unidos no depende de la verdad de ninguna fe religiosa en particular (por tanto, nada de iglesias establecidas) y que las personas pueden rendir culto libremente según el dictado de su conciencia (libertad de culto). En términos de obligación cívica, la libertad americana significa que los derechos, los privilegios, los deberes, y las responsabilidades son extensibles a todos los ciudadanos sin importar las diferencias religiosas.
La naturalización – la idea del extranjero que se convierte en ciudadano al igual que si fuera por naturaleza, basándose en el consentimiento recíproco y voluntario del inmigrante y de los ciudadanos de la nación anfitriona – es completamente coherente con la teoría política de la fundación americana y lógicamente deducible de la misma. Las personas tienen derecho natural a emigrar de su patria, pero eso no les da derecho a inmigrar a este país sin el consentimiento del pueblo americano según lo expresado en las leyes de Estados Unidos.
Pero con ese consentimiento, el concepto de naturalización funciona de forma distinta que en otros países: Mientras que un extranjero puede inmigrar a Francia o a Alemania pero nunca llega a ser verdaderamente francés o alemán, un extranjero de cualquier herencia étnica o procedencia racial puede inmigrar a Estados Unidos y convertirse en americano en toda la extensión de la palabra. Semejante transformación es posible en América porque la apertura misma de libertad a diversas procedencias y diferencias de opinión, incluyendo opiniones religiosas, emana de principios políticos compartidos (y permite que se haga hincapié en ellos) haciendo posible ante todo el gobierno libre. Poco después de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos, como parte de una serie de mensajes a diversas denominaciones religiosas, George Washington escribió una carta particularmente hermosa dirigida a la Congregación Hebrea en Newport, Rhode Island. En ella, Washington explica – a una de las minorías y grupo inmigrante más perseguido de la historia – el inconfundible entender americano de la relación entre libertad y ciudadanía:
Los ciudadanos de Estados Unidos de América tienen derecho a felicitarse por haber dado a la humanidad ejemplos de una política ampliada y liberal, una política digna de ser imitada. Todos poseen por igual libertad de conciencia y las inmunidades de la ciudadanía.
Ahora ya no se habla de la tolerancia como si se dependiera de la indulgencia de una clase de gente para que otra disfrute del ejercicio de sus derechos naturales inherentes, ya que, felizmente, el Gobierno de Estados Unidos, que no avala el fanatismo ni apoya la persecución, solamente pide que los que vivan bajo su protección se comporten como buenos ciudadanos, otorgándole en todo momento su apoyo a todos los efectos.
Lo que implica esta nueva teoría de ciudadanía es, de hecho, algo revolucionario: Todos los ciudadanos, por nacimiento al igual que por naturalización, poseen libertad civil y religiosa por un inherente derecho natural y el único requisito para la protección de esos derechos es ser un buen ciudadano y ser fiel al gobierno constitucional americano.
Política revolucionaria y confederal
Durante la Revolución Americana, había una cierta preocupación porque había extranjeros en importantes cargos militares. Washington, entre otros, estaba preocupado con la cantidad de extranjeros – como el marqués de Lafayette de Francia, el Barón von Steuben de Alemania y el Conde Pulaski de Polonia – en el cuerpo de oficiales, no porque fueran inferiores o poco fiables, sino porque ellos podrían debilitar la moral y la cohesión de las tropas en general.
Washington exigió a todo oficial que prestara un juramento renunciando a su lealtad al rey Jorge III y en el que prometía su fidelidad, no a George Washington, sino a Estados Unidos. Los soldados del Ejército Continental, fuesen nativos o inmigrantes, juraban “ser fiel a Estados Unidos de América y a servirlo honesta y fielmente”. La mayoría de las nuevas constituciones de los estados incluía elaborados juramentos que exigían lealtad y facilitaban un resumen de los principios constitucionales básicos que inspiran el constitucionalismo americano.
De acuerdo a los Artículos de la Confederación, el asunto de la ciudadanía y la naturalización de inmigrantes dependía de cada estado. Pensilvania permitía que cualquier extranjero “de integridad personal” que jurase fidelidad al estado adquiriera propiedades y, después de un año de residencia, se convirtiera en un ciudadano con “todos los derechos de una persona nacida en este estado”. Nueva York siguió el modelo de Pensilvania y agregó un requisito para que los extranjeros renunciaran toda lealtad a cualquier príncipe extranjero. La ley de naturalización de Maryland exigía una declaración de “fe en la religión cristiana” y un juramento de lealtad. En Carolina del Sur, la naturalización completa requería por lo menos dos años de residencia y una ley especial de la legislatura. Las leyes de Georgia eran las más cautas respecto a los inmigrantes. Durante la Revolución, una medida exigía el certificado de un juez del circuito o del condado de su último lugar de residencia para demostrar “su vínculo con las libertades o la independencia de Estados Unidos de América y también de su honradez, probidad y diligencia”. Si se les aprobaba, los inmigrantes eran declarados ciudadanos libres del estado. Esto se cambió más adelante exigiendo siete años de residencia y una ley especial de la legislatura estatal. En otra muestra de inquietud, la ley de Georgia consideraba a cualquier ciudadano menor de 16 años como residente extranjero a su regreso a Estados Unidos si estudiaba más de tres años en el exterior.
Aunque variaba en puntos específicos, la política de las colonias reflejaba muchos supuestos comunes. Se esperaba que los inmigrantes juraran lealtad a su nuevo país. Generalmente, se les exigía abandonar todos sus vínculos políticos previos. Las colonias a veces exigían prueba de integridad personal y la mayoría lo consideraba un requisito general. Casi todas las colonias exigían un período de residencia para obtener la ciudadanía.
