¿Esto es Estados Unidos? Durante 2009, hemos visto un nuevo gobierno y Congreso haciendo el esfuerzo conjunto de otorgar al gobierno federal un poder expansivo sobre casi todos los sectores de nuestra economía. Las encuestas muestran que el pueblo estadounidense no está conforme con este enfoque abarcativo del gobierno ni con el impacto que tendrá en el futuro del país. Esa sospecha se manifiesta especialmente en lo que respecta al calentamiento global.
El mes pasado, un funcionario anónimo de la Casa Blanca declaró a Fox News que si el Congreso no aprueba la legislación de cap and trade (sistema de derechos de emisión), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) “va a tener que regular este tema”. Y agregó que “no va a poder regular en virtud del mercado, así que va a tener que regular mediante políticas de mando y control, lo cual probablemente generará una incertidumbre aún mayor”. Esa incertidumbre y el impuesto energético de facto que llega de la mano de la regulación referente a gases de efecto invernadero crearán un clima económico destructivo y finalmente causarán una disminución del consumo.
Vale la pena revisar cómo fue que llegamos a este punto alarmante. En 2007, la Corte Suprema le indicó al gobierno de Bush que no podía eludir el asunto de si los gases de efecto invernadero ponían en peligro la salud pública y, por tanto, debían ser regulados mediante la Ley de Aire Puro (CAA, Clean Air Act). Desafortunadamente, muchos autores de políticas, incluso algunos del gobierno anterior, se tragaron el cuento de que la Corte impuso la reglamentación de los gases de efecto invernadero. Pero no es cierto. No obstante, el Gobierno de Bush estableció el proceso normativo que finalizó el Gobierno de Obama y así se creó el marco para que la EPA regule casi todo lo que emita gases de efecto invernadero.
¿Qué significa todo? Hospitales. Iglesias. Escuelas. Restaurantes. La EPA ha reconocido que sus regulaciones abarcarán casi 6 millones de nuevas instalaciones. ¡No hay dudas de que esto es una política de mando y control!
Para superar esta inconveniencia, han apoyado al Congreso para que apruebe la legislación del sistema de derechos de emisión para que la EPA deje de estar obligada a regular. Sin embargo, la Administradora de la EPA, Lisa Jackson, declaró “este no es momento de decidir por una cosa o la otra. Es momento de sumar”. Los burócratas de la EPA también han aplicado una regla llamada “a medida”, que tiene por objeto exceptuar a las entidades más pequeñas de esta regulación. De este modo, pareciera que estuviesen infringiendo directamente la Ley de Aire Limpio, al aumentar el umbral de emisiones de 250 a 25,000 toneladas anuales.
¿Por qué los grupos ambientalistas que creen que el calentamiento global es una amenaza inminente permitirían que se debilite la Ley de Aire Limpio por decreto ejecutivo? Por dos motivos.
El primero, la regulación de las entidades más pequeñas es algo enorme. La EPA estima (en la página 257) que estas entidades pequeñas incurrirán en más de $55 mil millones de costo, si no se aplica la regla “a medida”. El plan de los ambientalistas a menudo entra en conflicto con los empresarios estadounidenses, pero $55 mil millones es una agresión indiscutida. Los ambientalistas son lo suficientemente inteligentes como para evitar esta lucha, por ahora.
En segundo lugar, los ambientalistas también entienden que estas entidades finalmente estarán exactamente cubiertas por ese estilo de mando y control debatido por el funcionario anónimo. De hecho, el mismo documento de la EPA detalla los $55 mil millones como un “alivio a la carga normativa propuesta por esta regla (a medida)” y especifica que son para “fuentes sin cubrir durante la primera fase”. Los ambientalistas tienen pleno conocimiento de que esto es un primer paso.
Los estadounidenses no aceptan los cambios radicales con los brazos abiertos, pero los ambientalistas y sus amigos de izquierda son expertos en obtener beneficios en aumento en todas las áreas de la política pública. Ahora estamos viendo un esfuerzo descarado para avanzar de forma lenta pero segura en la política energética de la nación (y, por ende, en todo lo que usa energía) hacia un sistema de mando y control.
La pregunta real es… ¿los ambientalistas pensaban que nadie se daría cuenta? La profunda arrogancia de los grupos externos (NRDC, Sierra Club, Greenpeace, etc.) que están impulsando las políticas energéticas de la nación es alarmante. Lo que es más alarmante aún para el pueblo estadounidense es que este Gobierno parece estar escuchándolos y muchos miembros del Congreso parecen estar de acuerdo con seguirles la corriente.
No hay dudas de que algunos compañeros como los Senadores Joseph Lieberman (I-CT) y Barbara Boxer (D-CA), los Representantes Rick Boucher (D-PA), Dennis Cardoza (D-CA), John Dingell (D-MI), Collin Peterson (D-MN), Nydia Velázquez (D-NY) y hasta Henry Waxman (D-CA), el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto Peter Orszag y la ex Administradora de la EPA Lisa Jackson han expresado graves inquietudes respecto de las regulaciones de la EPA.
Si los miembros del Congreso estuvieran realmente preocupados por el espectro de las regulaciones de la EPA, podrían obligar a la EPA a abandonar su esquema normativo de varias formas. Una solución directa sería poner en claro que la Ley de Aire Limpio nunca tuvo la intención de regular los gases de efecto invernadero. Otra sería avanzar hacia una resolución de desaprobación, como la delineada por la Ley de Revisión del Congreso. Esto fue lo que se usó para derogar las normas ergonómicas de la época de Clinton en 2001. La Senadora Lisa Murkowski (R-AK) y el Representante Jerry Moran (R-KS) han presentado las resoluciones.
El Consejo de Defensa de Recursos Naturales atacó la resolución tachándola de “irresponsable”. Sierra Club la tildó de “ardid cínico” diseñado para “taparle los ojos a Estados Unidos”. Sugerir que el Congreso no debería revisar el trabajo de cargos no electos es el colmo de la arrogancia. Los estadounidenses nos merecemos algo mejor.
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