Hace poco más de un mes, en un encuentro convocado por una asociación de dueños de escuelas (Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados A.G.), el ministro de Educación Gerardo Varela Alfonso recibió múltiples ovaciones, en atención a su muestra de humildad. El secretario de Estado comenzó su intervención ofreciendo disculpas: “Quiero pedirles perdón por lo mal que los han tratado. Llegaron los tiempos mejores”, fueron algunas de sus freses. Como era esperable, esto provocó airadas reacciones en la izquierda nacional, ejemplo de aquello son las desafiantes términos anotados en su cuenta en Twitter por la diputada comunista Camila Vallejo, quien señaló que las disculpas ofrecidas deberían ser dirigidas a los estudiantes que deben endeudarse para poder estudiar, puesto que el ministro defiende el lucro en la educación.
Las palabras del ministro Varela, por más que incomoden a la izquierda chilena, son un significativo aporte a fin de restablecer los deteriorados lazos de confianza entre el Estado, las familias y las escuelas. Hecho de suma relevancia, puesto que gran parte del alumnado del país asiste a establecimientos educacionales cuya propiedad se encuentra bajo la gestión de organizaciones de la sociedad civil. Si bien los contenidos y metodología de enseñanza junto a las normas que rigen la administración de los colegios, están sometidos al capricho de los gobernantes y legisladores de turno; la implementación de estos diseños creados a mil metros de altura de las aulas de clases, se hallan en manos de privados, convirtiendo a las organizaciones de la sociedad civil en las mayores ejecutoras de las políticas escolares, a cargo de la enseñanza de sobre la mitad de los colegiales del territorio nacional.
En la administración de la socialista Michelle Bachelet, el fortalecimiento de la enseñanza ejecutada por entes fiscales tuvo preeminencia en las políticas aplicadas, lo que se hizo no sólo entregando mayores beneficios a las escuelas estatales sino que también erosionando la función que llevan a cabo los particulares. Las prohibiciones impuestas a este sector fueron severas y desmedidas. La Ley 20.845 estableció un único y centralizado proceso de admisión de estudiantes; eliminó los aportes económicos de las familias a las escuelas de los suyos, lo cual ha provocado una ingente disminución de la inversión privada en el área; impuso determinada constitución jurídica a los establecimientos escolares a fin de eliminar el retiro de utilidades; obligó a la realización de onerosas operaciones financieras como lo es la compra del terreno donde funcionan las escuelas; y restringió enormemente el establecimiento de nuevas instituciones educativas.
En este escenario, el discurso del ministro Varela es muy valioso. Por eso no resulta extraño el respaldo obtenido en aquella instancia de encuentro, en la que además destacó lo relevante de entregarles a todos los alumnos del país un servicio de educación de calidad, independiente de quien sea el dueño de la escuela donde asisten, ya que lo principal es la calidad del servicio educacional que se da.
El proceder del ministro Varela constituye un granítico testimonio de que la presente administración —a diferencia de la anterior donde la cultura de la exclusión fue característica— posee un sello de unidad, que se alinea con una visión de la sociedad en la que lo público no se restringe puramente al ámbito estatal y que aprecia la contribución que hacen las personas a forjar los altos destinos del país.