El único grupo que se oponía estaba compuesto de delincuentes convictos que eran transportados en masa desde Inglaterra. Rufus King advertía desde Londres que semejantes inconformes nunca podrían ser ciudadanos útiles ya que sus “principios y costumbres serían perniciosos para el orden y la diligencia de nuestro pueblo”. El Congreso Continental, actuando bajo los Artículos de la Confederación, recomendó a la legislatura local que detuvieran esa marea en 1788. Incluso entonces, la práctica continuó, llevando a Franklin a proponer que cada nave inglesa que llegase a un puerto americano estuviera obligada para llevar de vuelta a Gran Bretaña por lo menos a un criminal por cada 50 toneladas de mercancía entregada. Y comentaba en Pennsylvania Gazette que: “Los delincuentes que [Gran Bretaña] ha plantado entre nosotros han experimentado un aumento tan asombroso que ahora podemos hacerles amplios envíos del mismo activo”.
Inmigración y la Constitución
La carencia de una ley uniforme de naturalización era una de las muchas debilidades de los Artículos de la Confederación, así que no es de extrañar que no hubiera objeción a dar este poder adicional al Congreso. James Madison se encargó de que se incluyera en el Artículo I, Sección 8 de la nueva Constitución: “El Congreso tendrá el poder… de establecer una regla uniforme para la naturalización”. En El Federalista XXXII, Alexander Hamilton sostenía que el poder de establecer “una regla uniforme para la naturalización… obligatoriamente tiene que ser [un poder] exclusivo; porque si cada Estado tuviera facultad para prescribir una regla distinta, no podría existir una regla uniforme”. El Congreso legisló una regla exclusiva en 1795 y la Corte Suprema la ratificó en 1817 (Chirac v. Lessee).
En la Convención Constitucional se dio un animado y esclarecedor debate sobre la elegibilidad de los inmigrantes extranjeros para cargos federales. Elbridge Gerry quería restringir esa capacidad a los que hubiesen nacido en Estados Unidos, mientras que Gouverneur Morris y Charles Pinckney abogaban por un período de prueba de al menos 14 años antes de ser elegible. George Mason estaba completamente a favor de “abrir las puertas a los emigrantes”, pero no deseaba permitir “que extranjeros y aventureros hicieran leyes y nos gobernaran”. De hecho, si no hubiera sido debido a los incontables inmigrantes que habían hecho méritos en la Revolución, él también habría estado a favor de “restringir la elegibilidad en el Senado para los nativos”.
Otros delegados mucho más numerosos criticaron apasionadamente esta posición. James Wilson, nacido en Escocia, sabía por experiencia “el desaliento y la mortificación [que los inmigrantes] que estarán sintiendo al ver la degradante discriminación que ahora se propone”. Franklin se opuso a tal falta de liberalidad y sostuvo que cuando un extranjero muestra su preferencia por América, “es una prueba de apego que debería despertar nuestra confianza y afecto”. Madison quiso mantener el “carácter de liberalidad” de los gobiernos estatales e “invitar a extranjeros de valía y con principios republicanos [a estar] entre nosotros”, mientras que el nativo de las Antillas, Hamilton, hablaba de atraer europeos respetables que “estuvieran al mismo nivel que los Primeros Ciudadanos”. Al final, estas opiniones prevalecieron y la Constitución exigió un período razonable de ciudadanía para los inmigrantes que aspirasen a la legislatura federal: siete años para la Cámara de Representantes y nueve años para el Senado. Esto tenía por objeto asegurarse que el legislador “se haya desconectado por completo de los prejuicios y costumbres inherentes al hecho de haber nacido y educádose en el extranjero” según escribiría posteriormente Madison en El Federalista.
La única limitación explícita de los posibles derechos de los inmigrantes era que solamente el ciudadano por nacimiento o que al menos fuese residente en el momento de la adopción de la Constitución podría ser presidente de los Estados Unidos. El Congreso Continental, a pedido de Thomas Jefferson y John Adams, había promulgado un decreto para que se usara solamente a ciudadanos por nacimiento como cónsules en países extranjeros. John Jay, por entonces Superintendente de Asuntos Exteriores, le escribió a Washington durante la Convención Constitucional exhortándolo a “ser sabio y oportuno en el buen control de la admisión de extranjeros en la administración de nuestro gobierno nacional; y para declarar expresamente que el [puesto de] Comandante en Jefe del Ejército Americano no será dado, ni recaerá en nadie que no sea ciudadano por nacimiento”. Como explicaría después el magistrado de la Corte Suprema Joseph Story en sus Comentarios sobre la Constitución, la frase no es antiinmigrante sino antitiranos, ya que “corta todas las oportunidades a los extranjeros ambiciosos que de otra manera podrían estar intrigando para conseguir el cargo”.
No fue hasta después de la aprobación de la Décimocuarta Enmienda, después de la Guerra Civil, que la Constitución (revocando en parte Dred Scott v. Sanford) aclaró y garantizó el estatus de ciudadanía de ex esclavos determinando que: “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta por ello a tal jurisdicción, es ciudadana de Estados Unidos y del Estado en que resida”. Esto creó dos condiciones para la ciudadanía: nacer o naturalizarse en Estados Unidos y estar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos que en ese momento en particular significaba, citando a Lyman Trumbull, presidente del Comité Judicial del Senado en esa época: “no debiendo lealtad a nadie más [sino] sujeto a la completa jurisdicción de Estados Unidos”. Fue en 1898 (en el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark, revirtiendo la propia interpretación de la Corte) que la Corte Suprema reinterpretó esta cláusula incorrectamente para querer decir que las personas nacidas en Estados Unidos son automáticamente ciudadanas de Estados Unidos sin importar el requisito jurisdiccional.
Las primeras leyes de naturalización
La primera ley de naturalización aprobada por el Congreso en 1790 fue corta e iba al grano: Cualquier “persona blanca libre” que hubiera residido dentro de los límites y bajo la jurisdicción de Estados Unidos por dos años podría presentarse a cualquier tribunal de derecho competente y, demostrando ser “una persona íntegra” y haciendo un juramento para defender la Constitución de Estados Unidos, convertirse en ciudadano de Estados Unidos. Dejando de lado la reprobable referencia a la “persona blanca libre”, una clasificación intricada con la controversia mucho más grande sobre la esclavitud en Estados Unidos, se trata de una política asombrosamente inclusiva. De hecho, la única prohibición absoluta respecto a la migración hecha durante la era de la fundación entró en vigor el 1 de enero de 1808, cuando, en el primer momento posible permitido por el Artículo I, Sección 9 de la Constitución, el Congreso proscribió el comercio de esclavos.
