¿Por qué, tras jurar sobre la Biblia y la Constitución, los políticos -con la mano en el corazón-, habiendo prometido al electorado que cumplirán con ellos, luego les roban sin remordimiento, se autoadjudican privilegios y elevados ingresos, disparan los déficits y la deuda, reconociendo incluso que todo ello será pagado por la misma gente que los votó?
Las razones de esta tendencia se rastrean en que, en todas partes, los gobernantes buscan maximizar sus propios intereses y no precisamente los de la ciudadanía -como usualmente e ilusamente algunos siguen creyendo; con el agravante que, de ese modo, subestiman a la población, al considerarse como los únicos que saben lo que se debe hacer.
Subestimar nunca ha sido buen consejero, ni en las relaciones personales, así como tampoco lo es en la guerra y en la mismísima política. Subestimar es considerar a los demás por debajo de lo que realmente son. Aún aquellos que reniegan de lo que es la política y lo que implica, resulta que la misma -mediante los respectivos cuerpos colegiados- tienen consecuencias sobre la vida, la libertad y la propiedad de cada individuo.
Si se sigue considerando que el ejercicio de la política se lleva a cabo únicamente cada cinco años al momento de hacer uso del voto, entonces no debería extrañarnos que los políticos subestimen cada vez más a la población y que ésta repudie a la democracia constitucional, conforme no le proporciona soluciones ni respuesta alguna. Esto es un error; las causas de la decepción son otras.
La política no se limita al espacio de interés de los partidos políticos; es un espacio para que el ciudadano común de la calle entienda de lo importante que resulta su participación para construir una ciudadanía más educada, crítica y vigilante de lo que hacen sus dirigentes que están ocupando un cargo en el Estado.
Lo pesadilla en una sociedad se instala con una ciudadanía desinteresada y alejada de lo que dicen y hacen sus políticos, aún cuando lo que digan y hagan se acerque a las mejores intenciones. Cuando esto sucede, los dirigentes encuentran el espacio suficiente para seguir avanzando sobre la libertad y la propiedad de los individuos. Este escenario, amén de peligroso, es un error no imputable precisamente a los políticos, sino a la ciudadanía, pues ésta considera no les afectará tanto lo que aquellos deciden por ellos. La realidad es bien diferente. Y no hay que olvidar que en muchas instancias, la Corte Suprema, máximo órgano jurisdiccional, así como la propia administración de justicia, se encuentran dependiente de los intereses que los políticos defienden para sí.
La principal valla republicana en contra de cualquier forma de autoritarismo es otra, y está en la Constitución basada en la filosofía de la libertad; pero la misma, se convierte en una mera declaración sin hombres y mujeres críticos, vigilantes y participativos que se expresen en las calles y en lugares que sea necesario por un país en el que los políticos, del sector que provengan, no sigan subestimándolos -teniéndolos a menos.
Cuánta razón tenía Thomas Jefferson, uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, al pronunciar su memorable frase: ‘El precio de la libertad es la eterna vigilancia‘.
