Abdón Cifuentes (1835 – 1928) fue miembro del decimonónico Partido Conservador de Chile, fiel adherente a los lineamientos de la Iglesia Católica y el mayor impulsor de la libertad de enseñanza en su época, por la cual trabajó incansablemente hasta que alcanzó la debida preeminencia sobre el “monopolio del Estado docente”. La Constitución Política de la República vigente en la época anotaba que al Estado le correspondía un rol preferente en materia educativa y que era misión del Congreso Nacional edificar el andamiaje idóneo que sustentara el sistema escolar chileno.
En la línea señalada, el año 1860 se promulga la primera ley de instrucción primaria en el país, consagrando al Estado chileno como principal agente educador del país. Este nuevo cuerpo legal formalizaba la función que venía realizando el Estado desde la presidencia de Francisco Antonio Pinto, que es cuando se establece la subvención a la educación administrada tanto privadamente como por el Estado y sus organismos. La ley, además, cumpliendo el mandato de la Constitución Política de la República, promulgada el año 1833, garantizaba la gratuidad de la enseñanza básica, primaria o elemental indexando de aquella manera la responsabilidad fiscal.
El sistema escolar chileno continuaba bajo una estructura centralizada, donde el Estado era el controlador de la actividad pedagógica. El presidente de entonces, el conservador Manuel Montt, defendía la nueva legislación del ramo indicando que la educación gratuita era un derecho y que el Estado tenía el deber de garantizarlo. Ésta era opinión también compartida por la entonces oposición, el Partido Liberal. Sin embargo, el consenso no era tal. Dentro del mismo Partido Conservador existían sectores que entendían que la educación no era un rol para el Estado y lo hacían saber indicando que la educación, al estar inserta entre las funciones del Estado, se convertiría en un monopolio de carácter laico.
Si bien el Partido Liberal entendía que la enseñanza era un rol que debía monopolizar el Estado, el año 1865 no dudaron en apoyar, bajo la presidencia de José Joaquín Pérez, una ley interpretativa de la Constitución que consentía el ejercicio privado del culto por parte de los disidentes. Ello derivó en un incentivo a la apertura de escuelas confesionales, que difundiesen el ideario de religiones distintas a la católica. Con este hecho queda en evidencia, que como señala el argentino Gabriel Zanotti en su libro Humanismo del Futuro, que “la libertad de enseñanza es un corolario de la libertad religiosa”.
Lo aparente del consenso queda definitivamente en evidencia cuando Abdón Cifuentes Espinoza, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública del presidente liberal Federico Errázuriz Zañartu, visa en 1872 un decreto que permite la libertad de exámenes. Con ellol, los colegios administrados por particulares, en su mayoría pertenecientes a la Iglesia Católica, quedan libres de la tutela del Instituto Nacional y la Universidad de Chile, siendo ambas instituciones de educación estatal.
Desde el año 1843 por instrucción del Gobierno, los profesores del Instituto Nacional eran los únicos que tomaban los exámenes de términos de estudio a los alumnos, necesarios para ingresar a la universidad. Aquella situación, señalaba Cifuentes, generaba una serie de abusos por parte de los docentes del Instituto Nacional, aprovechándose de su condición de educadores y evaluadores.
El ministro conservador se refería al contexto de la toma de los exámenes como “la aduana inquisitoria de los estudios” y exponía que monopolizar la enseñanza en manos del Estado es “atribuir a éste su dirección exclusiva, es oprimir a la vez la razón y la conciencia de los ciudadanos”. Cifuentes, al parecer, al igual que Mises, entendía que la primera cosa que necesita un genio es respirar aire libre. Y agregaba:
«El estanco intelectual de Chile, confiado a una sola universidad, la Universidad del Estado, tiene en sus manos el monopolio de las profesiones liberales, el monopolio de los grados universitarios, el monopolio de los exámenes generales y lo que es más inaudito, el monopolio de los exámenes anuales y por medio del monopolio de los planes de estudios, de los métodos de enseñanza, de los textos y de cuanto se quiera; porque aunque la ley consulta la libertad de los métodos y de los textos, esa libertad es una mera burla, desde que en esta materia es un axioma que el dueño del examen es el dueño de la enseñanza, desde que se entrega el examen más insignificante en manos de los profesores del Estado. ¡Nunca se vio despotismo semejante en ninguno de los pueblos de la tierra!».
El decreto visado por Cifuentes conjuntamente señalaba la posibilidad de que cada una de las casi 1,100 escuelas existentes, tuviesen completa libertad pedagógica, en métodos y planes, existiendo en la práctica como única restricción el manejar los contenidos que exigía la Universidad de Chile a fin de poder continuar estudios superiores en sus aulas. Cifuentes actuaba en congruencia a la reforma constitucional del año anterior, modificación que agregó una nueva redacción al Artículo 12 a la carta magna chilena. Ésta garantizaba la libertad de enseñanza, reconocía el derecho de las familias a educar a los suyos en atención a sus convicciones, accediendo incluso a la educación en el hogar.
La situación derivó rápidamente en un acalorado debate público y privado, incluso en graves hechos de violencia. La sociedad chilena, tanto intelectual como política no consentía tal nivel de responsabilidad individual. La denominada «libertad de enseñanza» fue derogada al finalizar el año 1873 y Cifuentes dejó su cargo, siendo el último conservador que tuvo Errázuriz Zañartu en su gabinete.
Cuando el Estado docente amenaza con erigirse nuevamente sobre Chile en el siglo XXI, resulta necesario recordar a quien injustamente se ha olvidado en la historia patria. Abdón Cifuentes se opuso al sistema monopolista de la enseñanza en Chile que con los años se ha convertido, en palabras de Gabriela Mistral, en una especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias.