Sin embargo, sería incorrecto concluir que la política formal en ese entonces era la de una inmigración “abierta”. Hasta mediados del siglo XIX, los niveles de inmigración seguían siendo relativamente bajos y puesto que del asunto se encargaban los estados y las localidades (sobre todo concurridas ciudades portuarias como Nueva York), los detalles de la inmigración eran de poco interés federal. Lo que era de gran interés y se convirtió en el foco del primer debate del Congreso fue la naturalización y las condiciones bajo las cuales los extranjeros podían convertirse en americanos.
La ley de 1790 estableció tres requisitos básicos para la naturalización: Residencia, integridad personal y lealtad. El debate legislativo se centró sobre todo en la residencia. El representante Madison explicaba que: “No hay duda que podríamos, y deberíamos, exigir la residencia como parte esencial”. Madison no quería excluir a buenos candidatos para la ciudadanía, pero tampoco quería renunciar a ese privilegio. La residencia es “requisito absoluto” decía Theodore Sedgwick de Massachusetts, ya que “los prejuicios o la educación [de los inmigrantes] adquiridos bajo gobiernos monárquicos y aristocráticos podría hurtarles el entusiasmo por [querer] solamente el republicanismo”. Michael Jenifer Stone de Maryland explicaba que esa residencia debe ser lo suficientemente larga para asegurarnos “primero, que [el inmigrante] haya tenido la oportunidad de conocer las circunstancias de nuestro [sistema de] gobierno y en consecuencia, habrá aceptado la verdad de los principios que sostenemos. Segundo, que le haya tomado el gusto a esta clase de gobierno”. Por el momento, resolvieron el asunto exigiendo dos años de residencia.
En 1795, el Congreso amplió el requisito de la residencia a cinco años, aclaró e hizo hincapié en los requisitos de la integridad y la lealtad. En la ley, se puso particular énfasis en varias ocasiones en un juramento de ciudadanía. El aspirante debe jurar no solamente “que defenderé la Constitución de Estados Unidos,” sino también “que renuncio absolutamente y por completo y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera”. Este lenguaje es el eje del Juramento de Renuncia y Lealtad que siguen jurando todos los nuevos ciudadanos hasta hoy. La ley de 1795 también requiría que, durante el tiempo de residencia (o de “prueba” como algunos lo han denominado), el aspirante debe haberse “comportado como un hombre íntegro, suscribir los principios de la Constitución de Estados Unidos y estar bien dispuesto al buen orden y la felicidad de Estados Unidos”. Éstos siguen siendo requisitos para obtener la ciudadanía de Estados Unidos.
Había amplio respaldo para estos puntos entre todos los partidos. El representante Sedgwick pensaba que tal política “frenaría la admisión de extranjeros en cantidades que podrían ser peligrosas para nuestras instituciones políticas” pero “no excluiría a personas de mérito que pudieran estar deseosas de aprender el oficio que podría calificarlos para asumir el carácter y desempeñar los deberes de ciudadanos americanos”. William Giles de Virginia pensaba que esto “evitaría esas comunicaciones venenosas desde Europa, de las que los caballeros estaban tan temerosos”. Aunque reconocía que simplemente profesar lealtad es algo intrínsecamente imperfecto, Madison no obstante concluyó que él “no desearía tener a un ciudadano que se negara a prestar tal juramento”. Además, se preguntaba “qué puede ser más razonable que exigir a [los inmigrantes] su renuncia a todo lo sea contrario al espíritu de la Constitución”.
Al final, el debate puso en claro que la verdadera preocupación, así como la solución a largo plazo, era educar a los ciudadanos, tanto a los naturalizados como a los nacidos en el país. John Page de Virginia pensaba que “nada [era] más deseable que ver el buena orden, la virtud pública y genuina moralidad, conformando el carácter de los ciudadanos de Estados Unidos; porque sin moralidad, de hecho, sin un sentido general de la religión, un gobierno republicano no puede prosperar, no, no puede existir durante mucho tiempo”. Él confiaba en “que una constitución tan admirada y con leyes tan íntegras, será un estímulo para que muchos hombres buenos se conviertan en ciudadanos, y que, si hombres malos vinieran a estar entre nosotros, éstos se sentirían reprobados por la clase más virtuosa de ciudadanos, y si fuese necesario recaería sobre ellos el peso de la ley”. Page “esperaba que pronto se establecieran buenas escuelas por todos los estados y que, por lo tanto, esa sensatez y virtud se propagarían de manera generalizada entre nosotros y así los emigrantes no podrán corromper nuestras formas”.
Mientras que “la sensatez y la virtud” persistieran sólidamente entre los americanos, el proceso democrático atenuaría la posible influencia de principios extranjeros en la opinión doméstica. Fisher Ames de Virginia apuntaba que una vez que “los hábitos de los inmigrantes al igual que sus intereses se integren a los nuestros, podríamos dejar que los lleven en el corazón o que renuncien a los importados prejuicios y locuras de su elección. La opinión pública debe evitar el peligro de que [esos prejuicios] se propaguen entre nuestros propios ciudadanos, si hemos de dejar que el error y el prejuicio prevalezcan o fracasen ante la verdad y la libertad de indagación”.
Recelos iniciales
Las lecciones que da la experiencia templaron no obstante el entusiasmo de los Fundadores por la inmigración y su optimismo sobre el gobierno republicano. Sabemos por El Federalista que estaban intensamente conscientes de los muchos problemas a los que habían tenido que hacer frente las “pequeñas repúblicas” de la historia antigua. Resulta que uno de esos problemas era la inmigración y lo fácil que era conseguir la ciudadanía. Hamilton observaba que: “Entre otros casos, se sabe que casi nada contribuyó más a la caída de Roma que su precipitada transmisión de los privilegios de ciudadanía a los habitantes de Italia en general. ¿Y qué decir de Siracusa, terriblemente azotada por sediciones perpetuas, cuando, después del derrocamiento de los tiranos, se aceptó repentinamente a una gran cantidad de extranjeros dándoles plenos derechos de ciudadanía?”
