Cuando la mayoría de la gente piensa en los Fundadores y la economía, salen a relucir dos mitos comunes. El primero es que los Fundadores discrepaban vehemente sobre la economía y, por lo tanto, no alcanzaron ningún consenso sobre el tema. Este desacuerdo es evidente en el famoso intercambio de opiniones entre Alexander Hamilton y Thomas Jefferson sobre si la economía americana debería basarse en la agricultura con el fin de autoabastecerse o en un imperio comercial manufacturero. El segundo mito es que los Fundadores vieron un papel pequeño o casi inexistente del gobierno en la economía, en otras palabras, que practicaban puristamente la teoría económica del laissez-faire.
De hecho, Jefferson y Hamilton discrepaban fuertemente sobre algunos temas económicos, pero compartieron principios comunes con respecto a lo fundamental de la política económica. En segundo lugar, los Fundadores vislumbraban un papel vital del gobierno en la economía –no confiando en expertos para regular al detalle el uso de la propiedad y para propiciar la masiva redistribución de la riqueza– sino para establecer y mantener las protecciones básicas del Estado de Derecho.
A pesar de las vehementes peleas por la política a seguir, Thomas G. West afirma que los Fundadores mantuvieron un “consenso tanto en los principios como en las líneas principales de política económica que el Estado debería seguir”. Y destaca tres principios fundamentales de la teoría económica compartida por los Padres Fundadores americanos: La propiedad privada, el libre mercado y la moneda fuerte.
La propiedad privada depende del Estado para definir quién posee qué a través de títulos de propiedad, para permitir que el dueño utilice esa propiedad y para evitar que otros (incluyendo al mismo Estado) violen los derechos de la propiedad. El libre mercado significa que “todos deberán ser libres de vender cualquier cosa a cualquier persona en cualquier momento a cualquier precio mutuamente convenido”. A tal efecto, los estados deben hacer cumplir los contratos, excepto bajo ciertas limitadas excepciones y proporcionar los medios disponibles de transporte para todo tipo de intercambio. Una moneda fiable es necesaria para facilitar todas estas transacciones.
A partir de estos tres principios de economía surgen varias implicaciones de política de acción. Por ejemplo, el Estado debería promover la propiedad privada; debería protegerla del abuso de otra gente, de naciones extranjeras y del Estado mismo; y debería evitar que haya monopolios. El Estado también tiene algunos poderes enumerados para restringir el uso de la propiedad privada, incluyendo promulgar regulaciones locales en pro de la salud, la seguridad y la moral, así como gravarla hasta un cierto límite.
En la actualidad, el Estado se ha descarriado de la senda económica de los Fundadores y varias de las implicaciones de política de acción marcadas por los Fundadores están en conflicto con la praxis moderna. Por ejemplo, los reguladores federales, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS) restringen seriamente el uso de la propiedad privada. Grandes extensiones de los estados del Oeste están designados como terrenos públicos. El Estado no promueve la propiedad privada de esta tierra porque ahora “se presume [que el Gobierno] sabe mejor cómo usar la propiedad privada”. El criterio de los Fundadores acerca del Estado como protector de los derechos del pueblo y de su propiedad personal ha sido suplantado con un Estado que confisca o redistribuye la propiedad privada.
A pesar de las cada vez más invasivas regulaciones gubernamentales, la libertad de mercado no se ha perdido y los estatistas modernos no han podido eliminar el espíritu americano de iniciativa empresarial. La generación que fundó el país demostró que, a pesar de todo, llegar a un acuerdo sobre los fundamentos de la teoría económica no impide el debate sano, impetuoso sobre específicas acciones políticas . Afortunadamente, parece que ese debate podría estarse encauzando en favor de la libertad económica.
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