A comienzos del gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera se implementaron los denominados Liceos Bicentenario. Es una serie de establecimientos escolares de alta exigencia, con equipos docentes altamente capacitados y directivos comprometidos con el cumplimiento de una lista de objetivos y claros estándares establecidos a través de la firma de un convenio a 10 años entre cada unidad académica y el Ministerio de Educación.
El entonces ministro de educación Joaquín Lavín Infante, en el mes de septiembre del 2010 daba a conocer los primeros 25 liceos de los 60 proyectados. Entre estas instituciones hay unas administradas por entes privados y otras por municipios. El objetivo de estos nuevos establecimientos era ofrecer opciones de calidad a la mayor cantidad de alumnos posibles. Este objetivo se cumplió desde sus inicios. Así en la actualidad los alumnos que asisten a dichos liceos han obtenido algunos de los más altos puntajes en las dos pruebas estandarizadas chilenas, a saber: Simce y PSU. Al finalizar el gobierno de Piñera ya se había cumplido la meta y Chile contaba con 60 nuevos liceos de excelencia, los cuales en su mayoría atienden a educandos altamente vulnerables.
Sin embargo, los resultados obtenidos por estos colegios no han sido suficientes para aplacar los antojos ideológicos del gobierno izquierdista de Michelle Bachelet y la coalición de partidos que la apoyan, quienes se han propuesto acabar con una iniciativa que efectivamente ha cumplido con los anhelos de muchas familias chilenas de tener una educación de calidad al alcance de todos, independientemente de los recursos económicos que se tenga.
Ocurre que la izquierda jamás ha creído en el mérito y el esfuerzo personal como elementos de apalancamiento del crecimiento y la superación. Por eso acostumbra a desacreditar falazmente aquellos conceptos y políticas que en ellos se basan. En el caso de los Liceos Bicentenario, se debe sumar que se trata de un proyecto impulsado por el político y empresario de derecha Sebastián Piñera, lo cual los ha convertido en el blanco favorito de la izquierda chilena. Ya en octubre del año 2013 en plena campaña electoral, la entonces candidata Michelle Bachelet se sinceró en el canal de televisión estatal TVN expresando que ni ella ni su equipo de expertos estaban de acuerdo con los Liceos Bicentenario. Lamentablemente lo anterior no fue una simple opinión. Por el contrario fue un lineamiento que se ha materializado en distintas acciones del gobierno. Así, por ejemplo, el presupuesto de la nación para el año 2015 no contempló recursos para aquellos liceos, eliminando de esa forma la instalación de nuevas unidades académicas comprometidas con la calidad.
Otra medida que aprobó el gobierno de Bachelet fue la prohibición de la selección en los sistemas de admisión escolar. Si bien muchos de los Liceos Bicentenario no seleccionan a sus alumnos, al encontrarse aquella posibilidad segada, se les quita a las familias con alumnos sobresalientes una válida herramienta para acceder a dichas escuelas en caso de que éstas tengan una demanda superior a su oferta.
Y lo más reciente ha sido el dictamen de un reglamento por parte del Ministerio de Educación, en el cual se establecen una serie de suspicaces condiciones a fin de que una unidad académica pueda ser catalogada legalmente como de excelencia, independientemente de los resultados académicos de sus alumnos. La condición más curiosa es una que se refiere a la antigüedad de los establecimientos, instituyendo que una escuela podrá ser catalogada como de excelencia solo si tiene como mínimo 30 años de existencia.
El criterio utilizado por el Ministerio de Educación al realizar el reglamento aludido resulta bastante curioso, sobre todo si tenemos presente la Ley N° 20.529 que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación, la que indica en su artículo 12 que el Estado al evaluar el desempeño de las escuelas deberá considerar el cumplimiento de ciertos estándares de aprendizaje de los alumnos y de otros indicadores de desempeño. Cabe señalar que la ley en su artículo 6 indica taxativamente cuáles son aquellos indicadores de desempeño y que en ninguna parte de su articulado se señala la antigüedad del establecimiento como elemento a considerar en la evaluación de su calidad o excelencia.
Bachelet y sus adeptos han orquestado una serie de iniciativas orientadas a hacer desaparecer el legado en educación del presidente Piñera, atropellando de paso a miles de familias que desean que en Chile exista una sociedad que entregue un granítico testimonio de igualdad de oportunidades, que recompense el esfuerzo individual, donde la educación sea un poderoso vehículo de movilidad social y el mérito algo real. El gobierno al hacer uso y abuso de sus atribuciones no solo deja en evidencia su sesgo ideológico sino que también que para sus personeros el odio importa más.
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