Sin embargo, las preocupaciones que tenían nunca se tradujeron en restricciones generalizadas. El desafío era corregir los fallos de regímenes anteriores y proporcionar un remedio republicano a los males que más afectaban al gobierno republicano. Respondiendo a un grupo de inmigrantes irlandeses, decía Washington: “El pecho de América está abierto para recibir no solamente a los extranjeros opulentos y respetables, sino a los oprimidos y perseguidos de todas las naciones y religiones; a quienes daremos la bienvenida para que participen de todos nuestros derechos y privilegios si, por su decencia y conducta apropiada, dieran muestras de merecer su disfrute”.
Un problema intrínseco a la inmigración es que tiene el potencial de que la opinión pública se vea expuesta a a la influencia extranjera y de incitar tentativas foráneas para manipular la política americana. “La influencia extranjera es en verdad el caballo de Troya para una república”, pensaba Hamilton. “Toda prudencia es poca para excluir su ingreso”. La gente libre tiene que estar “constantemente alerta” ante “las insidiosas artes de la influencia extranjera”, aconsejaba Washington en su Discurso de Despedida; la influencia foránea en el gobierno de la nación, “basta para desviarla de sus obligaciones e intereses”. Jefferson predijo que el resultado de “hundirnos en las disputas de las naciones europeas” significaría la ruptura de la Unión.
Tanto la posibilidad de la influencia extranjera como su prevención dominaron los debates de política exterior de la década de 1790. Los federalistas temían el ascenso del jacobinismo y la difusión de las ideas políticas radicales que fueron la base de la Revolución Francesa. Los republicanos sospechaban de los “inmigrantes monárquicos” – la nobleza fugitiva – huyendo del derrumbamiento del ancien régime. En 1798, durante la presidencia de John Adams, la publicación de la correspondencia del caso XYZ llevó al Congreso a incrementar el requisito de la residencia de cinco a catorce años, un paso al que Hamilton se referiría posteriormente como “una medida temporal adoptada bajo extrañas circunstancias”.
Al mismo tiempo, el Congreso también aprobó la infame Ley de Extranjería y Sedición que los republicanos creían injustificable e inconstitucional. La menos notoria Ley de Extranjería, que autorizaba al presidente a expulsar de Estados Unidos a todos los residentes extranjeros considerados como un peligro para la paz y la seguridad pública o a los sospechosos de tendencias “traicioneras o secretas”, expiró en 1800 sin siquiera haberse hecho cumplir. Sin embargo, la Ley de Extranjería no pasó desapercibida, provocó protestas entre varios grupos étnicos, especialmente los irlandeses. Cuando lo eligieron presidente en 1800, debido en gran parte al voto inmigrante, Jefferson quiso librarse completamente del requisito de residencia. El Congreso, convencido de que el requisito de residencia seguía siendo un elemento clave de la naturalización, rebajó la exigencia hasta los cinco años nuevamente y allí se ha quedado desde entonces.
El problema más profundo
En el fondo, había una preocupación más profunda. Lo que Hamilton temía en última instancia no era el soborno y la presión directa generalmente asociada con la influencia extranjera, sino la posibilidad de que las opiniones extranjeras llegaran “bajo el patrocinio de nuestras pasiones, bajo los auspicios del prejuicio y la parcialidad nacionales”. El problema más profundo, según los Fundadores, era que al inyectar ideas, maneras y hábitos foráneos en la conciencia pública, la inmigración minaría la cohesividad y el sentido de comunidad que ellos consideraban vital para el éxito del gobierno popular. Había dos soluciones para este dilema: restricción o asimilación. De acuerdo con sus propias experiencias y profundas convicciones así como consecuentes con los principios de constitucionalismo americano, los Fundadores eligieron lo segundo como más propicio para la libertad del republicanismo.
Tome en consideración a los primeros inmigrantes alemanes, que para 1790 constituían el 8% de la población de la nación y era el grupo étnico no inglés más grande de América. En Pensilvania, los alemanes constituían todo un tercio de la población. Franklin publicó allí el primer periódico alemán, Philadelphische Zeitung, en 1732. Para 1753, cuando Franklin escribió sobre la comunidad, había numerosos periódicos e imprentas en alemán. Los anuncios y los letreros de las calles estaban en inglés y en alemán. Era necesario tener intérpretes para traducir los documentos jurídicos en alemán permitidos en cortes coloniales y Franklin se preocupó al ver que pronto también harían falta en la Asamblea del Estado “para decirle a una mitad de los legisladores lo que decía la otra mitad”. Franklin temía que finalmente hubiera tantos alemanes que con “todas las ventajas que tenemos, en mi opinión, no podremos conservar nuestro idioma e incluso nuestro gobierno estará en una situación precaria”.
Con todo, eso no sucedió. En 1794, el Congreso rechazó una propuesta para traducir leyes federales al alemán. Los intentos de alcanzar estatus oficial para el idioma alemán en las escuelas y en las cortes de Pensilvania, como cuando la nueva constitución del estado se debatió en 1837, fracasaron de la misma forma. Los inmigrantes de habla alemana se adaptaron finalmente a su nuevo idioma. Lo mismo sucedió con los ocupantes francófonos de Luisiana cuando en 1811, el Congreso puso como condición que para ser estado (en la legislación firmada por James Madison) todas las leyes, expedientes y procedimientos se promulgasen en el idioma de las leyes de Estados Unidos. Aunque las masas de inmigrantes venidos posteriormente establecieron sus propias comunidades étnicas, los grupos inmigrantes fueron perdiendo constantemente su particularidad y cohesión. Los vínculos lingüísticos y nacionalistas de los inmigrantes se rompieron especialmente con la llegada del sistema escolar público durante la década de los años 1820 y la de los años 1830.
