El partido gobernante en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (CNA), quiere cambiar la Constitución para permitir la expropiación de tierras en manos de la población blanca sin necesidad de compensación. Sin embargo, el gobierno que preside Cyril Ramaphosa quiere incluso anticiparse a su aprobación.
Según informa el periódico local City Press, dos granjas de caza situadas en el norte del país han sido las primeras en sufrir la nueva política confiscatoria del Estado. Tras meses de negociación con las autoridades para proceder a su compra, los propietarios recibieron una carta a principios de año en la que se advertía de que se procedería a la «entrega de llaves» del terrenos en cuestión, a pesar de la petición del dueño de recurrir a los tribunales para evitar el desalojo, solicitud que fue denegada. Mientras los propietarios reclamaban 18.7 millones de dólares para vender la finca, el gobierno ofrecía 1.87 millones, diez veces menos.
Lo que hace inédito ete caso es que, de consumarse, sería la primera vez que el gobierno niega la posibilidad al propietario de acudir primero ante el Tribunal de Reclamaciones de Tierras, como exige la ley. Desde el final del apartheid en 1994, Sudáfrica fijó un sistema de «vendedor voluntario, comprador voluntario» para redistribuir las granjas de los blancos entre la población negra. Pero, hasta ahora, este proceso se desarrollaba en base a reglas de mercado: el gobierno hace una oferta y si el vendedor acepta se procede a la venta, previo pago del precio acordado. Pero en este caso, ante la imposibilidad de acuerdo, el Ejecutivo pretende llevar a cabo la expropiación de forma unilateral, en contra de la voluntad de los legítimos propietarios y sin posibilidad de recurrir a las instancias correspondientes, inaugurando así la temida confiscación de tierras sin compensación que se pretende elevar a rango constitucional.
El nefasto precedente de Zimbabue
Este tipo de acciones están disparando el temor de granjeros e inversores. No en vano, supone un ataque directo a los derechos de propiedad. En Zimbabue, las violentas confiscaciones de tierras impulsadas por el régimen comunista de Robert Mugabe en la década de los 90 sumieron al país en una espiral de decadencia de la que nunca se ha recuperado, hasta el punto de sufrir una histórica hiperinflación.
«Los mercados son sensibles a todo lo que sea percibido como zimbabuificación en la reforma agraria», según el analista Henrik Gullberg. De hecho, muchos granjeros blancos están desesperados por vender sus tierras antes de que se proceda a las incautaciones anunciadas por Ramaphosa, pero no encuentran compradores. Además, el presidente del CNA, Gwede Mantashe, intensificó aún más el pánico hace escasos días tras señalar que nadie debería poseer «más de 25,000 acres de tierra», avanzando que si se supera ese límite el gobierno podría expropiar sin derecho alguno a compensación. Este anuncio fue duramente criticado tanto por los agricultores blancos como negros, dado que estos últimos, si bien todavía son minoritarios, también poseen amplios terrenos.
Según una auditoría gubernamental realizada en 2017, el 72% de las tierras agrícolas privadas del país están en manos de los blancos, cuya población ronda los 4.6 millones, el 8.9% del total. Por el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha mostrado su preocupación por la preocupante deriva que está adoptando Sudáfrica.
