La mayoría de americanos no espera que el gobierno federal se mantenga por completo fuera de sus vidas.
Lo que esperan es una intromisión mínima: Dejar que Washington sea el último recurso, ése al que recurran sólo cuando realmente no puedan idear ninguna otra alternativa.
Dado nuestro ingenio, eso debería ser una rareza. Como observó Alexis de Tocqueville, escritor político francés del siglo XIX:
Al ciudadano de Estados Unidos se le enseña desde su más tierna infancia a confiar en sus propios esfuerzos para oponerse a los males y dificultades de la vida: contempla la autoridad social con una mirada de desconfianza e inquietud y sólo reclama su ayuda cuando es completamente incapaz de avanzar sin ella.
La autosuficiencia caracterizó a los primeros pobladores en este país y la Constitución de Estados Unidos ejemplificó ese espíritu al crear un gobierno federal con poderes separados y limitados — lo suficientemente fuerte como para representar una nueva nación ante el mundo, pero lo suficientemente débil como para permitir prosperar a los estados y a los individuos.
El Artículo I, Sección 8, establece los poderes específicos conferidos al Congreso. Abarcan desde la recaudación de impuestos federales y la regulación del comercio interestatal hasta armar ejércitos para la defensa nacional y declarar la guerra.
Entre los poderes se incluyen el poder de hacer todas las leyes «necesarias y apropiadas» para ejecutar cualquier poder constitucional — una manera de adaptar esos poderes al cambio de los tiempos. El resultado ha sido cada vez más leyes federales, que se pueden apilar tan alto como el Monumento a Washington.
En términos generales, la Constitución de Estados Unidos es una maravilla de principios y moderación, una brújula única diseñada para mantener a la nación apuntando en la dirección correcta así como estable frente a desconocidos cambios en el futuro.
Pero si revisamos el ímpetu original de la Constitución —la necesidad de preservar la independencia y la autosuficiencia americanas — nos damos cuenta de que lo que no dice el documento no es menos importante que lo que sí dice.
Por ejemplo, no menciona actividades como la educación, la atención médica y la seguridad de la jubilación. Éstos y otros temas afectan la autosuficiencia de forma profunda.
Los Fundadores los excluyeron de la Constitución casi con toda seguridad porque, en ese momento, la mayoría de americanos pensaba que esos temas no eran asunto del gobierno federal y que los individuos se encargaban mucho mejor de esos asuntos.
Cuando se rompe esta importante separación de las funciones federales y locales, comienzan los problemas. El mal estado de nuestro sistema escolar es un clásico ejemplo.
Desde 1965, el gobierno federal se ha gastado más de 2 billones de dólares (ajustados por la inflación) en la educación K-12, según el testimonio de Andrew Coulson ante el Comité de la Cámara para Educación y Fuerza Laboral.
¿No debería ser el lógico resultado todo tipo de maravillas en avances académicos en las escuelas de Estados Unidos?
No ha funcionado de esa manera. Desde 2012, los totales de los exámenes de los escolares americanos han caído de forma constante en comparación con Gran Bretaña, Japón, Holanda, Singapur y la mayoría de las naciones industriales.
En 2015, por ejemplo, Estados Unidos estaba en el puesto 35 en matemáticas, frente al puesto 28 apenas unos cuantos años antes, quedándose detrás de la Eslovaquia, Hungría y Lituania.
En otras palabras, parece que la educación se ubica entre los agujeros negros del gasto federal.
La existencia del Departamento de Educación es prueba de que el bajo rendimiento educativo es un problema nacional que millones de americanos anhelan resolver.
Pero eso no lo convierte en un asunto federal. Porque también hay pruebas de que los burócratas federales no tienen casi ninguna posibilidad de realmente resolver esos problemas.
Claro que es impracticable exigir que el gobierno federal se retire de inmediato de la educación, la atención médica y todas las otras áreas en las que su vasta participación está presente — de forma claramente inconstitucional en la mente de muchos conservadores,
Es demasiado tarde, y políticamente imposible, para tratar de echarle llave a la puerta del establo. Los intrusos ya están dentro, actuando como dueños.
Pero podemos, y debemos, tratar de mantener a los caballos restantes bajo control local. Con paciencia, persistencia y participación ciudadana, incluso debería ser posible recuperar algunos de los caballos robados y ayudar a restablecer el papel adecuado del gobierno federal.
© The Washington Times (Versión en inglés) | © Libertad.org (Versión en español)