Una estrategia para los asentamientos
Aunque la amplia adopción del idioma inglés tuvo mucho que hacer con la asimilación de la primera generación de inmigrantes, no basta por sí misma para explicar el desarrollo de una nacionalidad americana independiente. Franklin, por ejemplo, no abogó por la restricción de la inmigración o la criminalización de idiomas extranjeros; más bien, él abogó por la dispersión de los inmigrantes entre las muchas colonias. “Todo lo que me parece que debemos hacer es distribuirlos más parejamente, mezclarlos con los ingleses, establecer escuelas inglesas donde ahora estén demasiado concentrados”. Él no estaba de forma alguna contra la admisión de alemanes a Estados Unidos, pero estaba preocupado por su integración en la sociedad. “No estando acostumbrados a la libertad, no saben hacer un uso modesto de ella”. Lo que convertía esta empresa en algo difícil era que la diferencia del idioma hacía “casi imposible borrar cualquier prejuicio que pudieran tener”.
El desafío no era el idioma en sí, sino la labor más grande de la formación cívica, en la que el idioma era un elemento importante. Como Jefferson solía precisar, los inmigrantes ingleses tenían muchas más cosas en común con los americanos que el idioma. A excepción de su herencia monárquica, poco se diferenciaban de la población existente y, llegados a este punto, ya estaban “lo suficientemente dispuestos a adoptar la nuestra”. Al mismo tiempo, los inmigrantes no ingleses, como alemanes, franceses y holandeses, no compartían la misma herencia o tradiciones con los ingleses, ni siquiera el uno con el otro. Este hecho hacía más difícil que estos inmigrantes prohijaran una predisposición americana y familiaridad con las instituciones políticas americanas.
Aún peor, estos inmigrantes tendían a establecerse juntos en grandes grupos, conservando por algún tiempo sus propios vínculos en lugar de mezclarse con el resto de la población. Jefferson pensaba que “ellos deberían dispersarse de forma espaciada entre los nativos para amalgamarse más rápidamente”. Washington también apoyaba la idea de la diversidad inmigrante; al establecerse en grupos, los inmigrantes “conservarían su idioma, los hábitos y los principios (buenos o malos) que traigan consigo. Mientras que al mezclarse con nuestra gente, ellos o sus descendientes, conseguirían asimilar nuestras costumbres, reglas y leyes: en resumidas cuentas, pronto llegarían a ser un pueblo”.
Sin embargo, no había preferencias o desdén por unas personas sobre otras y los Fundadores se preocupaban por la concentración extranjera de inmigrantes ingleses y no ingleses. Ni tampoco se hizo intento alguno de conservar la principal etnia de la población. En 1785, por ejemplo, aunque el asentamiento organizado de inmigrantes ingleses en los territorios del Oeste sería un amortiguador entre los indios y la población establecida, Washington se opuso porque ellos “podrían estar trayendo consigo fuertes prejuicios contra nosotros y nuestra forma de gobierno así como vínculos igualmente fuertes con el país y la constitución que dejan atrás, sin los medios para que los erradiquen, ya que están alejados y sin haberse mezclado con ciudadanos de otro sentir”.
Haciendo ciudadanos
No obstante, simplemente mezclar a la población inmigrante tampoco bastaba. Jefferson expresó este punto en sus Notas sobre el Estado de Virginia. Por una parte, su amor por la libertad lo impulsaba a acoger a las víctimas de la tiranía. Por otra parte, le preocupaba “¿[e]l presente deseo de América? de producir rápidamente una población a través de una importación tan grande como fuera posible de extranjeros”. A Jefferson le preocupaba que al conceder la ciudadanía a los extranjeros de forma demasiado fácil, la nueva nación se expondría a los principios políticos y al carácter de Europa:
Traerán consigo los principios de los gobiernos que dejan atrás, absorbidos en su temprana juventud; o, si fueran capaces de desterrarlos, será a cambio de una permisividad ilimitada, pasando, como si fuera lo usual, de un extremo a otro. Sería un milagro que lograran detenerse precisamente en el punto de una libertad mesurada. Estos principios, junto con su idioma, será lo que transmitirán a sus hijos. En proporción a su cantidad, compartirán con nosotros la legislación. Infundirán su espíritu en ella, deformarán y sesgarán su dirección, y la convertirán en una masa heterogénea, inconexa, dirigida.
Hamilton, el acérrimo enemigo político de Jefferson y jefe del Partido Federalista sostenía opiniones similares:
La seguridad de una república esencialmente depende de la energía de un sentimiento nacional común; en una uniformidad de principios y hábitos; en la exclusión de sesgo y prejuicios extranjeros en los ciudadanos; y en ese amor por su país que casi invariablemente estará muy conectado con el nacimiento, la educación y la familia. La opinión presentada en Notas sobre Virginia es sin duda correcta, que los extranjeros generalmente se inclinarán por traer consigo vínculos con las personas que han dejado atrás; con el país de su nacimiento; y con sus costumbres y maneras particulares. También tendrán opiniones sobre el gobierno compatibles con aquellas bajo las que han vivido; o si pasaran de allí a preferir las nuestras, ¿cuán extremadamente inverosímil es que traigan consigo ese amor mesurado por la libertad, tan esencial para el verdadero republicanismo?
Aunque reconociendo la inevitable –y deseable– diversidad de opinión que resultaría de la inmigración, los Fundadores entendían que hacía falta una cierta uniformidad de opinión sobre América y los principios fundamentales de la Revolución. Como dijo Hamilton, la política en materia de inmigración debe esmerarse “por posibilitar que los extranjeros se libren de sus vínculos foráneos y adquieran vínculos americanos; que aprendan los principios y se imbuyan del espíritu de nuestro gobierno; y que den entrada, al menos, a la filosofía de sentir un verdadero interés por nuestros asuntos”. La diversidad no aseguraría el grado de unidad que completaría el proceso de asimilación, convirtiendo el pluribus en unum. La única solución al problema, coherente con nuestros propios principios de autogobierno republicano, sería que los inmigrantes adquirieran por sí mismos las cualidades y las convicciones fundamentales del republicanismo, convirtiéndolos en ilustrados amigos de la libertad y participantes en el experimento común americano de autogobierno.
Asimilación patriótica
La teoría americana de ciudadanía necesita que las palabras “inmigración” y “asimilación” estén ligadas a nuestro léxico político y estrechamente conectadas en términos de política pública: Donde esté la una, debe estar la otra.
Una política de homogeneidad – la completa desintegración de las diferencias culturales para crear semejanza – exige demasiado y requiere una uniformidad que es impracticable, yendo más allá de lo que es necesario y propicio para un gobierno libre. Un ideal tan poco realista hace que la inmigración, en la teoría y en la práctica, sea virtualmente imposible. El multiculturalismo, en el otro extremo, es inaceptable por la razón opuesta: Afirma que todas las culturas (así como todos los valores) son igualmente válidas; no puede haber nada sustancialmente en común entre los americanos porque lo único que los une es su diversidad. Con este argumento, cualquier idea de ciudadanía que vaya más allá de su significado técnico más estrecho, implicando la existencia o la formación de un credo común, es censurable porque impone nuestros valores a otros. Al final, la idea misma de lealtad, especialmente nacional o patriótica, es problemática. En el mejor de los casos, todos somos ciudadanos transnacionales del mundo.
Cada una de estas opiniones – lo que viene a ser determinismo cultural, por una parte y relativismo cultural por otra – es incompatible con el autogobierno y el Estado de Derecho. Ambos niegan a un pueblo la posibilidad de tener principios comunes a pesar de sus diferencias culturales.
Es la asimilación – la idea de adquirir ciertos hábitos y actitudes al mismo tiempo que se respetan otras diferencias, de ser similar en lo decisivo pero no en todo – la que es coherente con el criterio americano tanto de la igualdad humana como del consentimiento popular y, por consiguiente. de la libertad civil y religiosa. La asimilación no tiene nada que ver con obligar a una sofocante uniformidad de opiniones y pasiones a los inmigrantes. Ni tampoco se trata de destruir los legados étnicos y las identidades culturales de los diversos grupos y subculturas que han sido siempre parte de la experiencia americana. A lo que sí apela es a los principios comunes y al entendimiento mutuo que trascienden esas diferencias y que nos aglutina como pueblo. De hecho, mantener lo que tenemos en común es lo que permite que el florecer de nuestras diferencias y evita que el crisol americano de culturas se convierta en un hirviente caldero de multiculturalismo.
No obstante, esta compatibilidad en principio, augura cierto grado de incertidumbre en la práctica; de ahí el desafío de la educación inmigrante. Esto se debe a que la progresión de extranjero a ciudadano es más un cambio de mentalidad y de corazón que una simple actividad o un kit replicable de aptitudes. Como resultado, aunque la asimilación se debe alentar y fomentar, y aunque ciertos elementos significativos pueden y se deben exigir en el proceso de naturalización, en última instancia no se puede obligar a la asimilación. También es una cuestión de consentimiento; al final, los inmigrantes tienen que escoger convertirse en americanos. Este punto se ve respaldado por el hecho de que, aunque el Estado tiene ciertas responsabilidades clave, muchas de las actividades más importantes asociadas con la asimilación ocurren por sí mismas, más allá del alcance del Estado, como si fuera alguna “mano invisible” de la sociedad civil americana.
Es responsabilidad de los legisladores fijar los parámetros legales y crear las mejores condiciones para una exitosa integración de los inmigrantes en la sociedad. Los componentes básicos que hacen falta para esa política están claramente delineados en este análisis sobre la lectura inicial de la teoría y práctica de ciudadanía y naturalización.
Un proceso de naturalización lleno de significado: Los que no son ciudadanos no tienen derecho a la residencia o nacionalidad americana sin el consentimiento del pueblo americano según lo expresado en las leyes de Estados Unidos. A través de sus leyes, el pueblo de Estados Unidos da su consentimiento para que los extranjeros formen parte del país, bajo ciertas condiciones, como residentes y en muchos casos como compatriotas. El Congreso tiene la responsabilidad constitucional tanto “para establecer una regla uniforme de naturalización” que ponga los términos y las condiciones de inmigración y ciudadanía como para asegurar la imparcialidad y la integridad del proceso legal por el que los inmigrantes entran al país, establecen su residencia y logran la ciudadanía. Las leyes de naturalización deben ser equitativas y deben hacerse cumplir de forma consecuente, especialmente por consideración a los que obedecen la ley y siguen las reglas impuestas para entrar en el país.
Al mismo tiempo, esta autoridad también se debería ver como una oportunidad para llenar de significado el proceso de naturalización, haciendo hincapié en el papel que tienen las leyes y el proceso a la hora de formar ciudadanos de “integridad moral, que suscriben los principios de la Constitución de Estados Unidos y están bien dispuestos al buen orden y la felicidad de Estados Unidos” como especifica la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto puede lograrse enfatizando los aspectos educativos, ceremoniales y simbólicos de la naturalización por encima de las meras eficacias técnicas del proceso burocrático. Un renovado énfasis acerca de los términos de la ciudadanía también exige volver a pensar y clarificar los límites de la ciudadanía, tanto en nuestra retórica política como dentro de la ley; esto incluye abordar el creciente problema de la doble nacionalidad y su “lealtad dual” así como las condiciones bajo las que los ciudadanos naturalizados (e incluso los ciudadanos por nacimiento) violan esos términos y pueden ser expatriados.
Un entendimiento de los principios del gobierno libre: “Cada especie de gobierno tiene sus principios específicos” observaba Jefferson. “Los nuestros, quizá, son más peculiares que los de cualquier otro en el universo”. La educación cívica se da sobre todo en casa y a través de la enseñanza escolar. Sin la ventaja natural de haber nacido y crecido en este país, como asunto de política pública, se deberá educar a los inmigrantes específicamente en la historia, las ideas políticas y las instituciones de Estados Unidos. Deberán saber quiénes somos y en lo que creemos como pueblo y nación. Deberán saber que el gobierno legítimo se funda en la protección de los derechos naturales iguales y en el consentimiento de los gobernados – los principios de la Declaración de la Independencia – y deberán entender y apreciar cómo la Constitución y nuestras instituciones de gobierno limitado funcionan para proteger la libertad y el Estado de Derecho.
Es por eso que, por ley, los candidatos a ciudadano deben demostrar “un conocimiento y un entendimiento de los temas fundamentales de la historia, los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos”. Este conocimiento se demuestra en un exámen de historia que los nuevos ciudadanos deben pasar; es una prueba que se debería reevaluar y reforzar con esta meta en mente; igualmente, los inmigrantes deberían prepararse para la prueba con materiales educativos y clases. Como decía el gran educador Noah Webster, el objetivo es implantar en la mente “los principios de la virtud y la libertad e inspirarlos con ideas justas y liberales del gobierno y con un adhesión inquebrantable hacia su propio país”. La historia fomenta adhesión y la adhesión – una condición previa necesaria para mantener el compromiso cívico – fomenta patriotismo. Pero como nos recuerda el firmante de la Constitución, James Wilson: “la ley y la libertad no pueden convertirse de forma racional en objetivos de nuestro amor, a menos que primero se conviertan en objetivos de nuestro conocimiento”.
Un idioma común: Alexis de Tocqueville observaba que: “De todos los vínculos que pueden unir a los hombres, el vínculo del idioma es quizá el más fuerte y duradero”. El gobierno republicano y la libertad ordenada – por no mencionar la articulación de los principios políticos comunes – requieren comunicación clara, deliberación mutua y educación cívica, y eso exige que los ciudadanos compartan un idioma común. El inglés es ese idioma en Estados Unidos. Esto no implica necesariamente que el inglés sea la lengua oficial o exclusiva de la nación, pero sí quiere decir que es necesario que el inglés sea el idioma primordial y autoritativo, particularmente en el debate público y político así como en las leyes, expedientes y procedimientos del Estado.
Para comprender el proceso de naturalización, integrarse en la sociedad americana y llegar a comprometerse con nuestra democracia, los inmigrantes deben aprender, entender y ser capaces de comunicarse en inglés. Por tanto, los candidatos a la ciudadanía deben demostrar “comprensión del idioma inglés, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar con palabras en uso común en el idioma inglés”. En lugar de promover que conserven su lengua materna con programas como la educación bilingüe, debería haber incentivos y programas que ayuden a los inmigrantes a aprender inglés. El objetivo debería ser forjar una nación de personas de habla inglesa: “[C]onservar la uniformidad del idioma a lo largo y ancho de nuestro extensísimo país; [lograrlo] sería en sí mismo un objetivo digno de la atención del público”, puntualizaba John Marshall.
Instituciones comprometidas que forjen el carácter: La característica que define la identidad nacional de América son sus principios, pero a esa identidad la sustenta una sociedad civil próspera. Desde sus inicios, el credo y la cultura de América han evolucionado conjuntamente, sustentándose mutuamente por el bien común. Por tanto, no es de extrañar que los candidatos a la nacionalidad americana deban demostrar que “han sido y siguen siendo moralmente íntegras”. En la ley, esta condición se define por lo que imposibilitaría ser una persona moralmente íntegra: estar habitualmente ebrio; ser jugador o polígamo; haber sido condenado o admitir haber cometido un crimen de inmoralidad manifiesta; dedicarse a la prostitución, contrabando o tráfico de drogas; dar falso testimonio o no pagar la manutención de hijos menores de edad. Hace falta una infraestructura social sana y solidaria para mantener y fortalecer la integridad en las personas. Así, una de las mejores maneras de ayudar a los inmigrantes es fortalecer e involucrar a las instituciones confesionales y privadas de la sociedad civil, tanto directa como indirectamente, en favor de la integración.
Debería preocuparnos que grandes cantidades de inmigrantes de un mismo país, hablando el mismo idioma extranjero y con muchos de los mismos hábitos, vivan en enclaves aislados de la sociedad americana. Después de todo, es la dispersión de los grupos inmigrantes entre la población – no la mezcla en sí, sino sus interacciones cotidianas con ciudadanos americanos oriundos – lo que hace que su efecto político sea menos discorde y su integración más probable. Es a través de sus vecinos, amigos y compatriotas – en comunidades locales, iglesias, escuelas y organizaciones privadas, por no mencionar el lugar de trabajo y los simples intercambios económicos – donde los inmigrantes absorben los hábitos, las costumbres y el espíritu de los americanos, fortaleciendo sus virtudes, ética de trabajo y responsabilidades sociales. La educación cívica en particular se fortalece a medida que los inmigrantes observan y luego participan en la vida política americana, viendo la igualdad ante la ley y el consentimiento aplicado a la política local, estatal y nacional. De esta forma, como Washington predijo, los inmigrantes “asimilan nuestras costumbres, reglas y leyes: en resumidas cuentas, pronto se convierten en un pueblo”.
Oportunidad económica: Aunque no es de extrañar que la mayoría de personas y familias que inmigran a Estados Unidos vengan buscando la oportunidad económica (“inspirados con una certidumbre de estímulo y empleo” como pronosticó Hamilton), no se debería pasar por alto que la oportunidad económica – empleo estable, mejores ingresos domésticos, flexibilidad laboral, ser propietario, poder escalar socialmente – también es un factor importante a la hora de una exitosa integración de los inmigrantes a la sociedad americana. Los frutos del trabajo duro y del espíritu emprendedor en pro de la mejora de las condiciones personales y familiares, combinados con las oportunidades largamente asociadas con la búsqueda del Sueño Americano, todo muy bueno en sí mismo, tienen la virtud añadida de aprovechar el interés personal de los inmigrantes para ligarlos a su nuevo hogar – la consecuencia inmediata de su libertad económica – y ayudar a contrarrestar las diferencias sociales entre inmigrantes y nativos.
De esta manera, el comercio proporciona el elemento inicial de la adhesión, aunque siga siendo así debido a “la ausencia de móviles más altos” por utilizar la formulación de Madison en El Federalista LI. Por su propio bien, y el nuestro, lo mejor que podemos hacer por los nuevos ciudadanos no es ofrecerles caridad pública sino una mano amiga que los ayude a escalar socialmente. También hay que cerciorarse de que los inmigrantes no se vean arrastrados a las filas de la clase baja (especialmente los inmigrantes pobres y los trabajadores no calificados) a causa de los incentivos perversos del Estado del Bienestar moderno y su política de actuación que ahuyentan la confianza en uno mismo, la cohesión familiar y la independencia económica.
Lealtad a la nación: “Ciudadanos por nacimiento o por elección de una patria común, esta tierra tiene derecho a que todos vuestros afectos se concentren en ella”, según nos recuerda Washington. La palabra “ciudadano”, que proviene del latín civis y del griego polis, se asocia con la afiliación y la participación en una sociedad política específica, como ciudad-estado, organización política o, en la actualidad, nación. Por definición, la ciudadanía americana está limitada a Estados Unidos; por tanto, convertirse en ciudadano de Estados Unidos necesariamente implica lealtad de primer orden al régimen americano o a su orden político. Lealtad es la obligación que tienen los ciudadanos con el país que los protege y asegura sus libertades individuales y derechos fundamentales. En Estados Unidos, la lealtad ciudadana proviene específicamente de una profunda adhesión y deferencia, no a líderes políticos o a un cierto Estado abstracto, sino a la Constitución y al Estado de Derecho.
Esto se ve en el solemne juramento de los nuevos ciudadanos en el que se afirma: “que renuncio absolutamente y por completo y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o del cual haya sido sujeto o ciudadano antes de esto; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América contra todo enemigo, extranjero y nacional”; y “que profesaré verdadera fe y lealtad hacia el mismo”. Como culminación del proceso de naturalización (el momento en el que se hace el juramento es cuando el extranjero se convierte en ciudadano), la importancia y el considerable significado de estas palabras históricas son incalculables. No solo se debería promulgar el juramento, enseñar su significado en el proceso de naturalización y que los nuevos ciudadanos se atengan al compromiso contraído, sino que el concepto de lealtad se debe promover como parte central de la retórica pública de la ciudadanía. Citando una vez más a Washington: “ Todos poseen por igual libertad de conciencia y las inmunidades de la ciudadanía”. No obstante, Estados Unidos “solamente exige que aquellos que vivan bajo su protección se comporten como buenos ciudadanos, otorgándole en todo momento su apoyo efectivo”.
Haciendo patriotas
Bajo estas condiciones, un proceso eficaz de naturalización tendría como objetivo crear nuevos ciudadanos que entiendan los principios del gobierno libre, hablen un idioma común, reflejen integridad y virtud cívica y tengan un verdadero interés personal en el éxito económico de Estados Unidos. En consecuencia, los inmigrantes se convertirían en algo más que meros habitantes que viven en comunidades aisladas. Serían americanos, extrayendo primordialmente su identidad nacional de Estados Unidos, incluso aunque conservaran el idioma y la cultura de sus antepasados. Serían ciudadanos en todo el sentido de la palabra, debiéndole fidelidad a su nueva patria, compartiendo los derechos políticos de su gente, mereciendo su protección, disfrutando del derecho a – y felicitándose por – los privilegios y oportunidades del gobierno libre.
La asimilación no es necesariamente patriótica en el sentido que no solamente potencia, por usar la frase de Hamilton, “ese amor mesurado por la libertad, tan esencial para el verdadero republicanismo”, sino también una genuina adhesión a este país y a esta gente. El objetivo no es “tenga o no razón, es mi país”, sino “mi país” sin más. Esto quiere decir que el inmigrante llegue a ver esta nación como mi país. La meta es un patriotismo ilustrado que se base en un compromiso con Estados Unidos, en un entendimiento de Estados Unidos, lo que representa y quiénes somos como pueblo.
Igualmente, la asimilación es patriótica ya que refleja nuestra autoconfianza nacional y es una medida de nuestro compromiso con América. ¿Cómo podemos esperar que el inmigrante ame a Estados Unidos si nosotros mismos no la amamos, si no nos esforzamos en hacerla digna de afecto? El reavivar y profundizar nuestro entendimiento de la nacionalidad y fortalecer las condiciones para la formación cívica es una manera de recordar a todos, nativos e inmigrantes por igual, por qué este régimen – sus principios y sus leyes, su historia y sus estadistas, su significado y su promesa – es bueno y digno de defenderse. Es en este sentido que una política de asimilación exige tanto o más de los americanos como de los que quieran llegar a ser americanos.
A fin de cuentas, una política asertiva para integrar a los inmigrantes debe verse como parte de un renacer aún mayor de nuestros principios, una reafirmación de lo que nosotros sostenemos como evidente. Después de todo, no es tanto el requisito técnico de ratificar una colección singular de afirmaciones históricas lo que ata a los inmigrantes a América sino nuestro reconocimiento común de las trascendentales verdades lo que nos unen a todos y a través de tiempo a los patriotas de 1776.
En 1858, menos de tres años antes del estallido de la Guerra Civil y la crisis más grave de nuestra historia, Abraham Lincoln reflexionaba sobre el significado de ciudadanía y la adhesión natural de un pueblo a la tierra de sus antepasados. Pero ¿qué decir de aquellos “cuyos ancestros vinieron aquí y se establecieron aquí”? ¿Por qué deberían sentirse unidos a un pasado distante con el que no tienen ninguna conexión oriunda?
Lo que Lincoln dijo entonces de todos aquellos que no eran descendientes de sangre de los Fundadores, que equivale a decirlo prácticamente de todos hoy en día, conlleva un mensaje dirigido a todos nosotros:
Si echan la vista atrás a través de esta historia para rastrear su vinculación con esos días por virtud de la sangre, se encuentran con que no la hay, que no pueden regresar a esa gloriosa época y sentir que son parte nuestra, pero cuando echan un vistazo a esa vieja Declaración de Independencia, descubren a esos hombres viejos diciendo: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales” y luego sienten que esa convicción moral enseñada en esos días evidencia su relación con aquellos hombres, que es padre de todo principio moral en ellos y que tienen derecho a reclamarla como propia, como si fueran sangre de la sangre y carne de la carne de los hombres que redactaron esa Declaración – y claro que lo son. Ése es el cable eléctrico en esa Declaración, es el que concatena los corazones de los patriotas y amantes de la libertad, que seguirá concatenando esos corazones patrióticos siempre que el amor por la libertad exista en las mentes de los hombres en todo el mundo.
© Heritage.org (Versión en inglés)
© Libertad.org (Versión en español)
